Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 29 de Marzo de 2017, expediente CFP 014328/2007/TO01/1

Fecha de Resolución:29 de Marzo de 2017
Emisor:TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5
 
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5 CFP 14328/2007/TO1/1 Buenos Aires, 23 de marzo de 2.017.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente Incidente de Prescripción de la Acción Penal de M.D.M., formado en la causa nro.

1.309, caratulada “M., M.D. y otros s/inf. art. 210 del Código Penal” del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5.-

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1/8 de la presente incidencia, el doctor H.L., solicitó el sobreseimiento de M.D.M. y en consecuencia se suspenda la audiencia de debate oral y pública fijada oportunamente.-

En esa oportunidad, el letrado manifestó que el trámite del presente proceso se ha extendido por más de once años, sin que se haya finiquitado la situación procesal de su pupilo. Asimismo, agregó

que los presentes actuados han sido iniciados el día 11 de septiembre de 2002 por medio de una denuncia anónima, la cual derivó

posteriormente en que el día 18 de diciembre de 2002, su cliente fue procesado con prisión preventiva. En el mismo sentido, realizó un análisis pormenorizado de los actos procesales pertinentes durante la tramitación de los presentes actuados, a lo que sumó que los hechos imputados prevén una pena máxima de diez años, en consecuencia concluyó que desde la denuncia pasaron catorce años y dos meses, y que se violó la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.-

En ese sentido, manifestó que el excesivo trámite de los presentes actuados, no se le puede atribuir a dilaciones indebidas realizadas por los imputados o sus defensas.

Fecha de firma: 29/03/2017 Firmado por: O.A.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.G.N., JUEZ DE CAMARA Firmado por: S.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.A.F., SECRETARIO DE JUZGADO #29604260#174997758#20170329093626848 En ese orden, agregó que la dilación de los actuados se debe al sistema judicial, la cual se desprendería de la simple lectura de la causa, por lo que el término de catorce años se encuentra por encima de los plazos máximos requeridos por el Código Penal. Asimismo, sumó que la libertad de los imputados se ve afectadas por las medidas cautelares que persisten sobre los acusados D., R. y M..

De esa manera, resaltó que los arts. 8, inc. 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 inc. 3° apartado C del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho de todo individuo a ser juzgado en plazo razonable. A lo que adicionó que, de ser conculcado ese derecho por causas no imputables a esa parte, el Tribunal debe extinguirse la acción penal por plazo razonable.

En otro orden, puso de resalto que en virtud de los paramentos brindados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto el plazo razonable, que de llevarse a cabo el debate en los presentes actuados el 18 de noviembre de 2.016, y que sumado a los recursos de casación y extraordinario, el pronunciamiento podría quedar firme dentro de un plazo promedio tres años. A lo que consideró que la duración de los presentes actuados podría llegar a extenderse por un término total de 17 años, violándose así la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. De la misma manera, entendió

que dado el tiempo transcurrido, inmediatez de la oralidad, que por el paso del tiempo los testigos no recordarán los hechos, por lo que el Tribunal deberá atenerse a la incorporación por lectura de las piezas agregadas.-

Seguidamente, señaló que los lineamientos brindados en el fallo “G.L. vs. Nicaragua”, se estableció los extremos para determinar la razonabilidad del plazo, los cuales son la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Por lo que señaló que en Fecha de firma: 29/03/2017 Firmado por: O.A.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.G.N., JUEZ DE CAMARA Firmado por: S.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.A.F., SECRETARIO DE JUZGADO #29604260#174997758#20170329093626848 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5 CFP 14328/2007/TO1/1 cuanto al primero de los supuestos los presentes actuados no revisten una mayor complejidad a excepción de los efectos secuestrados.

En otro sentido, en razón del segundo de los supuestos, manifestó que la actividad de su pupilo como la de los abogados que intervinieron con anterioridad, solo plantearon cuestiones razonables y que sus defendido se ha presentado todas las veces que el fuera requerido por el tribunal.

Por último, respecto del último de los extremos analizados, mencionó que se data de un proceso en el fuero ordinario, donde el juez que intervenía se declaró incompetente.

Posteriormente el día 13 de agosto de 2.007 el F. en su requerimiento de elevación a juicio se basó en las pruebas documentales y periciales mencionadas, para acusar a los nombrados.

Por otro lado, manifestó que la acción penal en el presente proceso se encuentra prescripta por el transcurso del tiempo conforme lo establecido en los arts. 59 inc. 3°, 62 inc. 2°, 63 del Código Penal y 334, 336 inc. 1° y 338 del Código Procesal Penal de la Nación. En ese sentido, señaló que con la ley 25.990, se dejo de lado el viejo concepto de “secuela de juicio”, reduciendo a dos las causales de interrupción, la comisión de otro delito y los actos procesales por su trascendencia tienen aptitud para interrumpir la prescripción, estipulados en el art. 67 del Código Penal.

