Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2016, expediente CCC 023142/2012/TO01/1/CFC001

Fecha de Resolución:30 de Noviembre de 2016
Emisor:CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1
 
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Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1 CCC 23142/2012/TO1/1/CFC1 REGISTRO N° 2323/16.1 la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 30 días del mes de noviembre de 2016, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la doctora A.M.F. como Presidenta y los doctores M.H.B. y G.M.H. como vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en esta causa nº CCC 23142/2012/TO1/1/CFC1, caratulada “M., Y.R. s/recurso de casación”, de cuyas constancias RESULTA:

  1. ) Que el Tribunal Oral en lo Criminal nº 10 de la de la Capital Federal, en la causa nº 3880 de su registro, con fecha 3 de octubre de 2013, resolvió, en lo que aquí interesa, no hacer lugar a los planteos de la defensa de inconstitucionalidad del decreto 18/97 y de nulidad de las sanciones aplicadas a Y.R.M. con fecha 28 de febrero; 3 y 6 de mayo, todas de 2013. En consecuencia, confirmó las sanciones en cuestión impuestas a la nombrada (fs.243/250).

    Contra dicho pronunciamiento, el doctor J.A.I., Defensor “Ad-hoc” a cargo de la Defensoría Pública Oficial nº 8, ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, interpuso recurso de casación (fs. 279/298) que, concedido, fue Fecha de firma: 30/11/2016 Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: M.H.B., JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION 1 Firmado por: A.M.F. Firmado(ante mi) por: M.A.E., PROSECRETARIA DE CÁMARA #24630056#167306330#20161130155610241 mantenido ante esta instancia (conf. fs. 351 y vta. y 362, respectivamente).

  2. ) La parte recurrente encauzó su presentación por el remedio previsto en el artículo 456, inciso segundo, del Código Procesal Penal de la Nación.

    Como motivo de agravió expresó que la resolución cuestionada, carece de debida fundamentación, lo que a su modo de ver, deviene arbitraria por violar las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio (art 18 C.N. y arts. 399 y 404, inciso 2 y 3 del C.P.P.N.).

    Puntualmente, en primer lugar, planteó la inconstitucionalidad de los arts. 17, inciso “c” y 19 y 20 del Decreto 18/97 por resultar violatorios del principio de legalidad y de los arts. 39, 40, 42, 43, 46 y 49 del mismo decreto, por afectar las garantías de defensa en juicio y del debido proceso legal.

    Advirtió que, en clara afectación al derecho de defensa, el Reglamento no contempla la obligatoriedad de la asistencia letrada, previo al acto en el que el interno ofrece su descargo, evidenciándose así una desigualdad de posiciones, que atenta contra el debido proceso legal, entre los agentes del Servicio Penitenciario Federal y el interno, que sufre la privación de libertad, bajo su custodia y poder de policía.

    Adujo que el derecho a ser oído implica necesariamente una situación previa de igualdad de posiciones, remarcando que la estrategia de cuestionar, Fecha de firma: 30/11/2016 Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: M.H.B., JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION Firmado por: A.M.F. Firmado(ante mi) por: M.A.E., PROSECRETARIA DE CÁMARA #24630056#167306330#20161130155610241 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1 CCC 23142/2012/TO1/1/CFC1 producir y/o ofrecer pruebas, en miras a defenderse de un hecho que tiene consecuencias legales, implica un conocimiento especial en la materia que no puede ser realizado en forma adecuada por el interno, sino que es tarea propia del abogado defensor.

    Que en el sub lite, al silencio existente de Magot respecto de las sanciones, cabe agregar la falta de notificación del dictado de la mismas a la defensa, lo que recién se realizó, en todos los casos, mucho tiempo después de que fueran impuestas (cfr. fs. 292).

    Adunó que merece control de constitucionalidad el artículo 49 del Decreto 18/97, en tanto establece que para el caso de interposición de recurso, el mismo no tendrá efecto suspensivo. De esta manera, a su entender, el citado decreto sólo prevé un derecho al recurso meramente formal, y no efectivo, dado que la sanción comienza a aplicarse con independencia de la instancia judicial.

    Finalmente, en lo que a este punto respecta, agregó que el Decreto 18/97 resulta violatorio de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    En segundo lugar, solicitó la nulidad de las sanciones impuestas por inobservancia de los derechos de defensa y debido proceso.

