Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA CIVIL 3, 15 de Marzo de 2023, expediente FRE 003523/2020/1/2/CA001

Fecha de Resolución15 de Marzo de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA CIVIL 3

Poder Judicial de la N.ión CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

3523/2020

Incidente Nº 2 - ACTOR: M., C.M.G.

DEMANDADO: SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL -ESTADO

NACIONAL- s/INC APELACION

Resistencia, 15 de marzo de 2023.-

VISTOS:

Estos autos caratulados “INC APELACION EN AUTOS: M., CLAUDIO

MAURICIO GUSTAVO C/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL ESTADO

NACIONAL S/ SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD”, E..

FRE 3523/2020/1/2/CA1, procedentes del Juzgado Federal N° 2 de Formosa;

Y CONSIDERANDO:

  1. Que la Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar

    solicitada por el actor. Dispuso que se incorpore al haber mensual la suma de pesos diez mil

    quinientos cincuenta y seis con setenta y cuatro centavos ($10.556,74), suma establecida a

    valores del mes de septiembre del año 2019, la que deberá actualizarse en igual proporción en

    que se actualice el haber mensual. Fijó un plazo de 12 meses a la medida decretada, desde su

    notificación. Todo previa caución juratoria que deberá prestar el accionante, por los eventuales

    daños que la medida pudiere ocasionar, en caso de haber sido peticionada sin derecho.

    Para así decidir, señaló que, aunque la pretensión del actor de suspender

    parcialmente el régimen salarial establecido por el D.. 586/19 resulta jurídicamente

    improcedente, no es posible soslayar los recibos de haberes aportados como prueba, argumento

    con anclaje legal suficiente, que le otorga la verosimilitud en el derecho y justifica el peligro en

    la demora, debido a la notable disminución del haber entre los meses de agosto y septiembre de

    2019.

    Entendió que dicha disminución en los ingresos resulta violatoria de la garantía

    establecida por el art. 9° de la ley 13.018.

  2. D. con dicho pronunciamiento, la demandada interpone recurso de

    revocatoria con apelación en subsidio (23/04/2021).

  3. El recurrente plantea litispendencia. Invoca un proceso cautelar

    (“INCIDENTE Nº 1 EN AUTOS “M.C.M.G. S/ INC.

    MEDIDA CAUTELAR”, E.. N° FRE 8211/2016/1) en el que el juez a quo hace lugar a la

    medida y ordena al SPF que disponga la suspensión parcial de los efectos del D.. 243/15 y, en

    consecuencia, se liquiden los conceptos anteriores a su entrada en vigencia.

    Afirma que la medida fue abonada hasta septiembre 2019, momento en el cual

    comenzó a aplicarse a todo el personal del SPF una nueva estructura salarial conforme D..

    586/2019.

    Fecha de firma: 15/03/2023

    Firmado por: M.D.D., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: P.B.G., JUEZA SUBROGANTE

    Firmado por: M.V.B.Y., SECRETARIA DE CAMARA

    Cita una sentencia de esta Alzada en la que se sostiene que con la aparición del

    D.. 586/2019 y la expresa derogación de los decretos anteriores no procede la incorporación de

    otros rubros (derogados) y que los haberes necesariamente deberán ser liquidados conforme el

    régimen salarial vigente al momento del dictado de la medida.

    Solicita se haga lugar a la excepción interpuesta porque –afirma el actor cobra

    mucho más de lo que percibe cualquier agente del Servicio Penitenciario, a través de una

    resolución judicial que hizo lugar a una medida cautelar incrementando sus haberes mensuales.

    Se agravia además en punto a la vigencia de la medida cautelar. A dichos efectos,

    cita y transcribe el art. 5° de la ley 26.854 que dispone un límite de seis meses y de tres para los

    procesos de conocimiento en el procedimiento sumarísimo y juicios de amparo. Invoca

    asimismo jurisprudencia a efectos de fundar dicho agravio.

    Denuncia la afectación del derecho de defensa en juicio porque el Estado

    N.ional no ha sido oído, por haber omitido el juez a quo dar traslado a la denuncia efectuada

    por la contraria, lo que –sostiene produce un quiebre en el principio de bilateralidad y atropella

    la garantía constitucional del debido proceso legal.

    Opone falta de legitimación pasiva. Destaca que a partir de enero 2020 se

    encuentra a cargo de la Administración de aportes, contribuciones, liquidación y pago de los

    beneficios del personal del SPF la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE

    LA POLICIA FEDERAL (conforme D.. 605/2019).

    Señala que el aquo ha ignorado completamente el interés público comprometido,

    violentando expresas disposiciones de los arts. 4°, 13 inc. 1 apartado d) y 14 inc. 1 apartado d).

    de la ley de medidas cautelares.

    Sostiene que no se encuentran reunidos los requisitos de procedencia y

    admisibilidad de la medida cautelar decretada.

    Que no se sustanció el reclamo administrativo previo.

    Respecto de la verosimilitud del derecho, considera que no se encuentra

    configurada en autos. A dichos efectos cita nuevamente otra sentencia de esta Cámara y afirma

    que la decisión en crisis no brinda razones suficientes que lleguen a dañar la presunción de

    legitimidad con la que cuenta el D.. 586/2019 impugnado por la parte actora.

