Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Octubre de 2020, expediente FRE 001957/2019/TO01/2/1/CFC001

Fecha de Resolución27 de Octubre de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FRE 1957/2019/TO1/2/1/CFC1

REGISTRO N° 2124/20

la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de octubre de 2020, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de manera remota de conformidad con lo establecido en las Acordadas 27/20 de la C.S.J.N. y 15/20 de este Cuerpo, para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la presente causa FRE 1957/2019/TO1/2/1/CFC1,

caratulada “CALDERÓN, G.E. s/recurso de casación”, de la que RESULTA:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Provincia del Chaco, con fecha 14 de agosto de 2020, resolvió -en cuanto aquí interesa-:

I. HACER LUGAR al planteo de inconstitucionalidad efectuado por el Sr. Defensor Público Oficial, Dr.

J.M.C., en ejercicio de la representación legal del condenado G.E.C., D.N.

I. Nº 38.193.866.

II. DECLARAR la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis, inciso 10) de la Ley N° 24.660

y 14, inciso 10) del Código Penal, ambos textos según redacción de la Ley N° 27.375

.

II. Contra dicha decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso el recurso de casación en estudio, el que fue concedido por el a quo con fecha 7 de septiembre de 2020.

El recurrente encauzó sus gravámenes en el inc. 1º del art. 456 del C.P.P.N., fundó la procedencia formal del remedio intentado y reseñó

Fecha de firma: 27/10/2020

Alta en sistema: 28/10/2020

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los antecedentes relevantes de la causa.

Postuló la errónea aplicación de la ley sustantiva y la arbitrariedad del resolutorio impugnado.

Concretamente, a su parecer, los jueces no expusieron fundamentos válidos para sustentar la cuestionada declaración de inconstitucionalidad de los arts. 56 bis, inciso 10), de la ley 24.660 y 14,

inciso 10), del Código Penal.

Destacó el carácter excepcional y grave que reviste la señalada decisión según los lineamientos del Máximo Tribunal.

Sobre el punto, repasó la reforma introducida por la ley 27.375 y afirmó que la intención del legislador apunta, como política de estado, a neutralizar el tráfico de estupefacientes,

extremo que no resulta incompatible con las mandas constitucionales.

Explicó que, a diferencia de lo sostenido en la resolución, las disposiciones invalidadas no suponen una violación a los principios de igualdad y de razonabilidad.

A su entender, la ley fija un catálogo ex ante de delitos para los cuales, en caso de recaer condena, el legislador consideró que debía aplicarse un régimen más gravoso de cumplimiento de la pena atendiendo al particular modo en que tales actividades afectan o ponen en peligro el orden y el interés público, más concretamente, la salud pública.

Indicó que esa divergencia solo implica la Fecha de firma: 27/10/2020

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previsión normativa de un modo de ejecución de la pena acorde a la gravedad de los hechos cometidos,

elaborado a través de un programa específico de carácter individual que, en tal sentido, no altera en lo sustancial la progresividad de la pena, es decir, persigue la misma finalidad de reinserción social del condenado.

Adujo también que no se produce violación alguna al principio de culpabilidad, pues no se trata de un castigo por cuestiones subjetivas, sino de una evaluación objetiva y formal de la responsabilidad personal del imputado por la comisión del delito.

Finalmente, expresó que las pautas contenidas en la ley 27.375 se encuentran dentro del ámbito de las atribuciones de política legal reservadas al Poder Legislativo, respecto de las cuales no corresponde al Poder Judicial evaluar su acierto, mérito o conveniencia.

Citó jurisprudencia en apoyo de su postura y formuló reserva del caso federal.

III. En la etapa prevista por el art. 465

bis -en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N.

(ley 26.374)-, el representante del Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica particular presentaron por escrito breves notas sustitutivas de la audiencia establecida por dicha normativa, de conformidad con lo proveído con fecha 16 de octubre del corriente.

IV. Superada dicha etapa procesal y practicado el sorteo de estilo, quedaron las Fecha de firma: 27/10/2020

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actuaciones en condiciones de ser resueltas.

El señor juez J.C. dijo:

I. El recurso de casación interpuesto es formalmente admisible, habida cuenta de que se trata de una resolución equiparable a definitiva (art. 457

del C.P.P.N.), el recurrente se encuentra legitimado para impugnarla y sus agravios encuadran dentro de los motivos previstos por el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

Asimismo, se encuentran involucradas cuestiones de naturaleza federal que imponen su tratamiento en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 328:1108, que ha erigido a esta Cámara Federal de Casación como tribunal intermedio y la ha declarado facultada para conocer previamente en todas aquellas cuestiones de tal naturaleza y que pretendan someterse a su revisión final, con prescindencia de obstáculos formales (cfr. “Di Nunzio”, considerando 11°), constituyéndose de esta manera en tribunal superior de la causa para la justicia federal en materia penal.

Finalmente, estimo que se han cumplido en el caso las previsiones del art. 463 del C.P.P.N.

II. Como quedó reseñado en los párrafos precedentes, la defensa de G.E.C. planteó la inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley 24.660 (según ley 27.375), en cuanto dispone, en lo que aquí interesa, que la libertad condicional no se concederá a quienes sean condenados por los delitos previstos en los Fecha de firma: 27/10/2020

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artículos , y de la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia acogió favorablemente la pretensión y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 56

bis, inciso 10), de la ley 24.660 y 14, inciso 10),

del Código Penal.

Para así decidir expresó que de la redacción del art. 56 bis de la ley 24.660 -texto según ley 27.375- se advierte que el legislador no hace distingo en cuanto al grado de participación, o al de consumación del delito, o al quantum de la pena impuesta. Además, consideró que en los fundamentos del proyecto original de reforma no se hallan tampoco explicaciones sobre el porqué de la inclusión de tal artículo.

En ese sentido, estimó “…procedente la declaración de inconstitucionalidad del texto legal citado por conculcar los principios constitucionales de igualdad ante la ley y razonabilidad (artículos 16 y 28 de la Constitución Nacional)”.

Luego, discurrió sobre el fin resocializador de la pena privativa de la libertad y consideró que la prohibición de acceso a los regímenes de ejecución correspondientes al período de prueba constituye una discriminación irracional e injustificada entre detenidos por delitos ordinarios y delitos previstos en la ley 23.737 que pone,

además, en planos similares a delincuentes primarios y reincidentes.

Por su parte, sostuvo que “…la vulneración Fecha de firma: 27/10/2020

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al principio de progresividad se presenta de manera palmaria en la evolución que, de forma gradual, debe darse dentro del régimen de ejecución de la pena de G.E.C., ello por cuanto, cabe recordar, la denegatoria sólo hallaría sustento en orden al delito por él cometido”.

Sobre los argumentos del fiscal con relación al régimen preparatorio para la liberación del artículo 54 quater de la ley 24.660, valoró que tal sistema no respeta las características puras de la progresividad que, en su lugar, demanda una liberación anticipada sobre la base del desenvolvimiento y la evolución conceptual del condenado.

Con tales fundamentos, entendió que se configura en el caso la situación excepcional que amerita la declaración de inconstitucionalidad de la norma.

III. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas llevan, en principio, la presunción de validez (Fallos:

263:309).

En ese lineamiento, el Alto Tribunal ha establecido que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la ley fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a Fecha de firma: 27/10/2020

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ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia;

únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional...

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