Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 7 de Julio de 2021, expediente FMZ 002399/2021/1/CA001

Fecha de Resolución 7 de Julio de 2021
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

FMZ 2399/2021/1/CA1

Mendoza, julio de 2021.

Y VISTOS:

Los presentes autos FMZ n° 2399/2021/1/CA1, caratulados:

INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN de PAPA LAZZARO, P. por

FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS

, venidos del Juzgado

Federal nº 3 de Mendoza, a esta S. “A”, a los fines de resolver el recurso de

apelación interpuesto por la Defensa del imputado P.P.L., contra la

resolución de fecha 29/04/21;

Y CONSIDERANDO:

1º) Que la Dra. M.E.Q., en representación del

encartado P.P.L., interpuso recurso de apelación contra el decisorio

del señor Juez de Primera Instancia del Juzgado Federal nº3 de Mendoza, por el

que denegó el pedido de excarcelación impetrado a favor de su pupilo, el que fue

concedido en fecha 03/05/2021.

En tal oportunidad, señaló que la resolución judicial atacada no

encuentra asidero alguno en la presente investigación, como así tampoco, las

explicaciones vertidas en el resolutorio cuestionado logran justificar las razones

por las que se aplica la medida de coerción más gravosa del proceso penal.

Indicó que el decisorio puesto en crisis es arbitrario, puesto que se

aparta de la normativa convencional y constitucional vigente, en cuanto lesiona el

principio de inocencia y el derecho de permanecer en libertad durante el proceso,

al omitir la adopción de otras medidas alternativas al encarcelamiento cautelar, tal

como lo establecen las normas de aplicación en la materia. Todo ello, con el solo

fin, de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la

investigación, en donde la prisión preventiva tiene el carácter de ultima ratio.

Asimismo, advirtió que del análisis de los diferentes instrumentos

internacionales, se deduce que el Tribunal, al momento de analizar el pedido de

excarcelación, realizó una interpretación de los arts. 210, 211 y 222 del CPPF que

no se ajusta a las constancias del expediente, sobre supuestos teóricos y conjeturas

que no tienen basamento fáctico ni normativo y que vulneran derechos

constitucionales del Sr. P.L..

Resaltó que el juzgador interviniente acudió a la prisión preventiva

en prima ratio a efectos de justificar el accionar persecutorio sobre una persona

que se identificó verazmente cuando fue detenido por los policías que lo

estuvieron controlando durante la supuesta ejecución de la maniobra delictiva; o

Fecha de firma: 07/07/2021

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: R.H.M., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

35404395#294376747#20210707075727872

sea, fue un delito experimental, que jamás se consumó y se lo ha tenido por

consumado solo por el traspaso de competencia provincial a la federal.

Respecto al arraigo domiciliario de su defenso, aclaró que es una

consecuencia de su situación de vulnerabilidad económica, ya que al no poder

pagar un alquiler no puede establecer un domicilio fijo. Además, admitió que

carece de arraigo laboral.

Asimismo, dijo que el magistrado no tuvo en cuenta, que Papa

L. si tiene una familia, posee tres hijos menores de edad y que, si bien, no es

una familia tradicional en donde la pareja vive junto a sus hijos, si los tiene y a su

manera cumple con sus obligaciones paternas.

Por otra parte, aseguró que su pupilo no tiene pasaporte ni medios

económicos que le posibiliten abandonar el país, ni tampoco trasladarse dentro de

éste. Agregó que, en el actual contexto de pandemia, la única posibilidad cierta es

que el imputado sea alcanzado por una enfermedad en el establecimiento

penitenciario en el que está alojado arbitrariamente.

Por otro lado, sostuvo que es imposible que el Sr. P.L.

cometiera el delito que se le pretende atribuir, porque todo el tiempo el peligro

sobre los supuestos bienes jurídicos afectados estuvo neutralizado por el accionar

de la Policía de Mendoza, quienes habían tomado contacto con P.L.. Es

decir, los agentes policiales actuantes en rol de supuestas víctimas actuaron como

agentes provocadores lo que torna imposible la actividad delictiva del imputado.

Afirmó que el juzgador no realizó un doble examen de verificación

del peligro procesal, a fin de constatar, en primer término, la concreta evidencia

de algún peligro procesal contemplado en el sistema normativo; y, en segundo

lugar, determinar por qué no se puede neutralizar ese peligro con un medio menos

gravoso que el encarcelamiento, ya que es evidente que no existe posibilidad de

que el Sr. P.L. se vaya a fugar ni a entorpecer la investigación, por las

razones que se pasan a mencionar y que no fueron contempladas por el Tribunal.

2º) Que, elevado el expediente a esta Alzada, en ocasión de fijarse

la audiencia que prevé el art. 454 del C.P.P.N. (texto según ley 26.374), las partes

fueron notificadas de la providencia por la que ésta Cámara, mediante Resolución

N° 14.487, dictada en virtud de la actual situación sanitaria producto de la

pandemia generada por el virus COVID19, suspendió las audiencias orales y en

su lugar se dispuso que las partes comparezcan mediante apuntes sustitutivos, los

que lucen agregados digitalmente por la Defensa Técnica, quien mantuvo el

recurso y amplió los argumentos formulados en el escrito recursivo y por el

Ministerio Público Fiscal, el Sr. Fiscal General, Dr. D.V., quien dictaminó

Fecha de firma: 07/07/2021

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: R.H.M., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

35404395#294376747#20210707075727872

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

FMZ 2399/2021/1/CA1

por el rechazo del recurso incoado, cuyos argumentos damos por reproducidos en

honor a la brevedad procedimental.

3º) Que, analizadas las presentes actuaciones, este Tribunal se

encuentra en situación de dictar el correspondiente veredicto y sus fundamentos,

el que se expide en concordancia con las valoraciones efectuadas por el Sr. Juez

aquo. Así, se considera que corresponde rechazar el recurso de apelación incoado

por la defensa técnica del imputado y, en consecuencia, confirmar la resolución

dictada por el magistrado de grado y mantener a P.P.L. en el mismo

estado de detención en el que se halla.

Ab initio cabe poner de resalto que, si bien, en materia de libertades

personales, Nuestra Carta Magna consagra el derecho a la libertad física y

ambulatoria, como atributo fundamental de todos los hombres, así como el deber

de respetar el principio de inocencia del que goza toda persona hasta que un juicio

respetuoso del debido proceso demuestre lo contrario mediante una sentencia

firme (art. 14 y 18 CN), lo cierto es que estas libertades no son absolutas y pueden

verse relativizadas, si se comprueba la existencia de causas objetivas que hicieren

presumir al juez que la persona sometida a proceso criminal intentará eludir la

acción de la justicia o entorpecerá el curso de la investigación judicial.

Precisamente éste fue el criterio adoptado por el legislador en el

artículo 280 del CPPN, mediante el cual estableció los principios generales que

deben observar todas las medidas de coerción y, en particular, la restricción a la

libertad personal, la cual sólo podrá ser coartada “en los límites absolutamente

indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de

la ley

.

En éste orden, hemos de decir que, para la adopción de una medida

de coerción personal, corresponderá analizar...

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