Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 23 de Marzo de 2021, expediente FPO 004401/2020/12/CA008

Fecha de Resolución23 de Marzo de 2021
EmisorCAMARA FEDERAL DE POSADAS - SECRETARIA PENAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE POSADAS

FPO 4401/2020/12/CA8

sadas, a los 23 días del mes de marzo de 2021.

Y VISTOS: El presente expediente, registro N° FPO

4401/2020/12/CA8 Incidente de Prisión Domiciliaria en autos:

F., A.R.S. Infracción Ley 23.737

.

CONSIDERANDO: 1) Llegan las actuaciones al conocimiento

y decisión de este Tribunal con motivo del recurso de apelación

articulado por la Defensoría Pública a fs. 6/7 contra la decisión

recaída a fs. 5 a tenor de la cual la M. de la anterior instancia

no hizo lugar al planteo de la defensa en favor de Alejandro Rubén

F. y denegó la prisión domiciliaria peticionada.

2) La defensa se agravia porque se interprete que las cláusulas

del art. 210 del Código Procesal Penal Federal se le imponen los

requisitos exigidos por la Ley 24.660 de Ejecución de las Penas

Privativas de la Libertad y el art. 314 del Código Procesal Penal de la

Nación (Aprobado por Ley 23.984). En ese sentido, considera que las

disposiciones del Código Procesal Penal Federal son de aplicación al

caso y no supeditan su operatividad a lo previsto en las aludidas

normas.

Sobre el punto, la defensa sostiene que la prisión preventiva

procede solo si el resto de las medidas cautelares del catálogo del art.

210 del C.P.P.F. no resultan eficaces para neutralizar peligros

procesales que deben ser acreditados en el caso concreto a través de

circunstancias objetivas, no pudiendo “…ser impuestas de oficio por

el juez por la vigencia del principio acusatorio…deben ser los

acusadores quienes requieran la imposición de una medida por la

existencia del riesgo procesal” (S., 2020; 10).

En segundo término, la defensa se agravia de que la jueza de

grado considere que la presunción de condena de su defendido

Fecha de firma: 23/03/2021

Firmado por: A.L.C. DE MENGONI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: M.M.R., SECRETARIA DE CÁMARA

permita deducir automáticamente que podría eludir el accionar de la

justicia. En ese marco, sostiene que el código rito faculta al Ministerio

Publico Fiscal o al querellante particular a requerir las medidas de

coerción del art. 210, debiendo probar de manera objetiva la

existencia de riesgos procesales a partir de los baremos que estableció

el propio legislador en los artículos 221 y 222 y no en otros.

En tales condiciones, la recurrente considera que la medida de

coerción más gravosa que nuestro ordenamiento reconoce, la prisión

preventiva, sin probar de manera alguna los riesgos procesales, torna

la detención en ilegítima e ilegal.

Finalmente, se...

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