Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 10 de Diciembre de 2019, expediente FBB 006631/2014/TO01/131

Fecha de Resolución:10 de Diciembre de 2019
Emisor:TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS
 
EXTRACTO GRATUITO

Poder Judicial de la Nación Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca Secretaria de Derechos Humanos 6631/2014/TO1/131 hia Blanca, de diciembre de 2019.

VISTO:

El incidente FBB 6631/2014/TO1/131, caratulado “SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR INCAPACIDAD MENTAL SOBREVINIENTE DE DE LEÓN, E., del registro de la Secretaría de Derechos Humanos de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

CONSIDERANDO:

I) Motiva la intervención de este Tribunal la presentación realizada a fojas 1/2 por los Dres. G. y C.I., en favor de E. De León, mediante la que solicitaron la suspensión del proceso por haber sobrevenido su incapacidad mental para estar en juicio (art. 77 del Código Procesal Penal de la Nación).

Refirieron los letrados que en el devenir del trato profesional con su cliente han observado un paulatino deterioro cognitivo lo que ha llevado a que sea absolutamente infructífero todo intento de interactuar para coadyuvar a su defensa material.

Por su parte, acompañaron fotocopia de informe del médico tratante del Sr. De León, D.P., en el que se menciona la reiteración de alucinaciones y disquinesias, aclarando que en los últimos seis meses ha presentado mayor deterioro cognitivo, con conductas peligrosas y que oscila entre la confusión, alucinaciones y períodos de lucidez, aunque cada vez más esporádicos.

II) Que el 18 de julio del corriente se llevó a cabo el peritaje médico, psicológico y psiquiátrico del encausado por los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con intervención de los peritos ofrecidos por las partes. Para la evaluación contaron con el informe médico acompañado por la defensa a fin de que sea tenido en consideración al momento de dictaminar (ver fs. 19/22 y 35/38).

Como consecuencia de ello, se corrió vista al Agente Fiscal quien postuló

el rechazo del pedido efectuado por la defensa en virtud que “del cotejo de los antecedentes relativos a E. De León y de los informes que conforman el dictamen pericial, se advierte que el imputado mantiene capacidad para comprender la acusación y Fecha de firma: 10/12/2019 Alta en sistema: 08/01/2020 Firmado por: M.J.A., Juez de Cámara Firmado por: P.R.D.L., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: IGNACIO AHARGO, SECRETARIO #33717308#251949000#20191209104440008 Poder Judicial de la Nación Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca Secretaria de Derechos Humanos 6631/2014/TO1/131 los actos que se desarrollan, con lo cual no se encuentra comprometido su derecho de defensa” (ver fojas 40/42).

Finalmente, encontrándose el incidente en condiciones de ser resuelto, se llamó autos a despacho (ver foja 49).

III) Sentado cuanto precede, corresponde analizar el marco normativo que rige la suspensión del proceso por incapacidad mental sobreviniente y efectuar un breve análisis doctrinal y jurisprudencial.

En este aspecto, el art. 77 del CPPN prescribe que: “si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el tribunal suspenderá el trámite de la causa” y que “la suspensión del trámite del proceso impedirá la declaración indagatoria o el juicio, según el momento en que se ordene, sin perjuicio de que se averigüe el hecho o se prosiga aquél contra los demás imputados”.

La capacidad para estar en juicio, esto es, para ser imputado en un procedimiento penal, representa un presupuesto procesal según enseña M.. Esta capacidad procesal “se estudia desde dos sentidos o significados muy diferentes: ella puede ser entendida como capacidad general para ser colocado en la condición de imputado (perseguido penalmente) en un procedimiento penal o ser comprendida como capacidad específica respecto de los actos singulares que contiene un procedimiento penal” (M., J.B.; Derecho Procesal Penal, tomo II, P. General. Sujetos procesales, E.. del Puerto, 1° edición, 3° reimpresión, Bs.As. 2013, p.202/203).

Esta capacidad específica, que es la que en el caso nos ocupa y se analiza una vez supuesta la aptitud general para ser perseguido penalmente, versa sobre las condiciones a reunir por el imputado para la práctica de actos procesales válidos y “esa cuestión ha sido resuelta, en principio, de la misma manera con la que el Derecho civil resuelve la aptitud concreta para llevar a cabo actos jurídicos válidos: por referencia a la capacidad mental del imputado para comprender aquello que hace y para obrar conforme esa comprensión. Se ha dicho (…) con referencia al procedimiento penal, que el imputado debe tener capacidad “para representar racionalmente sus intereses, ejercer sus Fecha de firma: 10/12/2019 Alta en sistema: 08/01/2020 Firmado por: M.J.A., Juez de Cámara Firmado por: P.R.D.L., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: IGNACIO AHARGO, SECRETARIO #33717308#251949000#20191209104440008 Poder Judicial de la Nación Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca Secretaria de Derechos Humanos 6631/2014/TO1/131 derechos y conducir su defensa en forma inteligente e inteligible” o (…) “aptitud de entender, querer y obrar válidamente en el proceso seguido en su contra. De ello resulta que es capaz para intervenir en los actos del procedimiento toda persona que posea suficiente aptitud psíquica para comprender el acto que él mismo realiza o que está

siendo realizado con su intervención (capacidad intelectiva), para tomar decisiones acerca de su propia intervención en el acto (capacidad de discernimiento) y para llevarlas a cabo (capacidad de obrar o de voluntad)” (M., op. cit, p. 213/214).

Sobre este punto, se colige que la incapacidad mental sobreviniente se configura si durante el proceso el imputado padece una enfermedad psíquica que por su grado no le permite proveer personal y directamente a su defensa. En ese caso el juez o tribunal debe suspender la tramitación de la causa a su respecto (Jauchen, E.M., Derechos del imputado, Rubinzal-Culzoni, 2007, pág. 21).

En este sentido, el artículo 14 inciso 3.d) y e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece como garantía mínima del acusado: “d) hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente, e)…interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”.

En el plano jurisprudencial de nuestro país se sostuvo que el derecho a ser oído no se satisface únicamente con brindarle a una...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA