Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 30 de Diciembre de 2019, expediente FCB 076966/2018/10/CA002

Fecha de Resolución30 de Diciembre de 2019
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 76966/2018/10/CA2

doba, 30 de diciembre de 2019.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “ZURITA ESCALANTE,

M.H. s/Incidente de excarcelación” Expte. FCB

76966/2018/10/CA2, venidos a conocimiento a esta Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en virtud del recurso de apelación interpuesto, con fecha 04.10.2019,

por la defensa técnica de M.H.Z.E. en contra de la resolución dictada con fecha 26.09.2019

por el señor Juez Federal Nº 1 de Córdoba, en cuanto dispuso denegar el pedido de excarcelación solicitado en favor del imputado mencionado precedentemente.

Y CONSIDERANDO:

  1. Se presenta ante esta Alzada el recurso de apelación deducido por la defensa del imputado M.H.Z.E., en contra de la resolución dictada con fecha 26.09.2019 por el señor Juez Federal Nº

    1 de Córdoba, que luce agregada a fs. 6/8 de autos.

  2. Mediante la resolución citada, el Juez Federal resolvió denegar el pedido de excarcelación al imputado M.H.Z.E..

    Al fundamentar su decisorio, el Magistrado Instructor hizo referencia a las conductas que se le imputan a M.H.Z.E., las cuales encuadran en la figura de “Organización y financiamiento para el transporte, almacenamiento y comercialización de estupefacientes” (art. 7 de la ley 23.737), en el carácter de autor; dos hechos de “Comercialización de estupefacientes en grado de tentativa”; “Almacenamiento de estupefacientes” y “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” (art. 5 inc. C) de la ley 23.737),

    encuadramiento jurídico cuyo pronóstico punitivo Fecha de firma: 30/12/2019

    1. en sistema: 04/02/2020

    Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA

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    permitiría sostener que la condena en caso de que existiera, no sería de ejecución condicional.

    Con respecto a las condiciones de vida del imputado, señaló que del procedimiento realizado en su domicilio se secuestraron bienes suntuosos, una gran cantidad de dinero en efectivo, armas de fuego importantes, pasajes de avión, varios celulares, entre otras cosas, circunstancias que llevan a presumir que el encartado tendría la capacidad de entorpecer la investigación o en su defecto darse a la fuga.

    Asimismo, advirtió que la causa se encuentra en plena instrucción, restando medidas probatorias e informes periciales que todavía no han sido acompañados al tribunal, la restricción de la libertad ordenada es proporcional al riesgo procesal que su libertad acarrearía.

  3. En contra de tal decisorio, con fecha 04.10.2019, la defensa interpuso recurso de apelación,

    considerando que el a quo hace una elaboración extremadamente subjetiva apartándose de las normas procesales aplicables.

    Advierte que no existe peligrosidad procesal de suficiente magnitud para impedir la libertad de su asistido, advirtiendo que la resolución impugnada en ese punto carece de motivación.

  4. Con fecha 06.11.2019, la defensa técnica presentó el informe previsto por el art. 454 del CPPN, al cual se remite por cuestiones de brevedad. (v. fs. 19/20).

  5. Sentadas las posturas asumidas por las partes, corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de las apelaciones deducidas, ello de acuerdo al sorteo de votación realizado en autos.

    Fecha de firma: 30/12/2019

    1. en sistema: 04/02/2020

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    FCB 76966/2018/10/CA2

    El señor Juez de Cámara, doctor A.G.S.T. dijo:

  6. a) DEL MARCO NORMATIVO

    En atención a la cuestión traída a estudio en el presente, estimo conveniente traer otra vez a colación la postura e interpretación asumidas por el suscripto en torno al encarcelamiento preventivo desde el fallo “BOTTERI, R.R.” (Lº 268, Fº 109), del 05.07.2007, en adelante (puede consultarse, en tal sentido “GAUNA,

    A.” —L° 270 F° 85—; “PIETROBÓN, A. —L° 272 F° 8—).

