Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 14 de Marzo de 2019, expediente FCB 049862/2017/1/CA001

Fecha de Resolución14 de Marzo de 2019
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

FCB 49862/2017/1/CA1

Córdoba, 14 de marzo de 2019.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “Incidente de devolución en autos MENCHACA, J.L. por inf. ley 24.769” E..

49862/2017/1/ca1 venidos a conocimiento de la Sala A de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la doctora G.V.C., en ejercicio de la defensa técnica de J.L.M., en contra de lo resuelto con fecha 15.08.2018 por el señor J. Federal de La Rioja en cuanto dispuso: “

  1. No hacer lugar a la restitución del dinero secuestrado en acta de procedimiento de fs. 3/4 de autos principales (art. 231

    del CPPN y 23 del CP)…”.

    Y CONSIDERANDO:

  2. Con fecha 19.04.2018, la doctora G.V.C., en ejercicio de la defensa técnica del imputado J.L.M. solicitó la entrega de la suma de pesos ochocientos cincuenta y nueve mil ($859.000) de propiedad de su representado, incautado el día 3.10.2017,

    por considerar que en autos consta la venta de un acoplado y las declaraciones juradas que ponen de manifiesto la actividad comercial de su defendido, lo que demostraría que no se ha infringido la ley (fs.1).

  3. Mediante resolución de fecha 15.08.2018, el señor J. Federal de La Rioja resolvió no hacer lugar a la devolución solicitada por considerar que la medida de secuestro satisface el principio de legalidad (arts. 231 y 238 del CPPN) y de proporcionalidad previstos en el ordenamiento legal. Asimismo, entendió que el secuestro se presenta idóneo toda vez que la instrucción se encuentra en pleno desarrollo.

    Fecha de firma: 14/03/2019

    Alta en sistema: 21/03/2019

    Firmado por: G.S.M., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: EDUARDO AVALOS,

    Firmado por: I.M.V.F.

    Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, SECRETARIA DE CÁMARA

    Por lo expuesto, resolvió denegar la devolución del dinero solicitado por la defensa de J.L.M. (fs. 5/7).

  4. Con fecha 21.08.2018 la doctora G.V.C., interpuso recurso de apelación en contra del resolutorio mencionado supra, por entender que en el caso de autos no se dan los supuestos normativos en la ley sustantiva y adjetiva.

    Asimismo, consideró que el dinero secuestrado no fue utilizado para la comisión de ningún delito y tampoco existen indicios en autos de que hubiera provenido de los beneficios económicos del actuar delictivo del imputado.

    Agregó que no existe ni la legalidad ni la proporcionalidad invocada por el agente fiscal, a la cual adhiere erróneamente el juez de instrucción, transformando de esta manera el secuestro y posterior retención de bienes de su defendido en ilegal y confiscatorio, ocasionándole un grave daño a los derechos constitucionales de su defendido.

    Por ello, solicita se restaure la legalidad en los presentes autos, debiendo revocarse la resolución apelada y ordenando la devolución del dinero ilegalmente secuestrado y retenido a su defendido (8/14).

  5. Radicados los autos en esta Alzada, la doctora C. presentó el informe escrito previsto en el art. 454 el C.P.P.N. a los cuales se remite por cuestiones de brevedad (fs. 20/24).

  6. Entrando a analizar la cuestión de fondo y de acuerdo al sorteo realizado para determinar el orden de votación a fs. 26:

    La señora J. de Cámara, doctora G.S.M. ,

    dijo:

    Avocada al estudio de las presentes actuaciones corresponde decidir, en base a los agravios señalados por la Fecha de firma: 14/03/2019

    Alta en sistema: 21/03/2019

    Firmado por: G.S.M., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: EDUARDO AVALOS,

    Firmado por: I.M.V.F.

    Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, SECRETARIA DE CÁMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

    FCB 49862/2017/1/CA1

    parte recurrente y las constancias reunidas en autos, si corresponde o no hacer lugar devolución del dinero solicitado por la defensa del imputado J.L.M..

    En primer término, es propicio recordar las reglas y principios aplicables en materia de medidas cautelares,

    tendientes a garantizar los fines del proceso penal.

    En tal sentido, el sistema de cautela en el proceso se asienta en la necesidad de contar, hasta su finalización,

    con determinados elementos materiales cuyo desvanecimiento lo tornaría ineficaz en sí mismo o, bien, ilusoria la reparación del daño patrimonial ulterior o el cumplimiento de una sentencia judicial.

    De este modo, el fundamento de las medidas cautelares es, esencialmente, prevenir los daños que la duración del proceso pueda acarrear -sin descuidar el carácter excepcional y provisorio-. Ello, con las limitaciones constitucionales derivadas del estado de inocencia del que goza todo justiciable hasta el dictado de sentencia firme que determine su culpabilidad en relación a los cargos formulados.

    Cabe agregar que una de las principales características de las medidas coercitivas en cuestión es la accesoriedad respecto del proceso principal. De esta forma, a la hora de resolver sobre su procedencia ha de apreciarse los hechos y sus circunstancias, con la clara conciencia de la posible irreparabilidad del perjuicio que habría de seguirse en caso de no adoptarse la medida de resguardo preliminar y,

    quizá, de la misma irreparabilidad de adoptársela, pero sin olvidar los derechos que le asisten también a un acusado o procesado en relación a las medidas precautorias que lo puedan afectar personalmente (libertad ambulatoria o patrimoniales –embargos, secuestros y otras medidas-).

    En definitiva, en el marco del proceso resulta válido disponer medidas precautorias que limiten Fecha de firma: 14/03/2019

    Alta en sistema: 21/03/2019

    Firmado por: G.S.M., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: EDUARDO AVALOS,

    Firmado por: I.M.V.F.

    Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, SECRETARIA DE CÁMARA

    temporalmente ciertos derechos individuales de raigambre constitucional para garantizar la satisfacción del interés general, como también el resultado final de la investigación penal y la ejecución de la eventual sentencia condenatoria.

    En suma, las medidas previas de coerción son susceptibles de restringir el ejercicio pleno del derecho de propiedad. De tal modo, los...

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