Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 17 de Diciembre de 2021, expediente CAF 003966/2021/2/CA001

Fecha de Resolución17 de Diciembre de 2021
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

3966/2021 Incidente Nº 2 - ACTOR: B., G.E. DEMANDADO: EN - AFIP

- LEY 27605 s/INC APELACION; J.. 12

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2021.-RR

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

Las juezas C.M.d.P. y L.M.H. dijeron:

  1. Que la actora promovió la presente acción declarativa de certeza contra el Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Economía (EN-MECON)

    y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a fin de obtener un pronunciamiento que declare la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 2°,

    1. , 4° y 5° la ley 27.605.

    Sostuvo que esas normas la colocan en la ilegítima obligación de pagar el “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” —que identifica como un impuesto—, en tanto que el cumplimiento de esa obligación:

    i. Implica una confiscación de la renta total que obtuvo en el período fiscal 2020 producto de los bienes gravados por el “aporte” y de los ingresos derivados del trabajo personal, afectándose de esa manera la integralidad de su patrimonio. Ese despojo se agrava aún más si se tiene en cuenta el pago que debe afrontar en concepto del impuesto a los bienes personales.

    ii. Es contraria a los principios constitucionales de capacidad contributiva y de igualdad.

    iii. Supone una modificación retroactiva del impuesto patrimonial que debía pagarse por el período fiscal que cerró el 31 de diciembre de 2019,

    que resulta inoponible, por inconstitucional, a las personas que ya declararon y pagaron el impuesto a los bienes personales en forma previa a la entrada en vigencia de la ley 27.605, según la doctrina del “efecto liberatorio del pago”.

    Fecha de firma: 17/12/2021

    Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

    En ese marco solicitó que se le conceda, hasta que se resuelva definitivamente su pretensión, una medida cautelar que ordene a la AFIP

    (Dirección General Impositiva —DGI) que se abstenga: (a) de iniciar,

    promover o proseguir todo tipo de acción administrativa y/o judicial tendiente a percibir del contribuyente el importe correspondiente al “aporte”; y (b) de trabar por sí, o demandar judicialmente medidas cautelares de cualquier tipo en resguardo de ese supuesto crédito o iniciar a su respecto acciones bajo la ley régimen penal tributario.

  2. Que la jueza de primera instancia rechazó la medida cautelar (ver el pronunciamiento del 22 de septiembre de 2021).

    Para decidir de ese modo, la jueza:

    i. Recordó los presupuestos de procedencia de las medidas cautelares, la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y efectuó una reseña de las normas aplicables al “aporte”.

    ii. De entrada, sostuvo que los requisitos para la admisibilidad de la medida cautelar no se encontraban reunidos.

    iii. En cuanto a la verosimilitud en el derecho, observó que la AFIP-

    DGI (según el informe brindado en los términos del artículo 4 de la ley 26.854) que la petición cautelar impedía el ejercicio de las facultades que le fueron otorgadas por el régimen legal aplicable en la materia, “sin que se observe que la accionante hubiere acreditado (…) efectos perjudiciales concretos en su patrimonio”.

    Advirtió que la admisión de la medida cautelar “implicaría un adelantamiento de la decisión de fondo”.

    Afirmó que “de los hechos relatados por la parte actora se advierte que la ilegitimidad que aduce, en miras a obtener la declaración de inconstitucionalidad perseguida, en base a los derechos que invoca como vulnerados, que, valga recordar, constituye la última ratio del orden jurídico,

    y que tal como ha sido planteada, debe supeditarse a su acabada demostración Fecha de firma: 17/12/2021

    Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

    3966/2021 Incidente Nº 2 - ACTOR: B., G.E. DEMANDADO: EN - AFIP

    - LEY 27605 s/INC APELACION; J.. 12

    en la litis, lo que resulta ajeno al estrecho ámbito de apreciación del remedio preliminar deducido -nótese la prueba informativa y pericial propuestas-”.

    Destacó que la ley 27.605 “con carácter de emergencia y por única vez, dispone como un medio para apaciguar la crisis de la pandemia del COVID-19, el aporte extraordinario cuestionado”.

    Indicó -con remisión a los fundamentos del dictamen fiscal- que el planteo de confiscatoriedad del “aporte” se encontraba sujeto “a rigurosas exigencias de prueba tendiente a poner en evidencia su acaecimiento” y que,

    en tal sentido, “se requiere de una prueba concluyente desarrollada sobre la base de la real situación del contribuyente, y de la realización de una serie de cómputos y pruebas mediante los cuales surja detalladamente las relaciones y variables tomadas en consideración para arribar a un determinado porcentaje,

    que se considere violatorio de su patrimonio en relación con el de la incidencia del aporte sobre la capacidad contributiva manifestada por el contribuyente”.

