Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE TIERRA DEL FUEGO - SECRETARIA EJECUCION PENAL, 27 de Diciembre de 2019, expediente FCR 002358/2016/TO01/12

Fecha de Resolución:27 de Diciembre de 2019
Emisor:TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE TIERRA DEL FUEGO - SECRETARIA EJECUCION PENAL
 
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE TIERRA DEL FUEGO FCR 2358/2016/TO1/12 Incidente Nº 12 - IMPUTADO: TORRES, AMELIA MABEL s/INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA huaia, 27 diciembre de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa FCR 2358/2016/TO1/12 -

Incidente Nº 12 - IMPUTADO: TORRES, AMELIA MABEL s/INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA; Y CONSIDERANDO:

La Cámara Federal de Casación Penal al hacer lugar al recurso interpuesto por la Defensa de A.M.T. y anular la resolución dictada el 7 de junio de 2019, lo hizo indicando que se produjeran los informes necesarios para dar cuenta de la situación de los menores CMV y AV y se le diera intervención al Defensor Público de Menores.

Conforme el voto del Juez que lidera el acuerdo la decisión adoptada en la instancia no satisfacía el grado de fundamentación suficiente requerido por el art. 123 del CPPN al no dar respuesta a los planteos vertidos por la defensa de A.M.T. ni haber analizado el planteo de acuerdo a la normativa reseñada en el acápite que transcribe en ese decisorio. Asimismo consideró que era esencial escuchar al menor ya sea directamente o por medio de su representante (con cita a la CSJN, fallos 331:2691).

A fin de cumplir con lo ordenado por el Superior se produjo el informe de fs. 203/204 y se dio intervención al Ministerio Pupilar, a fin de conocer su opinión.

Ahora bien, dado los términos de la decisión del Superior, y el estrecho marco legal que brinda el art 10 del Código Penal, habré de procurar desentrañar el sentido de la primera, pues ya se ha indicado que no resulta suficiente la norma tal como se encuentra redactada para resolver el entuerto.

Fecha de firma: 27/12/2019 Alta en sistema: 02/01/2020 Firmado por: L.A.G., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: C.V.V., SECRETARIO DE CÁMARA #30151826#253585140#20191227131348549 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE TIERRA DEL FUEGO FCR 2358/2016/TO1/12 Incidente Nº 12 - IMPUTADO: TORRES, AMELIA MABEL s/INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA Dicho de otro modo, la apertura del análisis de un caso que en principio está excluido, por no darse los presupuestos legales, importa tácitamente que dichas previsiones no operan como límite. Ello se vincula a la comprensión de que existe un marco normativo dado por el legislador infra-

constitucional que regula el instituto de la prisión domiciliaria, cuya inconstitucionalidad no fue invocada. El análisis habrá de partir de la premisa de que el Superior estima insuficiente, por decir lo menos, o irrazonable, en el caso, la regulación legal.

Dejo a salvo mi opinión en el sentido de que no considero que ello sea así, pues estimo que en la ardua tarea de compaginar los intereses sociales, el Congreso pudo optar por una solución que no parece irrazonable teniendo en cuenta los valores que pudo ponderar. Y digo esto porque entiendo que no cabe presumir que el legislador actúa sin realizar ponderación de las normas constitucionales o de los pactos internacionales.

El segundo presupuesto que resulta de la decisión del Superior es el hecho de que resulta posible, contra el texto normativo, y en función de normas que tienen un rango superior, acceder a un pedido de estas características, al menos en abstracto, ya que la resolución deja a salvo que debe ser estudiado el caso en concreto.

Este aspecto no me parece menor, pues como jueces no podemos desentendernos del impacto que la decisión tendrá en el futuro en relación a cualquier caso que, no apegado a la ley, y sin que existan razones que muestren la inconstitucionalidad de la norma, puedan presentarse.

  1. también que la situación de M.A.T. tiene un aspecto común al de muchos condenados que tienen hijos, menores (sin que se encuentren en la franja etaria prevista por el art. 10 ya citado), respecto de los cuales la prisión de cualquiera de sus progenitores es probable que tenga un impacto negativo. La preservación de la integridad psicofísica de los menores en Fecha de firma: 27/12/2019 Alta en sistema: 02/01/2020 Firmado por: L.A.G., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: C.V.V., SECRETARIO DE CÁMARA #30151826#253585140#20191227131348549 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE TIERRA DEL FUEGO FCR 2358/2016/TO1/12 Incidente Nº 12 - IMPUTADO: TORRES, AMELIA MABEL s/INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA una sociedad se construye a partir de la protección que los adultos, ya sean los allegados a ellos, o el Estado (de modo subsidiario me atrevería a decir) puedan proveerles.

    Determinar cuál es el interés superior de un menor cuyo padre ha recibido una sanción penal, por un delito grave como en el caso, apartándose la solución del texto legal, parece una labor ardua. ¿Qué vectores habrá que computar? Entiendo, a modo de respuesta, que no cualquier molestia que le ocasione el alejamiento (temporal y espacial) respecto del progenitor sometido a la pena, pues la naturaleza de ésta lleva ínsita tal situación. De lo contario habría que considerar irrazonable todo el sistema punitivo (cosa que por cierto algunos hacen con fundamentos serios (N.C., “Los límites del Dolor”, FCE, México, 1984) por tratarse de un sistema que, al aplicar un castigo, implica causar dolor deliberadamente, situación que no se modifica por la circunstancia de predicar un fin resocializador de la pena, pues si bien este último aspecto la humaniza, no deja de producir las consecuencias negativas que se siguen del encierro. Aun cuando podamos compartir con S.(., “Creando criminales”, ed. A.H., 2010) la idea de que las medidas destinadas a aumentar la población carcelaria no resultan útiles para reforzar la seguridad humana ni disminuir la violencia, tal decisión no nos corresponde, sino que corresponde al legislador que, como representante del Pueblo, determina las pautas normativas, a las que cada uno debemos ajustar el comportamiento. Esas pautas indican que quien ha transportado estupefacientes (con la finalidad de introducirla en el tráfico, como en el caso, no sólo para otro, sino para realizar un negocio propio) reciba una pena de prisión que no puede ser inferior a cuatro años (tal la aplicada a T., y que esa pena se cumpla en determinadas circunstancias, que tampoco han sido cuestionadas.

    Fecha de firma: 27/12/2019 Alta en sistema: 02/01/2020 Firmado por: L.A.G., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: C.V.V., SECRETARIO DE CÁMARA #30151826#253585140#20191227131348549 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE TIERRA DEL FUEGO FCR 2358/2016/TO1/12 Incidente Nº 12 - IMPUTADO: TORRES, AMELIA MABEL s/INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA Esta precisión la formulo para no incurrir en aquello que el Superior cuestionara en cuanto a que “la discusión entre las partes y la decisión jurisdiccional se ha basado en cuestiones dogmáticas y fórmulas genéricas”

    (resolución del 25/4/2018, en el incidente de excarcelación).

    II- Partimos entonces...

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