Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 24 de Junio de 2022, expediente FPO 004082/2020/10/CA002

Fecha de Resolución24 de Junio de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE POSADAS - SECRETARIA PENAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE POSADAS

FPO 4082/2020/10/CA2

sadas, a los 24 días del mes de junio de 2022.

Y VISTOS: El presente expediente, registro N° FPO

4082/2020/10/CA2 en autos: “G.G., R.A. s/

Recusación”.

CONSIDERANDO: 1) Llegan las presentes actuaciones a

conocimiento del suscripto en virtud de la recusación planteada por el

Dr. M.A.R. a fs. 1/35, en representación de Rubén A.

González Glaría, de conformidad con lo previsto en el art. 58 del

CPPN, contra el juez Federal del Juzgado de Primera Instancia de

Posadas, el Dr. J.L.C..

2) Motivó su presentación en la existencia de un razonable

temor de parcialidad como causal genérica contemplada en el bloque

de constitucionalidad (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución

Nacional, art. XXVI 2do. párrafo de la Declaración Americana de

Derechos y Deberes del Hombre –DADDH–, art. 10mo. de la

Declaración Universal de Derechos HumanosDUDH–, art. 14.1 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –PIDCyP– y art.

8.1 de la Convención Americana de Derechos HumanosCADH–).

A esos fines, invocó precedentes de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, como de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Cámara Federal de

Casación Penal –entre otros– y doctrina en orden a la garantía de

imparcialidad del juzgador y sus implicancias conceptuales.

En dicho marco, el interesado sostiene que el planteo de

recusación constituye el medio procesalmente adecuado para el

aseguramiento de la garantía de imparcialidad del juzgador y, para su

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procedencia, no puede pretenderse que la parte demuestre la

parcialidad del recusado, sino que basta, a efectos del apartamiento,

con que demuestre un razonable temor de parcialidad.

Con relación a los hechos sobre los cuales funda el temor de

parcialidad, señala en primer término la anticipatoria difusión

mediática del caso más allá de lo previsto por el art. 204 del CPPN

que dispone que las actuaciones penales son de carácter público solo

para las partes y sus defensores. En ese sentido, sostiene en el caso

particular los medios de comunicación publican información que se

corresponde con las constancias del expediente, difunden decisiones,

incluso haciendo referencia a planteos de la defensa.

Asimismo, sostiene que la circunstancia es muy clara toda vez

la defensa no suministró información alguna a los medios de

comunicación, por lo que cabe entonces dudar acerca de cómo es que

ésta se ha “filtrado”. En función de ello, entiende que resulta

demostrativo de que el juez no adoptó los recaudos necesarios en

procura de evitar la aludida “filtración” de los acontecimientos de esta

causa y que supone un razonable temor para su asistido pues se ha

prescindido del celo que debería haber aplicado a la preservación del

carácter privado de las actuaciones, más aún teniendo en cuenta la

investidura institucional de su asistido.

Al respecto, señala que la difusión mediática de los

acontecimientos y las constancias del caso, utilizadas en forma

direccionada por la prensa resultan alentadoras para la tan conocida

condena social

; empero ello no es lo más grave, sino que el temor

de su asistido se fundamenta, precisamente, en la razonable

posibilidad de que el magistrado que recusa haya participado de algún

modo en la campaña mediática de desprestigio y persecución en su

contra.

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Por su parte, la defensa sostiene que el temor se afianza en

función de la llamativa prisa con la que se dispuso el llamado a prestar

declaración indagatoria. Para el caso, refiere al contenido del decreto

por el cual el juez suspendió de manera excepcional y por última vez

el acto, cuyos términos a criterio del interesado ponen al descubierto

una terminante advertencia orientada a la búsqueda de celeridad, aun a

costa de menguar las posibilidades de la defensa.