    Apreció que “en el estado larval del proceso se desprende que la cuestión a debate reviste suficiente complejidad, por lo que ciertamente requiere de una mayor amplitud de debate y/o prueba que excede al estrecho ámbito cognoscitivo del remedio cautelar, y sin que lo aquí a decidir importe en modo alguno adelantar opinión sobre la procedencia de la acción y/o el fondo del asunto, a saber la dilucidación acerca de la naturaleza jurídica del aporte (o sea si es o no un tributo) y su carácter confiscatorio que se reprocha”.

    Acerca del peligro en la demora, aludió a diversos precedentes de la Sala II del fuero y remarcó que, en casos como el presente, frente a la ausencia de presentación de la declaración jurada correspondiente al aporte solidario, “la AFIP deberá, a los efectos de determinar dicho aporte y perseguir el consecuente pago del mismo, recurrir al procedimiento previsto por el art. 16 y concordantes de la ley de procedimientos tributarios”.

    Fecha de firma: 17/12/2021

    Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

    Añadió que “únicamente una vez que, llegado el caso, sea determinado el aporte mediante resolución fundada y hubiera vencido el plazo establecido en dicha resolución determinativa para el pago del mismo (y siempre, en principio, que el accionante no haya deducido el recurso que prevé efectos suspensivos -art. 165 de la ley N°11.683, con el alcance dispuesto por el art. 167 de dicho ordenamiento-), podrá el organismo fiscal acudir a la vía de apremio prevista por la ley N°11.683, a los efectos del cobro compulsivo de dicho aporte solidario”.

    A partir de ese razonamiento, concluyó en que “no se advierte en el sub examine el acaecimiento inminente del inicio del procedimiento compulsivo de cobro por parte del organismo fiscal”, sin que la actora haya aportado “constancia alguna que acredite el inicio, por parte de la AFIP, del procedimiento determinativo previsto por la ley N°11.683”.

  3. Que la parte actora interpuso recurso de apelación y expresó

    agravios que fueron replicados por la AFIP (ver las presentaciones digitales del 24 de septiembre, y 12 y 22 de octubre, respectivamente).

    Las críticas pueden ser sintetizadas de la siguiente manera:

    i. La jueza rechazó la medida cautelar con argumentos abstractos e improcedentes.

    ii. La verosimilitud en el derecho resulta palmaria, en tanto no puede obligársela a soportar el ingreso de una gabela que resulta a todas luces confiscatoria.

    Los elementos aportados demuestran que existe una altísima probabilidad de que su derecho sea real pues, dado el estado procesal actual,

    resulta perfectamente válido que los cálculos se respalden a través de una certificación contable.

    Aun cuando no se considere el importe abonado en concepto de impuesto a las ganancias —y, mucho menos, los gastos mínimos necesarios para la vida del contribuyente y su grupo familiar—, el pago del “aporte”

    necesariamente consume una porción considerable de sus bienes.

    Fecha de firma: 17/12/2021

    Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

    3966/2021 Incidente Nº 2 - ACTOR: B., G.E. DEMANDADO: EN - AFIP

    - LEY 27605 s/INC APELACION; J.. 12

    A lo expuesto se adiciona el hecho de que su patrimonio está

    compuesto principalmente por activos radicados en el exterior, a los que se les debe aplicar una alícuota más alta. Esa situación “genera que contribuyentes con patrimonios inferiores tributen un impuesto superior por el simple hecho de tener activos en el exterior, criterio que se aparta de la razonabilidad y del principio de capacidad contributiva que rige en la materia”.

    iii. La existencia del peligro en la demora es real y no hipotético.

    La AFIP se encuentra con posibilidades de realizar todos los procedimientos tendientes a determinar y cobrar el “aporte”, pues el 4 de mayo de 2021 dio inicio a la fiscalización, mediante la orden de intervención n° 1927728.

    La magnitud de los montos involucrados en el reclamo que podría realizar la AFIP hacen que el perjuicio que se ocasionaría sea de imposible reparación posterior.

    Los mecanismos de impugnación previstos en el procedimiento fiscal para cuestionar una pretensión de la AFIP relativa al aporte (la impugnación ante el Tribunal Fiscal de la determinación de oficio y el juicio de ejecución fiscal), habilitan a ese órgano a cobrar el “aporte” sin una previa revisión judicial del planteo de inconstitucionalidad, dada la limitación de un pronunciamiento del estilo mediante...

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