Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 5 de Abril de 2023, expediente FCT 001418/2020/16

Fecha de Resolución 5 de Abril de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

FCT 1418/2020/16/CA6

Corrientes, cinco de abril de dos mil veintitrés.

Y visto: los autos caratulados “Incidente de Excarcelación de Alegre,

A.D. p/ Infracción Ley 23.737”, E.. FCT N°

1418/2020/16/CA6 del registro de este Tribunal, proveniente del Juzgado

Federal de la Ciudad de Goya (Corrientes).

Considerando:

I Que, ingresan las presentes actuaciones a estudio de este Tribunal,

en virtud del recurso de apelación formulado por la Defensa Pública Oficial,

en representación del imputado A.D.A., contra la resolución

Nº 420 de fecha 2 de noviembre de 2022, en virtud de la cual la juez a quo

resolvió rechazar la excarcelación y las medidas de morigeración en subsidio

solicitadas en su favor.

Para así decidir, tuvo en cuenta la existencia de riesgos procesales

dada la gravedad del hecho y del delito imputado, tenencia de estupefacientes

con fines de comercialización, agravado por la cantidad de intervinientes y por

encontrarse en cercanías a establecimientos de enseñanza (arts. 5 incs. “a” y

c

, 11 inc. “c” y “e” de la Ley 23.737), en concurso ideal (art. 45 y 54 del

CP), con el delito de evasión tributaria y lavado de activos de origen delictivo

(Ley 27.430 y art. 303 inc. 1º y 2 apartado “a” y art. 55 ambos del CP),

excluyéndose así la posibilidad de una eventual condenación condicional (art.

221 inc. b del CPPF).

Señaló la existencia de una presunta organización criminal de la que

formaría parte junto a otras nueve (9) personas, la etapa primigenia de la

investigación, la existencia de personas no habidas o no identificadas, con las

cuales se podría poner en contacto a los fines de destruir u ocultar pruebas.

Resaltó que si bien posee arraigo domiciliario y familiar (vive con su

madre y tiene cuatro hijos), carece de arraigo laboral y posee antecedentes

penales.

Fecha de firma: 05/04/2023

Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

Por otra parte, si bien invocó la enfermedad de su madre

(imposibilidad de caminar) y suya (padece HIV, es asmático y tiene quebrado

el brazo derecho), no acreditó documental médica respaldatoria. Sin perjuicio

de ello, ordenó la realización de estudios médicos a los fines de determinar el

estado de salud actual y, en su caso, si puede ser tratado intramuros.

En relación a los hijos menores del imputado, sostuvo que se

encuentran cubiertos todos los derechos de aquéllos, toda vez que no se

advierte que se encuentren desprotegidos ni en estado de vulnerabilidad,

abandono y desamparo.

II Contra ello, la defensa del imputado, interpuso recurso de

apelación. En primer lugar, se agravió por considerar que el auto recurrido

carece de la debida fundamentación, motivo por el cual se torna arbitrario e

irrazonable (arts. 123, 166 y 168 del CPPN). Agregó, que si bien hace

referencia a los arts. 221 y 222 del CPPF, no demostró la existencia de peligro

real de fuga o entorpecimiento de la investigación, dado que sólo realizó una

valoración genérica de los riesgos procesales. Señaló que no tuvo en cuenta las

condiciones personales de su defendido, quien posee arraigo familiar (su

madre y cuatro hijos), domiciliario y carece de antecedentes penales y, por

otra parte tampoco valoró su compleja condición de salud (HIV, asma y tiene

quebrado el brazo) ni la de su madre (no puede caminar porque tienen roto los

meniscos), la que depende exclusivamente del Sr. Alegre. Citó doctrina y

jurisprudencia del caso.

En segundo lugar, se agravió porque no consideró la posibilidad de

conceder el arresto domiciliario como alternativa válida, dado que el juez se

limitó fundar la denegatoria en la naturaleza del delito investigado y en la pena

que le correspondería ante una eventual condena. Agregó, que tampoco

expuso la fundamentación razonada de las circunstancias particulares del caso,

al omitir considerar los motivos por los cuales no estima suficientes ninguna

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de las medidas alternativas establecidas en el 210 del CPPF, previas a la

imposición del encierro cautelar.

En tercer lugar, en relación al pedido de prisión domiciliaria, sostuvo

que su asistido padece HIV y es deber de la administración de justicia reforzar

las medidas para brindarle asistencia y tratamiento, que incluye atención

médica permanente, dieta balanceada, ambiente higiénico y saludable y la

posibilidad de realizar actividad física, medidas que claramente no se cumplen

en el lugar de detención transitorio (Dependencia Policial). Citó la regla Nº 9

“Principios Básicos para el tratamiento de los privados de libertad, R.2.,

81 de Reglas de estándares mínimos el tratamiento de los privados de libertad,

art. 75 in c. 22 de la Constitución Nacional y lo normado en los arts. 32 y 187

de la Ley 24.660.

