Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 2 de Junio de 2023, expediente CNT 051032/2022/2

Fecha de Resolución 2 de Junio de 2023
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO

SALA V

Expte. Nº CNT 51032/2022/2

Expte. Nº CNT 51032/2022/2

SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº52422

Incidente en AUTOS: “MAGLIOCCHI, B.H. Y OTROS C/

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS S/ DIFERENCIAS DE

SALARIOS” (JUZG. Nº 32)

Buenos Aires, 2 de junio de 2023.

VISTO

Y CONSIDERANDO:

  1. ) Contra la sentencia interlocutoria dictada en origen con fecha 23 de febrero de 2023 mediante la cual fue rechazada la medida cautelar peticionada por los accionantes, éstos interpusieron recurso de apelación mediante presentación digital de fecha 1/3/2023, que fue desestimado en origen por considerarlo extemporáneo. Ello motivó el recurso de queja articulado por aquéllos, que fue acogido favorablemente por este tribunal mediante sentencia interlocutoria Nº 51925 dictada en el incidente homónimo N° 51032/2022/1/RH1 el día 20/3/2023.

  2. ) Para decidir como lo hizo la Sra. magistrada de la anterior instancia consideró, por una parte, que la cautela procurada en la causa evidenciaba coincidencia sustancial con el objeto principal de la acción; por otra parte, que no se encontraba cumplido en el caso el recaudo de procedencia de medidas cautelares que exige el art. 14

    de la ley 26854 en su inciso c), referido a que el incumplimiento del deber normativo a cargo de la demandada ocasione perjuicios graves de imposible reparación ulterior, dado que las alegaciones y elementos acompañados no lograban evidenciar que los peticionarios se encontrasen en una situación tal que no les permitiese su subsidtencia digna mientras se tramitara el proceso; y, por último, que de admitirse la medida pretendida podría verse vulnerado lo dispuesto en el art. 9 de la citada ley que prohíbe dictar medidas cautelares que afecten de cualquier forma los bienes y recursos propios del Estado, pues al alterarse las proporciones actualmente vigentes a los fines de la distribución de los importes a percibir por los accionantes en concepto de honorarios propios derivados de las ejecuciones fiscales en las que hubieran intervenido,

    considerando que se trata de fondos provenientes exclusivamente de terceros, se verían disminuidos en la misma magnitud los importes a distribuir entre los otros beneficiarios,

    lo que podría implicar eventualmente una reducción salarial jurídicamente objetable a aquellos trabajadores, con la responsabilidad estatal consecuente.

    1

    Fecha de firma: 02/06/2023

    Firmado por: G.D.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA

    Tal decisión motiva la crítica recursiva de los accionantes, quienes sostienen que resulta erróneo desestimar una medida cautelar porque se confunda con la resolución de fondo, sino que en estos casos resulta necesaria una verosimilitud del derecho calificada tal como sostuvo el Sr. Fiscal de primera instancia en el dictamen cuyos fundamentos transcriben parcialmente. Afirman que en el supuesto de marras no se está frente a una verosimilitud del derecho sino a una certeza de derecho, pues se debe aplicar la normativa de honorarios vigente de conformidad con lo dispuesto en el art. 92

    de la ley 11683 en su parte pertinente. Cuestionan además que no se haya valorado que la falta de aplicación de una ley vigente determina un perjuicio salarial actual a los reclamantes y otro irremediable al Estado Nacional, ya que conforme el principio cancelatorio del pago, todos los contribuyentes que cancelen por la normativa de estimación administrativa fundada en la derogada ley 21839, no van a contribuir nuevamente con el pago mal realizado. Cuestionan la falta de análisis de los fallos citados en apoyo de su postura y de la discriminación salarial sufrida por los accionantes. Reiteran la contracautela juratoria oportunamente ofrecida.

    Delineados de este modo los agravios y dentro de los límites que impone el marco recursivo en análisis, el tribunal adelanta que la solución adoptada en la sede de grado será confirmada.

    En efecto, ello es así pues los actores -abogadas y abogados representantes del fisco de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) -

    iniciaron la presente demanda con el objeto de obtener el pago de las diferencias salariales adeudadas con motivo de la aplicación ilegal de la Disposición 271/2019 AFIP

    y del incumplimiento a la ley N° 27423, y el reclamo por la discriminación sufrida en el rubro honorarios propios por parte de la empleadora. Denunciaron que el organismo accionado, en forma totalmente ilegal, omitió adecuar su estimación administrativa a la nueva ley de honorarios profesionales, pese a que claramente el art. 98 de la ley 11683 la obliga a hacerlo.

    Solicitaron, además, una medida cautelar para que la AFIP estime administrativamente los honorarios generados en ejecuciones fiscales conforme a las disposiciones de ley 27.423, incluida la obligación de fijar el honorario mínimo en la suma de 6 UMA fijado por el art. 54 de la citada norma legal. En subsidio, peticionaron que se condene a la demandada a aplicar todos los aumentos salariales dispuestos en el art. 14 de la Disposición 439/2005 (honorarios propios), aplicados en forma acumulativa y no mediante la mera suma aritmética de los porcentajes otorgados, y, por último, que se disponga el fin de los descuentos efectuados por aplicación de la Disposición 271/2019.

  3. ) Delimitado el marco fáctico de análisis de la viabilidad...

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