Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 16 de Marzo de 2020, expediente FCB 025570/2019/1/CA001

Fecha de Resolución16 de Marzo de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 25570/2019/1/CA1

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

doba, 16 de marzo de 2020.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “Incidente de excarcelación de ACOSTA, F.H. en autos: ACOSTA,

F.H. y otra s/infracción ley 23.737” (FCB

25570/2019/1/CA1), venidos a conocimiento de la Sala “B” de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto con fecha 24.07.2019 por la defensa del imputado F.H.A. en contra de la resolución dictada con fecha 04.07.2019 por el señor Juez Federal N°2

de Córdoba, en cuanto dispuso: “Denegar el beneficio de excarcelación al imputado F.H.A., ya filiado en autos, de conformidad a lo prescripto por los arts. 317

inc. 1° en función del 316, segundo párr., 2° supuesto –a contrario sensu- y 319 del Código Procesal Penal de la Nación...”.

Y CONSIDERANDO:

El señor Juez de Cámara doctor L.R.R. dijo:

Que en los autos principales caratulados:

ACOSTA, F.H. y otra s/infracción ley 23.737

, en el día de la fecha esta Sala dispuso “...Por mayoría: V.

REVOCAR la prisión preventiva dispuesta por el Juez Federal N° 2 de Córdoba en contra de F.H.A. (D.N.

I. 38.267.072), ordenando su inmediata libertad,

debiendo el Juez Instructor disponer de manera individual o combinada, las medidas de coerción menos gravosas estipuladas en los incisos a), b), c), d), f), g), h), i)

y j) del art. 210 del C.P.F., a los fines de asegurar el “doble conforme judicial” (conforme art. 8 de la C.A.D.H,

18 y 75 inc. 22 de la C.N. art. 31, 317, 319 del C.P.N.

y art. 210, 221 y 222 del C.P.F.).

Fecha de firma: 16/03/2020

Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #33794081#249196447#20200316130011548

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al postular que “sus fallos deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta -aunque aquéllas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal”

-Fallos 285:353; 310:819; 313:584; 325:2177, entre otros-,

corresponde declarar abstracto el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la defensa del imputado F.H.A.. Así voto.

El señor Juez de Cámara doctor A.S.T. dijo:

I. Acerca del asunto sometido a revisión en autos, debo señalar que disiento con la solución propiciada por el señor Juez preopinante.

Ello, en atención de que en los autos principales caratulados: “ACOSTA, F.H. y otra s/Infracción Ley 23.737” me pronuncié a favor de confirmar la prisión preventiva dispuesta por el Juez Federal N° 2 de Córdoba en contra del nombrado.

En tal sentido, corresponde resolver sobre la procedencia del recurso de apelación articulado en contra de la resolución dictada por el Juez Federal N° 2 de Córdoba en cuanto dispuso denegar la excarcelación a F.H.A..

a) DEL MARCO NORMATIVO

En atención a la cuestión traída a estudio en el presente, estimo conveniente traer otra vez a colación la postura e interpretación asumidas por el suscripto en torno al encarcelamiento preventivo desde el fallo “BOTTERI,

R.R.

(Lº 268, Fº 109), del 05.07.2007, en adelante (puede consultarse, en tal sentido “GAUNA, A.” —L° 270

F° 85—; “PIETROBÓN, A. —L° 272 F° 8—).

De manera preliminar, se estima de interés abordar la cuestión con un análisis de las normas que en el Fecha de firma: 16/03/2020

Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #33794081#249196447#20200316130011548

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Código Procesal Penal de la Nación contemplan la “eximición de prisión”, advirtiendo entonces que el principio rector en la materia es el de la libertad del imputado en el proceso, admitiendo restricciones en los casos expresamente contemplados, tal como puede leerse en el dispositivo del art. 280 del Código de Rito.

Sobre esa base, bajo el título “Exención de prisión. Procedencia”, el artículo 316 del Código de Forma establece que “Toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre y hasta el momento de dictarse la prisión preventiva, podrá, por sí o por terceros, solicitar al juez que entienda en aquélla su exención de prisión. El juez calificará el o los hechos de que se trate, y cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho (8) años de pena privativa de la libertad, podrá eximir de prisión al imputado. No obstante ello, también podrá hacerlo si estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional, salvo que se le impute alguno de los delitos previstos por los artículos 139, 139 bis, y 146 del Código Penal...”.-

Por su parte, el artículo 319 del mismo cuerpo normativo se ocupa de precisar las “Restricciones” a las cuales se deben someter los casos de eximiciones de prisión o excarcelaciones respectivamente, disponiendo –en concreto- que “Podrá negarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el art. 2° de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir,

Fecha de firma: 16/03/2020

Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #33794081#249196447#20200316130011548

fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones”.-

El cuadro normativo se completa, pues, con la disposición legal del artículo 26 del Código Penal que, en el marco del Título III y bajo la designación “Condenación condicional”, prescribe que “En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será

facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad...”.

Hay que mencionar que, a su vez, el Informe Anual Nº 1995 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

plantea al principio de inocencia como presunción que juega a favor del acusado de un delito, según la cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal en sentencia firme. De este modo,

para establecer la responsabilidad penal del imputado, el Estado debe probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable (Capítulo III – Perú, 10.970).

Sin duda que la máxima en virtud de la cual el justiciable no es considerado culpable hasta que una sentencia judicial firme así lo indique, tras la sustanciación de un proceso regular, equivale a decir –ni más ni menos- que durante el desarrollo del proceso judicial el acusado debe ser tratado como un inocente (cfse. POVIÑA, F., La garantía de la libertad del imputado durante el proceso penal y la prisión preventiva,

Rev. La Ley, Suplemento Penal 2007, p. 10).

Fecha de firma: 16/03/2020

Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara #33794081#249196447#20200316130011548

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Ahora bien, semejante tratamiento del imputado a lo largo del proceso no significa que no se apliquen sobre él medidas de coerción de ninguna naturaleza, sino –antes bien- que la imposición de éstas se ve seriamente restringida a raíz del mentado principio de inocencia. En efecto, la afirmación de que el imputado no pueda ser sometido a una pena y, por ende, no pueda ser tratado como culpable hasta que una sentencia firme así lo declare,

constituye el principio para expresar los límites de las medidas de coerción procesal contra el acusado (cfse.

MAIER, J.B., Derecho procesal penal, Ed. E., Bs.As.,

1960, p. 512).

Si bien las medidas de coerción procesal suponen la utilización del poder estatal para privar a los individuos de derechos garantizados por el orden jurídico,

en vista del análisis que se efectúa resulta necesario diferenciarlas de las medidas de coerción material.

Ambas clases de medidas coercitivas tienen en común las características que informan a toda coerción del Estado, esto es, el uso de la fuerza pública y –

paralelamente- la privación de ciertos derechos jurídicamente reconocidos y amparados. La diferencia entre uno y otro tipo de medidas estriba en los fines que persiguen el Derecho penal y el Derecho procesal penal.

Así, por un lado, mediante la imposición de una...

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