En cuarto lugar, solicitó que en caso de confirmarse el auto recurrido,

se ordene a la juez a quo fije un plazo a la prisión preventiva. Formuló reserva

federal.

I.A. contestar la vista conferida, el Sr. Fiscal General S.,

manifestó su no adhesión al recurso de apelación formulado por la defensa del

imputado y, en consecuencia, solicitó que se mantenga la medida cautelar

impuesta. Consideró que la magistrada realizó la debida valoración acerca de

la existencia de riesgos procesales y, para ello efectuó una interpretación

armónica entre los parámetros preexistentes y las nuevas pautas establecidas

en los arts. 221 y 222 del CPPF.

También se expidió en contra de la prisión domiciliaria solicitada en

subsidio, porque, según lo alegó, de las constancias incorporadas, no surge que

el imputado tenga hijos ni persona a cargo y tampoco sufre algún

padecimiento físico que amerite la concesión de lo peticionado.

Por su parte, la representante del Ministerio Público Pupilar,

manifestó que el pedido de excarcelación solicitado por la defensa del

imputado, se basó en la ausencia de riesgos procesales. Agregó que, si bien el

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imputado manifestó tener cuatro hijos, el informe socio ambiental no indica la

existencia de menores de edad y tampoco se adjuntó documentación que

acredite dicho vínculo paternofilial, ni la necesidad de salvaguardar el Interés

Superior del Niño.

Por todo ello, señaló que no se encuentran dadas las condiciones para

emitir dictamen.

IV Al celebrarse la audiencia oral (art. 454 del CPPN), el día 27 de

marzo de 2023, de manera virtual a través de la plataforma Z., la defensa

del imputado sostuvo y ratificó todos los puntos de agravios expuestos al

momento de interponer el recurso de apelación. Manifestó que su defendido es

padre de cuatro hijos menores de edad (15, 13, 10 años y 1 año y siete meses).

Además, reiteró que padece de HIV y asma, porque en razón de ello peticionó

la concesión de la medida morigerada de la prisión.

Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal, ratificó su

no adhesión al recurso de apelación formulado por la defensa del imputado y,

en consecuencia, solicitó que se confirme el auto recurrido. Agregó que se

encuentra debidamente motivada (conf. art. 123 del CPPN). Luego de analizar

los hechos que dieron origen a los hechos, señaló la grave imputación que se

le endilgó, la pena que le cabria en caso de obtener una condena, que no

permite condenación condicional y, la pertenencia a una organización

narcocriminal, compuesta por varios integrantes, los cuales actúan con

distintos roles dentro de la mencionada.

Además, señaló que si bien refiere condiciones médicas (HIV y

asma), la defensa no adjuntó documentación que acredite tales dichos y,

tampoco posee arraigo laboral (changarín). Asimismo, manifestó que el

imputado posee antecedentes penales computables, por el mismo tipo de delito

endilgado en las presentes, con lo que en caso de ser declarado culpable sería

considerado reincidente. Por todo ello, concluyó que existen riesgos

procesales que impiden conceder la solicitud realizada por la defensa.

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V Verificada formalmente la vía impugnativa, se corrobora que el

recurso ha sido interpuesto tempestivamente (art. 444 del CPPN), con

indicación de los motivos de agravio, y la resolución es objetivamente

impugnable por vía de apelación (art. 450 del CPPN), por lo cual corresponde

analizar su procedencia.

En primer lugar, en relación al agravio vinculado a la declaración de

nulidad del auto atacado, corresponde rechazar el pedido de la defensa del

imputado, toda vez que el mismo se ha fundado en la existencia de riesgos

procesales.

En este sentido, hay que resaltar en cuanto al riesgo de fuga, las

circunstancias y naturaleza del hecho

conf. art. 221 inc. “b” del CPPF,

toda vez que las actuaciones principales tuvieron origen a partir del sumario

Nº 42/2020 del 08 de mayo del 2020, como consecuencia de una denuncia

anónima en la que se informaba que el imputado de autos se dedicaría al

comercio de estupefacientes y, de hecho, según los registros obrantes en el

sistema Lex100, ya era investigado en la causa FC 2704/2019, relacionada

también a infracciones a la ley 23.737.

Luego de realizadas las tareas investigativas por la Policía Federal

(subdelegación Goya) se procedió a la identificación del Sr. Alegre, quien

residiría en calle 1º de Mayo Nº 630 entre calles Alma Fuerte y Tucumán de

Goya, donde aquél realizaría transacciones, bajo modalidad...

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