Así advirtió que, los requerimientos de elevación a juicio datan del día 25 de noviembre de 2.008 y del 1 de diciembre de 2.009, por lo que al día de de audiencia fijada en autos, los plazos se encontrarían holgadamente cumplidos.-

Es por ello que, el defensor concluyó que se ha extendido por más de catorce años el proceso seguido contra el imputado M.D.M., superando el plazo de la pena máxima prevista para los delitos imputados, por lo que debe considerarse la acción como prescripta. Por último, hizo reserva de casación y del caso federal.-

Fecha de firma: 29/03/2017 Firmado por: O.A.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.G.N., JUEZ DE CAMARA Firmado por: S.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.A.F., SECRETARIO DE JUZGADO #29604260#174997758#20170329093626848 Corrida la vista oportunamente al representante del Ministerio Público Fiscal (ver fs. 9), dictaminó a fs. 10/13, que en relación a los extremos a analizar, respecto el primer punto refirió que se trata de una causa de cierta complejidad, con tres personas imputadas, en la cual durante la instrucción se realizaron diversas e importantes medidas, con una profusa cantidad de prueba documental complementaria, así señaló que el volumen y el contenido del presente legajo principal constituye un dato inequívoco de esta realidad.

De esa manera, puso énfasis en que los plazos procesales constituyen una garantía de juzgamiento y su violación opera como límite al poder penal del Estado lo cierto es que el concepto de plazo razonable esta sujeto a la apreciación de números cuestiones que hacen al devenir del proceso y debe ser valorado en cada caso en concreto.

En ese sentido, señaló que deberá dictaminar en contra de los argumentos brindados por la Defensa, toda vez que del solo cotejo de las constancias permite colegirse que el trámite de la causa el Estado habría actuado de manera diligente para mantener la acción penal. Así también, resaltó que se esta frente a delitos cometidos por funcionarios públicos, lo que obliga a ese Ministerio a ser más restrictivo con la aplicación del instituto peticionado.

Es por ello, que frente al primer planteo correspondería no hacer lugar a lo peticionado.

Respecto al segundo de ellos, manifestó que en lo que hace el delito de asociación ilícita de M., y teniendo en cuenta que el último acto interruptivo de la prescripción fue el auto de citación a juicio, dictado el día 4 de mayo de 2010, por lo que no ha operado la extinción de la acción penal por prescripción, toda vez que no transcurrió el plazo máximo de la pena prevista para dicho ilícito.

En otro sentido, expresó que en relación a los hechos cometidos en la causa n° 1385, respecto al delito previsto en el art. 292, primer párrafo del C., desde que se dispuso la fecha de citación a juicio el día 4 de mayo de 2.010, han transcurrido más del Fecha de firma: 29/03/2017 Firmado por: O.A.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.G.N., JUEZ DE CAMARA Firmado por: S.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.A.F., SECRETARIO DE JUZGADO #29604260#174997758#20170329093626848 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5 CFP 14328/2007/TO1/1 plazo de 6 años previsto como máximo de pena por lo que a la fecha entendió que ha operado la extinción de la acción penal por prescripción, la cual debe hacerse extensiva a los acusados M.A.D. y C.A.R.. En consecuencia, dictaminó que se debe sobreseer a los acusados en razón a ese delito.

En ese sentido, también refirió que respecto a la falsificación de documentos privados, 292 primer párrafo, segunda parte del Código Penal, cuyo máximo de pena es de dos años, y que el último acto interruptivo de la prescripción fue el día 4 de mayo de 2010, ha operado la extinción de la acción penal en la presente causa.-

Sin perjuicio de ello, manifestó que los acusados al día de la fecha no han cometido un nuevo ilícito, por lo que correspondería sobreseer parcialmente al nombrado en lo que hace al delito previsto y reprimido por el art. 292, primer párrafo, primer y segunda parte.-

Por último, el Señor Fiscal expresó que respecto al delito previsto en el artículo 292, segundo párrafo del Código Penal, y teniendo en cuenta que el último acto interruptivo fue dictado el día 4 de mayo de 2.010, no ha operado el plazo de la prescripción toda vez que la pena máxima para ese delito es de ocho años de prisión.-

En consecuencia, el S.F. solicitó que se fije nueva fecha de debate a la mayor brevedad posible.-

Y CONSIDERANDO:

  1. Previo a expedirnos sobre el fondo de la cuestión es necesario realizar algunas observaciones con respecto al término “plazo razonable”.

    Este instituto...

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