Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Mayo de 2022, expediente FCB 012223/2020/2

Fecha de Resolución24 de Mayo de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 12223/2020/2

doba, 24 de mayo de 2022.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "Incidente de excarcelación de LEAL, C.C.A. por FALSIFICACIÓN DE MONEDA" (FCB 12223/2020/2/CA2), venidos a conocimiento de la Sala B de esta Cámara Federal de Apelaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Oficial, Dra.

M.C. en ejercicio de la defensa técnica de C.C.A.L., en contra de la resolución dictada con fecha 14.3.2022 por el Juez Federal n° 2 de Córdoba, en cuanto dispuso: “RESUELVO:

  1. DENEGAR EL

    BENEFICIO DE EXCARCELACION de C.C.A.L.,

    ya filiado en autos, de conformidad a lo prescripto por los arts. 316 a contrario sensu, 319 del CPPN. y arts.

    221 y 222 del CPPF...”.

    Y CONSIDERANDO:

  2. Llegan los presentes autos a conocimiento de esta Alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Oficial, Dra. M.M.C., en contra de la resolución dictada por el Juez Federal N° 2 de Córdoba que fue precedentemente transcripta.

  3. Para así decidir, el Magistrado sostuvo, que el riesgo procesal que fuera analizado en oportunidad de denegar el beneficio de excarcelación aún subsiste, al menos, en lo que atañe a la posibilidad de que el imputado Leal pueda fugarse ante la amenaza de la posibilidad de aplicación de una pena de cumplimiento efectivo, en caso de recaer condena.

    Señala que en el caso concreto, la escala penal aplicable al hecho que se le atribuye al encartado L.,

    que comprende los delitos previstos y penados por el art.

    Fecha de firma: 24/05/2022

    Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

    Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #36062327#326660150#20220524110950944

    210 del C.P., oscila entre tres y diez años de prisión, en concurso real con expendio de moneda extranjera falsa previsto en el art. 282 en función del 285 del C.P., cuya escala penal va desde los 3 años de prisión a 15 años, en concurso real con el delito previsto por el art. 277 inc.

    1c, 3b y c del C.P., cuya escala penal va desde 1 año a los 6 años (escala agravada), en principio, tornaría improcedente el beneficio solicitado a la luz del arts.

    316 del CPPN.

    Manifiesta, asimismo, que en caso de recaer condena, la misma debería ser de aplicada de manera efectiva en virtud de los antecedentes computables que ya han sido verificados, conf. art. 319 del CPPN. (ver fs.

    3/10 del presente para agregar).

    Expresa el instructor, que el peligro de fuga,

    no ha sido soslayado por el Sr. Agente Fiscal toda vez que impone al imputado, en su presentación, una caución real de $ 100.000.

    En este acontecer, es que el señor Magistrado,

    hace referencia al nuevo art. 210 del Código Procesal Penal Federal, que establece distintas medidas de coerción con el fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, apuntalando su postura, en un voto de la Sala B de esta Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en el cual el Dr. A.S.T., sostuvo que “… No obstante ello, estimo pertinente destacar que la normativa vigente considera no vinculante al dictamen del Ministerio Público Fiscal y que “al presente el sistema que rige no es el acusatorio sino el mixto, y que, con la vista al fiscal, cualquiera sea su opinión, se ha satisfecho el principio contradictorio (CFCP, Sala III CFP9074/2018/TO1/6/CFC2,05.05.2020),

    citado en Expte. FCB 48843/2018/1/20CAB.

    Fecha de firma: 24/05/2022

    Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

    Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #36062327#326660150#20220524110950944

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    De este modo, sostiene que subsiste el riesgo de que en caso de recuperar la libertad, el imputado pueda entorpecer los fines del proceso ante la subsistencia del peligro procesal de fuga, por lo que corresponde denegar el beneficio peticionado de conformidad a lo prescripto por los arts. 316 a contrario sensu y 319 del CPPN y arts.

    221 y 222 del CPPF.

  4. Contra lo dispuesto, la Defensora Pública Oficial, Dra. M.C., interpuso recurso de apelación.

    En su líbelo recursivo, se agravia por entender que la resolución no cumple con lo establecido en el art.

    123 del CPPN y no respeta la normativa actual en materia de medidas de coerción personal, afectando en consecuencia no sólo el principio de legalidad, sino también las normas del debido proceso, acusatorio y los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la decisión adoptada.

    Advierte que el magistrado realiza una interpretación errónea sobre de la ley de fondo y de forma en lo que hace a las medidas cautelares en el proceso penal, con la consecuente aplicación en sentido contrario.

