Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA N° 1, 14 de Abril de 2020, expediente FBB 018877/2018/1/CA001

Fecha de Resolución:14 de Abril de 2020
Emisor:CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA N° 1
 
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Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 18877/8/1/CA1 – Sala de Feria – Sec. 1

Bahía Blanca, 14 de abril de 2020.

VISTO: Este expediente nro. FBB 18877/2018/1/CA1, caratulado: “INCIDENTE

DE EXCARCELACIÓN… EN AUTOS: ‘LEZCANO, LUCAS JOSÉ

P/INFRACCIÓN LEY 23.737 (ART. 14)’”, originario del Juzgado Federal de Santa

Rosa, La Pampa, puesto al acuerdo para resolver sobre el recurso de apelación

interpuesto a fs. sub 18/19 vta. contra la resolución de fs. sub 16/17 vta.

El señor J. de Cámara, doctor P.A.C.M.,

dijo:

1ro.) A fs. sub 16/17 vta. el señor J. de grado no hizo lugar

al pedido de excarcelación formulado por la defensa de L.J.L., bajo

ningún tipo de caución.

2do.) Contra la referida resolución interpuso recurso de

apelación su Defensor particular a f. sub 18/19 vta., y a fs. sub 22/25 vta. presentó el

informe previsto en el art. 454 del CPPN (Acs. CFABB N° 72/08, 47/09 y 8/16).

Sostuvo, en síntesis, que la resolución en crisis confronta con garantías de rango

constitucional como el derecho a la libertad y la presunción de inocencia; como así

también con los principios rectores de las medidas cautelares como son los de

excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Asimismo, manifestó

que el auto recurrido contraría antecedentes de la CSJN y estándares internacionales

impuestos por la CIDH.

Alegó que no fueron invocados con seriedad el peligro en la

demora y el entorpecimiento de la investigación, únicas circunstancias que habilitan

mantener bajo encierro a un imputado durante el proceso.

3ro.) El representante del Ministerio Público F. tomó

intervención a fs. sub 26/28, propiciando el rechazo del recurso.

4to.) Ante todo, corresponde señalar que, a los fines de

resolver un planteo como el que nos ocupa, deberán tenerse presente las

modificaciones introducidas respecto a las medidas de coerción previstas en los arts.

210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal (ley 27.063) cuya implementación

parcial ha sido dispuesta recientemente a través de la Resolución Nº 2/19 de la

Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del mencionado código

(publicado en el B.O. el 19/11/2019).

Fecha de firma: 14/04/2020

Alta en sistema: 15/04/2020

Firmado por: DRES. P.E.L.-.P.A.C.M., Jueces de Cámara Firmado(ante mi) por: N.A.Y., SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 18877/8/1/CA1 – Sala de Feria – Sec. 1

En este sentido, el CPPF estableció pautas concretas para

regular las restricciones de la libertad durante el proceso en sus arts. 16 y 17,

permitiendo tal restricción en aquellos casos en que exista peligro de fuga o de

entorpecimiento.

El art. 210 del citado cuerpo enumera una serie de medidas

restrictivas a las que se puede recurrir para el aseguramiento del proceso ante los

supuestos descriptos en los art. 221 y 222, estableciendo normativamente un grado

de progresividad y jerarquía de estas medidas que el juzgador debe contemplar en

todos los casos y que colocan a la prisión preventiva como una opción de ultima

ratio.

De esta manera y según el panorama actual, para evaluar la

existencia de peligro de fuga se deberá tener en consideración el arraigo, las

USO OFICIAL

circunstancias y naturaleza del hecho, el comportamiento del imputado durante el

procedimiento (art. 221 del nuevo CPPF); para analizar la posibilidad de entorpecer

la investigación, se deberán tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen

la grave sospecha de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o

falsificará elementos de prueba, o intentará asegurar el provecho del delito o

continuará su ejecución, hostigará o amenazará a la víctima o a testigos, y considerar

la posibilidad...

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