Otro de los aspectos sobre los que funda la recusación se

encuentra dado en que, al menos en uno de los hechos por los que se

pretende indagar a su defendido, fue dispuesto por el juez cuyo

apartamiento pretende, lo que a criterio de la defensa indica el

evidente interés en el caso.

A su entender, ello se corrobora mediante la resolución de fecha

6/4/2018 recaída en el Incidente Nro. 1 de la causa FPO 11.295/2017

por la cual el magistrado entregó, en carácter de depositario judicial, a

su defendido la camioneta Nissan NP 300 que ahora se pretende, sería

el supuesto objeto de un supuesto delito, según postula el

requerimiento del Fiscal interviniente al momento de solicitar que se

reciba declaración indagatoria; por lo que resulta aplicable inc. 4to.

del art. 55 del CPPN.

Por otra parte, la defensa hizo reserva de recurrir por ante la

Excma. Cámara de apelaciones del Fuero –incluso por vía directa, cfr.

art. 476 y de plantear el caso federal ante la propia CSJN por vía

extraordinaria –cfr. arts. 14 y 15, Ley 48.

En tales parámetros, el interesado planteó subsidiariamente la

inconstitucionalidad de la parte final del art. 61 del CPPN en cuanto

veda la posibilidad de recurrir el hipotético rechazo del planteo de

recusación, por entender que resulta un límite que afecta directamente

el plexo de derechos y garantías que operan sobre el sistema de

enjuiciamiento penal tanto a nivel nacional como internacional.

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A esos fines, desarrolló argumentos vinculados al control de

constitucionalidad y de convencionalidad como facultad y deber

reconocido a todos los jueces y la idoneidad del planteo. Asimismo,

citó jurisprudencia vinculada a la existencia de un perjuicio concreto,

como la legitimación activa para litigar y sobre el planteo concreto de

inconstitucionalidad.

3) A fs. 36 se agregó el informe previsto en el art. 61 del CPPN,

por el cual el Dr. J.L.C. –cuyo apartamiento se solicita–, se

opuso a la recusación promovida. A esos fines, el magistrado sostuvo

que el motivo expuesto por el recusante y que sería un reflejo de una

presunta parcialidad que alega, relativos a la publicidad de la causa

FPO 4082/2020 ante los medios de comunicación, no se encuentra

acreditado mediante prueba aportada, la que tampoco fue ofrecida

para ser producida en la audiencia prevista en el art. 61 segundo

párrafo del CPPN.

Destaca que ,si bien la defensa expuso una profusa

jurisprudencia respecto al temor de parcialidad, no ha demostrado de

qué manera se ve acreditada dicha parcialidad, con la difusión

mediática de la causa, de la cual temerariamente intenta

responsabilizar al Juzgado y expresamente al magistrado, sin prueba

alguna que lo acredite, por lo cual consideró que no corresponde

explayarse sobre la veracidad de las acusaciones vertidas.

Asimismo, sostuvo que la causal invocada resulta totalmente

infundada por lo que postuló su rechazado debido a que no se

encuentra prevista en ninguno de los incisos el art. 55 del CPPN.

Por su parte, y con relación a la invocación del interés particular

en la resolución de las actuaciones principales fundado en la

celeridad en el trámite

orientado a recibir la declaración indagatoria

al imputado conforme el art. 294 del CPPN, el magistrado sostuvo que

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tampoco se encuentra prevista como causal contemplada en el art. 55

del CPPN.

En ese sentido, indicó que dicho acto procesal constituye una

obligación en las funciones de todo Juez conforme las previsiones del

art. 207 del CPPN. Para el caso, sostuvo que el primer llamado a

indagatoria efectuado en autos, data del día 30 de agosto del año

2021, que fue dispuesto en función del Requerimiento Fiscal

efectuado el día 13 de agosto del mismo año, por lo que el decreto al

cual hace referencia solo pretende dar cumplimiento a la medida

procesal establecida en el art. 294 del CPPN, que ha...

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