    Señala que ha actuado sin jurisdicción, de oficio, ya que ha sido el propio titular de la acción penal quien solicitó la excarcelación de su asistido por entender que no subsisten los requisitos para mantener la detención.

    Manifiesta que el Instructor divide a los delitos en “excarcelables” y “no excarcelables”, aun cuando dicho criterio ha sido abandonado desde hace años por los máximos tribunales del país, y definitivamente dejado de lado por la entrada en vigencia del CPPF en esta materia.

    Fecha de firma: 24/05/2022

    Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

    Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #36062327#326660150#20220524110950944

    Sostiene que la resolución está sustentada en afirmaciones puramente dogmáticas, sin vinculación con la situación personal y procesal de su asistido.

    Expresa, que al resolver el Inferior rechaza la posibilidad de aplicar medidas alternativas menos gravosas contenidas en el art. 210 del CPPF (por ej., la caución real propiciada por el MPF), sin dar ninguna explicación al respecto. F. reserva del Caso Federal.

  5. Ante esta Alzada, la señora Defensora Pública Oficial, Dra. M.C., informó en tiempo y forma en los términos del artículo 454 del CPPN, a cuyos argumentos se remite por cuestiones de brevedad (fs.

    95/103).

    V.E. las actuaciones en condiciones de ser resueltas, se sigue el orden de votación que surge del certificado actuarial obrante a fs. 108.

    La presente resolución, es emitida por los señores jueces que la suscriben, en virtud de lo dispuesto por el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional.

    El señor Juez de Cámara, doctor A.G.S.T.,

    dijo:

  6. De manera preliminar, corresponde expedirse sobre la alegada ausencia de fundamentación expuesta por el recurrente.

    En el punto, debo señalar que de una lectura minuciosa del auto de mérito recurrido se advierte que el Instructor ha brindado argumentos en apoyo de su razonamiento, ello sin perjuicio de que no sean compartidos por el recurrente.

    En efecto, repárese que para poder sostener la arbitrariedad por falta de motivación no basta disentir exclusivamente con la valoración efectuada por el Juez,

    sino que debe demostrarse que aquél se ha apartado de las Fecha de firma: 24/05/2022

    Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

    Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #36062327#326660150#20220524110950944

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    reglas impuestas en el código de rito, incurriendo en ausencia de fundamentación suficiente o adoptando conclusiones que no resulten derivación razonada del derecho vigente.

    En el caso concreto, aunque la parte recurrente no comparta las conclusiones arribadas, en la resolución recurrida se ha realizado un análisis de las constancias de la causa y brindado argumentos en base a los cuales el Juez interviniente adoptó la decisión cuestionada,

    excluyendo así la tacha de arbitrariedad derivada del vicio alegado, sin perjuicio de la posibilidad de las partes de disentir.

    De tal modo, considero que no corresponde dar cabida favorable al cuestionamiento formulado en este sentido, por cuanto deriva del disenso respecto del decisorio adoptado por el Instructor y la motivación en que éste se funda.

  7. Corresponde ahora analizar el caso concreto,

    a fin de determinar la procedencia o no del pedido de excarcelación y prisión domiciliaria en subsidio solicitado por la Defensoría Pública Oficial en favor de C.C.A.L.:

    1. DEL MARCO NORMATIVO

      En atención a la cuestión traída a estudio en el presente, estimo conveniente traer otra vez a colación la postura e interpretación asumidas por el suscripto en torno al encarcelamiento preventivo desde el fallo “BOTTERI, R.R.” (Lº 268, Fº 109), del 05.07.2007, en adelante (puede consultarse, en tal sentido “GAUNA,

      A.” —L° 270 F° 85—; “PIETROBÓN, A. —L° 272 F° 8—).

      De manera preliminar, se estima de interés abordar la cuestión con un análisis de las normas que en el Fecha de firma: 24/05/2022

      Código Procesal Penal de la Nación contemplan la Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

      Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #36062327#326660150#20220524110950944

      eximición de prisión

      , advirtiendo entonces que el principio rector en la materia es el de la libertad del imputado en el proceso, admitiendo restricciones en los casos expresamente contemplados, tal como puede leerse en el dispositivo del art. 280 del Código de Rito.

      Sobre esa base, bajo el título “Exención de prisión. Procedencia”, el artículo 316 del Código de Forma establece que “Toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre y hasta el momento de dictarse la prisión preventiva, podrá, por sí o por terceros, solicitar al juez que entienda en aquélla su exención de prisión. El juez calificará el o los hechos de que se trate, y cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho (8) años...

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