    Sostiene que la sentencia recurrida impone una obligación de imposible

    cumplimiento para el Estado N.ional quien debe ceñirse al marco normativo vigente.

    Alega que el juez aquo ignora la naturaleza de una obligación que nace a

    instancias de una resolución judicial. Que dicha obligación no se reduce a una prestación

    periódica de dar una suma de dinero, sino por el contrario a una obligación de hacer, consistente

    en liquidar el haber de retiro conforme la interpretación que la sentencia ha realizado del

    régimen aplicable al momento de dictarse pronunciamiento. De esta manera destaca la mera

    afirmación de la reducción salarial no alcanza per se para determinar si hay verosimilitud en el

    derecho.

    Fecha de firma: 15/03/2023

    Firmado por: M.D.D., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: P.B.G., JUEZA SUBROGANTE

    Firmado por: M.V.B.Y., SECRETARIA DE CAMARA

    Poder Judicial de la N.ión CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

    Respecto del peligro en la demora y el carácter alimentario de la cautelar

    solicitada, sostiene que la parte actora no es una persona de edad avanzada, no integra un sector

    socialmente vulnerable, ni se encuentra incapacitado, por el contrario, se trata de una persona

    que recibe un sueldo ($118.692,67) que excede ampliamente el salario mínimo vital y móvil.

    Considera que no puede sostenerse que afecta el derecho alimentario del

    peticionante si lo que se pretende es percibir haberes mayores a los legalmente definidos. Que la

    capacidad para atender adecuadamente los gastos de supervivencia del agente no parece estar

    comprometida con este nivel de ingresos.

    Afirma que la presente medida no nace de una disminución del haber del actor

    que haga peligrar su manutención, ni que ponga en riesgo su subsistencia en desmedro de sus

    necesidades básicas, por lo tanto, no surge claro e inminente el peligro de una daño irreparable.

    Argumenta que el actor podría verse indirectamente enriquecido sin causa.

    Estima que con el reclamo intentado se ve afectado el principio de

    proporcionalidad y estructura jerárquica, que debería existir entre haberes de los agentes

    penitenciarios de acuerdo al grado de revista que ostenta y normativa vigente.

    Plantea Caso Federal. F.P. de estilo.

    Los agravios fueron replicados por la contraria el 23/04/2021 en base a

    argumentos a los que remitimos en honor a la brevedad.

    Recibida la causa, se llamó Autos para resolver el 14/05/2021.

  4. Ahora bien, ingresando al tratamiento de los agravios y en relación a la

    excepción de litispendencia opuesta es dable destacar que la misma es ajena al proceso cautelar,

    toda vez que medidas como la de autos no constituyen un fin en sí mismas, sino que están

    sujetas a la emanación de una ulterior sentencia definitiva, oportunidad en la que deberán ser

    consideradas las defensas opuestas al progreso de la acción.

    Así se ha sostenido que “las providencias cautelares, en razón de su rol

    instrumental, no son definitivas, no causan instancia con relación a las nuevas pretensiones que

    se basan en otra situación fáctica y pueden reverse si las circunstancias del proceso lo exigen. O

    lo que es igual, son siempre interinas, no causan estado y pueden ser modificadas ulteriormente

    o en cualquier momento” (Conf. M.S.B., Códigos Procesales, Ed. Abeledo

    Perrot, 2016, pág. 792).

    Específicamente la jurisprudencia se expidió al respecto "La acumulación de

    procesos, finalidad que persigue la interposición de toda excepción de litispendencia por

    conexidad, sólo puede darse respecto de procesos principales, toda vez que su objeto es evitar el

    dictado de sentencias contradictorias. Por ello, no es posible acumular un proceso principal a un

    incidente por medidas precautorias, pues, dada la provisionalidad de toda medida cautelar, el

    peligro de dictado de sentencias contradictorias debe ser evaluado únicamente respecto de la

    pretensión planteada en el proceso principal, del cual depende el procedimiento cautelar".

    "Zirulnik, P.C. c/ Smolar, J.A. s/ División de Condominio. 27/06/97. C. D019255.

    Cámara N.ional de Apelaciones en lo Civil Sala D.).

    Fecha de firma: 15/03/2023

    Firmado por: M.D.D., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: P.B.G., JUEZA SUBROGANTE

    Firmado por: M.V.B.Y., SECRETARIA DE CAMARA

    Por lo que no procede hacer lugar al agravio en consideración.

    En relación al plazo de la medida decretada, debemos poner de resalto que el art.

    5 de la ley 26.854 invocada por el recurrente establece en su segundo párrafo del art. 5 que: “No

    procederá el deber previsto en el párrafo anterior, cuando la medida tenga por finalidad la tutela

    de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2”. Este último dispositivo a su vez refiere

    a aquellas situaciones que comprendan a “sectores socialmente vulnerables acreditados en el

    proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de

    Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria.” Como vemos, la propia

    ley de medidas cautelares contra el Estado contempla la posibilidad de prescindir de la fijación

    de un plazo determinado de duración, por lo que con sustento en ello, es preciso concluir en que

    el plazo establecido por el a quo en doce...

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