    De manera preliminar, se estima de interés abordar la cuestión con un análisis de las normas que en el Código Procesal Penal de la Nación contemplan la “eximición de prisión”, advirtiendo entonces que el principio rector en la materia es el de la libertad del imputado en el proceso, admitiendo restricciones en los casos expresamente contemplados, tal como puede leerse en el dispositivo del art. 280 del Código de Rito.

    Sobre esa base, bajo el título “Exención de prisión. Procedencia”, el artículo 316 del Código de Forma establece que “Toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre y hasta el momento de dictarse la prisión preventiva, podrá, por sí o por terceros, solicitar al juez que entienda en aquélla su exención de prisión. El juez calificará el o los hechos de que se trate, y cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho (8) años de pena privativa de la libertad, podrá eximir de prisión al imputado. No obstante ello, también podrá hacerlo si estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional, salvo que se le impute alguno de los delitos Fecha de firma: 30/12/2019

    1. en sistema: 04/02/2020

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      previstos por los artículos 139, 139 bis, y 146 del Código Penal...”.-

      Por su parte, el artículo 319 del mismo cuerpo normativo se ocupa de precisar las “Restricciones” a las cuales se deben someter los casos de eximiciones de prisión o excarcelaciones respectivamente, disponiendo –en concreto- que “Podrá negarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el art. 2° de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir,

      fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones”.-

      El cuadro normativo se completa, pues, con la disposición legal del artículo 26 del Código Penal que, en el marco del Título III y bajo la designación “Condenación condicional”, prescribe que “En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será

      facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad...”.

      Hay que mencionar que, a su vez, el Informe Anual Nº 1995 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plantea al principio de inocencia como presunción que juega a favor del acusado de un delito, según la cual éste Fecha de firma: 30/12/2019

      es considerado inocente mientras no se haya A. en sistema: 04/02/2020

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      Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

      FCB 76966/2018/10/CA2

      establecido su responsabilidad penal en sentencia firme.

      De este modo, para establecer la responsabilidad penal del imputado, el Estado debe probar su culpabilidad más allá

      de toda duda razonable (Capítulo III – Perú, 10.970).

      Sin duda que la máxima en virtud de la cual el justiciable no es considerado culpable hasta que una sentencia judicial firme así lo indique, tras la sustanciación de un proceso regular, equivale a decir –ni más ni menos- que durante el desarrollo del proceso judicial el acusado debe ser tratado como un inocente (cfse. POVIÑA, F., La garantía de la libertad del imputado durante el proceso penal y la prisión preventiva,

      Rev. La Ley, Suplemento Penal 2007, p. 10).

      Ahora bien, semejante tratamiento del imputado a lo largo del proceso no significa que no se apliquen sobre él medidas de coerción de ninguna naturaleza, sino –antes bien- que la imposición de éstas se ve seriamente restringida a raíz del mentado principio de inocencia. En efecto, la afirmación de que el imputado no pueda ser sometido a una pena y, por ende, no pueda ser tratado como culpable hasta que una sentencia firme así lo declare,

      constituye el principio para expresar los límites de las medidas de coerción procesal contra el acusado (cfse.

      MAIER, J.B., Derecho procesal penal, Ed. E.,

      Bs.As., 1960, p. 512).

      Si bien las medidas de coerción procesal suponen la utilización del poder estatal para privar a los individuos de derechos garantizados por el orden jurídico,

      en vista del análisis que se efectúa resulta necesario diferenciarlas de las medidas de coerción material.

      Ambas clases de medidas coercitivas tienen en común las características que informan a toda coerción del Fecha de firma: 30/12/2019

      Estado, esto es, el uso de la fuerza pública y –

    2. en sistema: 04/02/2020

      Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA

      Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CÁMARA

      Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

      Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara...

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