Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 14 de Mayo de 2020, expediente FMZ 000250/2020/1/CA001

Fecha de Resolución14 de Mayo de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B

FMZ 250/2020/1/CA1

M., 14 de mayo de 2020

VISTOS:

Los presentes autos FMZ 250/2020/1/CA1 caratulados “Incidente de

arresto domiciliario de GARRO, M.A., originarios del

Juzgado Federal de M. Nro. 1, Secretaría penal A, venidos a esta Sala

de Feria extraordinaria, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. sub

26/27 por la defensa de M.A.G., en contra de la resolución que

deniega el pedido de arresto domiciliario de fecha 11 de marzo de 2020.

CONSIDERANDO:

1) Que a fs. 26/27 la defensa de M.A.G., interpuso recurso de

apelación contra la resolución del Sr. Juez de grado, que rechazó el pedido de

arresto domiciliario solicitado, emitida el 11 de marzo de 2020.

2) Concedido el recurso de apelación y elevados los autos a Cámara, las partes

intervinientes fueron debidamente notificadas de la Resolución Nro. 14.189 de

esta Alzada, la cual fuera dictada en razón de la pandemia provocada por el

virus COVID19, y que tuvo como objeto la suspensión de las audiencias

orales, disponiéndose en su lugar la elevación de los correspondientes recursos

de apelación mediante apuntes sustitutivos.

Se agravia la defensa de M.G., en relación a que la resolución

apelada no contempla la situación fáctica manifestada por el imputado en su

ampliación, donde expuso que es su tío P.G. quien se dedica a la

compra y venta de estupefacientes.

Señala que en el domicilio de Barrio 30 de Octubre, manzana 7, Casa 19 de

Las Heras coexisten tres viviendas con funcionalidad independiente entre sí

Fecha de firma: 14/05/2020

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: P.O.Q., Secretario de Cámara #34535542#259074417#20200514132915296

(en la vivienda de atrás vive su tía S.G. junto a sus hijos menores, en la

vivienda principal, cuya puerta da a la calle vive su madre S.. É.G.

junto a sus tres hermanos menores de edad y su abuela materna, y en la

restante vive su tío P.G. junto a su novia M.C. que

cuenta con acceso independiente a la calle.

Expone que el día 3 de marzo de 2020, al momento del allanamiento,

M.G. se encontraba en el lugar donde debía estar cumpliendo el

arresto domiciliario, es decir en la vivienda de su madre, y no en la vivienda

de su tío P.G., en cuyo espacio físico fue hallado el objeto de esta

investigación.

Por ello, entiende que M.G. no ha burlado las disposiciones

ordenadas por el tribunal en ocasión de dictar la modalidad domiciliaria de su

prisión preventiva, toda vez que el verdadero comercio lo ejercía en la

vivienda colindante, su tío S.P.G., cuya actividad le resulta

completamente ajena al encartado.

Se agravia a su vez, en relación a que el a quo no ha valorado el ofrecimiento

de dos domicilios para el cumplimiento del arresto domiciliario solicitado:

Uno en Ruta 40, KM 13, del Borbollón, Las Heras, M. (el familiar a

cargo es su tía C.M., que vive junto a sus

cuatro hijos menores de edad; y el otro en Barrio 30 de Octubre Manzana 1

Casa 15, de Las Heras, M. (el familiar a cargo es la abuela paterna S..

ROSA LIRA).

Finalmente solicita que se contemple en la decisión, el estado de emergencia

sanitaria actual y con ello, las políticas de estado que en su consecuencia se

han dictado, así como las recomendaciones de organismos internaciones, de la

Comisión interamericana de Derechos Humanos.

Fecha de firma: 14/05/2020

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: P.O.Q., Secretario de Cámara #34535542#259074417#20200514132915296

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B

FMZ 250/2020/1/CA1

Solicita a su vez, valorar que el imputado en autos tiene tan solo 19 años de

edad, con lo cual debe tenerse en consideración el daño irreversible que el

encierro en un joven de dichas características puede impactar en forma

desfavorable para su futuro.

Por su parte, el Sr. Fiscal General, solicita el rechazo del recurso de apelación

interpuesto.

Considera el titular de la vindicta pública, que la resolución apelada no

presenta vicios de arbitrariedad ni carencia de fundamentación,

Entiende que, la postura asumida por el Juez a quo es correcta puesto que el

hecho acaecido el 6/3/2020 es grave, y no había transcurrido un mes desde el

otorgamiento del beneficio de arresto domiciliario en la causa 250/2020,

cuando el imputado transgredió, en principio, una de las reglas básicas de su

concesión como es la prohibición de cometer nuevos delitos, lo que impide

otorgar el beneficio que actualmente solicita, y señala un incremento en el

riesgo de fuga existente (art. 221, apartado “c”, primera parte, CPPF), en razón

de que G. ahora enfrenta dos procesos penales.

3) Que corresponde ahora, en virtud de la plataforma fáctica reseñada

precedentemente, abordar el recurso de apelación articulado por la defensa de

M.G..

En primer término, ha de señalarse que las normas en vigencia del

nuevo C.P.P.F. modifican el paradigma del sistema de excarcelación de la ley

23.984 aún vigente, consagrando la regla de la prisión preventiva como ultima

ratio, lo que constituye un sistema más acorde a los principios

constitucionales y convencionales de nuestro Estado de Derecho, donde prima

la libertad del individuo, cualquiera sea el delito y cualesquiera sean las

pruebas que avalen su existencia y su responsabilidad.

Fecha de firma: 14/05/2020

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: P.O.Q., Secretario de Cámara #34535542#259074417#20200514132915296

Es decir, que la restricción de la libertad de un imputado sólo puede

sustentarse en garantizar la comparecencia del mismo al proceso o evitar el

entorpecimiento de la investigación, sin poder limitarse ello a la invocación de

criterios automáticos abstractos y generales, sino que la decisión tiene que ser

adoptada sobre la base, en cada caso, de los principios de idoneidad,

razonabilidad, proporcionalidad y “necesariedad”, los que no solo rigen el

encarcelamiento preventivo (art. 210 inc. k), sino las otras modalidades de

restricciones que se enumeran entre los incs. a) y j) del art. 210 C.P.P.F.

Este cambio, tiende a adecuar la legislación procesal a los estándares

constitucionales, convencionales, doctrinarios y jurisprudenciales imperantes

en la materia.

En tal sentido, el art. 17 del C.P.P.F. (aún no vigente en esta jurisdicción)

sienta las bases sobre cuya verificación puede restringirse en el proceso, la

libertad del individuo, que no son otras que: a) el peligro de fuga y b) el

peligro de entorpecimiento de la investigación, ambas amenazas operan, en su

conjunto, como indicadores de riesgos procesal.

Sin perjuicio de ello, los presupuestos que indican la existencia de riesgo

procesal, sí han sido recogidos por artículos vigentes del nuevo C.P.P.F, en

particular los artículos 221 y 222, que describen los presupuestos del mismo.

Que las pautas reseñadas, plasman el estándar que surge de los informes de la

Comisión I.D.H., y los establecidos por nuestra C.S.J.N “L.F., L. 196,

XLIX...

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