    Señaló que no se respetaron las normas relativas a la intervención y participación obligatoria en los actos del proceso del juez, así como tampoco la asistencia del imputado conforme lo establecido en el art. 167, incisos 2º y 3º del Código Fecha de firma: 30/11/2016 Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: M.H.B., JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION 3 Firmado por: A.M.F. Firmado(ante mi) por: M.A.E., PROSECRETARIA DE CÁMARA #24630056#167306330#20161130155610241 Procesal Penal de la Nación.

    En respaldo de su postura, citó el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Castro Veneroso” (Fallos 324:3593).

    En síntesis, la defensa oficial de Y.R.M. peticionó se revoque el pronunciamiento de fs. 243/250, declarando, en consecuencia, la nulidad de las sanciones disciplinarias impuestas a su asistida con fecha 28 de febrero de 2013, 3 de mayo de 2013 y 6 de mayo de 2013 por haber sido dictadas en grave afectación de los derechos de debido proceso y de defensa en juicio y del principio de inocencia, toda vez que fueron establecidas en el marco de un procedimiento basado en un decreto que, a su entender, debe ser tachado de inconstitucionalidad, con los alcances referenciados.

  3. ) Que superada la etapa prevista en el artículo 468 del Código de fondo, el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del C.P.P.N.).

    Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor G.M.H. y, en segundo y tercer lugar, los doctores M.H.B. y A.M.F., respectivamente.

    El señor juez doctor G.M.H. dijo:

    1. He sostenido con insistencia -y originalmente en soledad-, que el control judicial amplio y eficiente resulta ineludible a la luz de la ley vigente, y además un factor altamente positivo para el logro de los fines que procuran las normas de Fecha de firma: 30/11/2016 Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: M.H.B., JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION Firmado por: A.M.F. Firmado(ante mi) por: M.A.E., PROSECRETARIA DE CÁMARA #24630056#167306330#20161130155610241 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1 CCC 23142/2012/TO1/1/CFC1 ejecución de las penas privativas de libertad (cfr.: de la Sala IV, causa N.. 699, "M., C.F. s/recurso de casación", Reg. N.. 992, rta. el 4/11/97; causa N.. 691, "MIGUEL, E.J. s/recurso de casación", Reg. N.. 984; causa N.. 742, "FUENTES, J.C. s/recurso de casación", Reg. N.. 1136, rta. el 26/2/98; causa N.. 1367, "QUISPE RAMÍREZ, I. s/recurso de casación", Reg. N.. 1897, rta.

      el 18/6/99; entre muchas otras). Criterio que con posterioridad fue adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "ROMERO CACHARANE, H.A. s/ejecución" (Fallos 327:388, rta. el 9/3/04).

      Allí, la Corte sostuvo que el principio de judicialización de la etapa ejecutiva de la pena "significó, por un lado, que la ejecución de la pena privativa de libertad, y consecuentemente, las decisiones que al respecto tomara la autoridad penitenciaria debían quedar sometidas al control judicial permanente, a la par que implicó que numerosas facultades que eran propias de la administración requieran hoy de la actuación originaria del juez de ejecución" -del voto del Dr.

      Fayt-. Y que "uno de los principios que adquiere especial hálito dentro de las prisiones es el de legalidad, ello por cuanto la manera en que las autoridades penitenciarias le dan el contenido concreto al cumplimiento de la pena dispuesta por la autoridad judicial y sus sucesivas alteraciones, pueden implicar una modificación sustancial de la Fecha de firma: 30/11/2016 Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: M.H.B., JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION 5 Firmado por: A.M.F. Firmado(ante mi) por: M.A.E., PROSECRETARIA DE CÁMARA #24630056#167306330#20161130155610241 condena, y por lo tanto, queda a reguardo de aquella garantía" -del voto conjunto de los doctores Z. y M.-.

      Estos principios, de control judicial y de legalidad, se encuentran explícitamente consagrados en la ley 24.660. El art. 3 indica que "La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control judicial. El juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley". Y el art. 4 confiere competencia al Juez de Ejecución para "resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado alguno de los derechos del condenado".

      Estas consideraciones resultan aplicables al caso de autos, en el que se impugnas las sanciones disciplinarias impuestas a Y.R.M..

    2. En cuanto a las sanciones disciplinarias impuestas a los internos por la autoridad penitenciaria, he sostenido en diversos precedentes que dado que el derecho administrativo sancionador también es una manifestación del ordenamiento punitivo del Estado, los...

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