Incidente Nº 1 - IMPUTADO: GALLO, JOSE ALFREDO s/INCIDENTE DE EXCARCELACION

• Número de expediente: FSM 085048/2019/TO01/1
• Fecha: 11 Septiembre 2019
• Número de registro: 244027850

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 1 FSM 85048/2019/TO1/1 Olivos, 11 de septiembre de 2019.

AUTOS:

Para resolver en la presente causa FSM 85048/2019/TO1

(registro nro. 3543) caratulada “J.A.G.

SOBRE SOBRE INF. ART. 277, PUNTO 3, INC A DEL

CÓDIGO PENAL”, respecto de la solicitud de excarcelación

efectuada por la defensa de J.A.G.; VISTOS:

1. La presente incidencia reconoce su génesis en virtud de la

   OFICIAL presentación efectuada por la Dra. N.V.G., que luce

   USO a fs. 66/70, mediante la cual solicitó la excarcelación de José Alfredo

   G..

   Refirió que, en virtud de la denominada presunción de

   inocencia, G. debía ser considerado un ciudadano inocente y

   consiguientemente las medidas de coerción que se dictaran en su

   contra debían ser de carácter excepcional.

   Expresó que conforme lo establecía la Comisión

   Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe 35/07, para

   fundar el encarcelamiento preventivo debían verificarse ciertos

   supuestos como mérito sustantivo, fin procesal, excepcionalidad,

   provisionalidad, proporcionalidad y plazo razonable que no se

   cumplirían en el caso de autos.

   En relación al mérito sustantivo expresó que el hecho de que

   existieran en la casa pruebas suficientes como para sujetar al

   imputado al proceso penal no era suficiente para dictar la prisión

   preventiva.

   Por otro lado y con respecto al peligro procesal manifestó

   que era un requisito que el magistrado debía probar y que la

   detención cautelar no podía cimentarse en criterios sustanciales (como

   ser la gravedad del delito) ya que resultaría ser un adelanto de pena y

   Fecha de firma: 11/09/2019 Firmado por: D.O.G., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: P.B.E. , SECRETARIO DE CÁMARA #34077068#244027850#20190911151539790 destruiría claramente las garantías de presunción de inocencia y de

   jurisdiccionalidad.

   En relación al peligro procesal refirió que tal requisito no

   podía presumirse y que el titular de la vindicta pública debía probar,

   en base a datos objetivos que el imputado eludirá la acción de la

   justicia o entorpecerá la investigación.

   Sobre el punto, dijo que no era posible presumir el peligro

   procesal, ya que esto llevaría a la consecuencia de que en

   determinados casos se encarcelaría preventivamente aún cuando no

   exista un peligro procesal concreto.

   Refirió que era indispensable destacar que sea que se

   trate de una presunción iure et de iure, como de una presunción iuris

   tantun en ambos casos se establece una presunción ilegítima y

   contrarias al principio de inocencia.

   En el caso en concreto referenció que J.A.G.

   contaba con un arraigo ya que fijaba como domicilio el de la calle

   Almirante Brown nro. 1706, de la localidad de J.I.,

   partido de Tres de Febrero, por lo que no existía peligro procesal

   alguno y, por ende, no había posibilidad que el imputado eludiera el

   accionar de la justicia o entorpeciera la investigación.

   Asimismo, la Dra. G. manifestó que siempre la pena

   (en abstracto y en concreto) debía guardar proporcionalidad con el

   grado de injusto revelado por la acción o por el supuesto hecho

   tipificado y con la afectación (por lesión o por peligro) e importancia

   del bien jurídico.

   Refirió que, en el caso de autos, el máximo de la escala era

   menor a ocho años y el mínimo permitía la condena de ejecución

   condicional por lo que la escala punitiva satisfacía los requisitos

   objetivos para conceder la excarcelación.

   Finalmente la letrada, citó la doctrina y jurisprudencia que

   consideró pertinente para fundar su posición.

   Fecha de firma: 11/09/2019 Firmado por: D.O.G., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: P.B.E. , SECRETARIO DE CÁMARA #34077068#244027850#20190911151539790 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 1 FSM 85048/2019/TO1/1 II. Corrida que fue la vista, el F. General Federal

   reprodujo la valoración efectuada a fs. 16/17 en cuanto a la

   estimación, por la justicia provincial, que debido a la gravedad del

   hecho génesis de la pesquisa se presumía (en fecha 22/8/2018) que en

   caso de dictarse sentencia condenatoria la misma no podría ser de

   cumplimiento condicional (fs. 79/80 del presente incidente)

   Agregó que dicha denegatoria fue confirmada hace casi un

   año (fs. 51/53 de este incidente)por la Cámara interviniente, que

   consideró a esa época que restaban llevarse a cabo diligencias de

   prueba.

   Además, refirió que desconocía los resultados de las medidas

   de prueba e indicó que en forma previa a decidir la eventual liberación

   se deberá recabar la información pertinente a la justicia provincial y,

   para el caso que la situación sea la misma que al dictarse la resolución

   de fs. 892/899 y 927/932 de los autos principales y 16/17 y 51/53 de

   este incidente de excarcelación, se fije una caución real con la

   finalidad a la que se refiere el artículo 320 del C.P.P.N.

   Ello así, toda vez que primigeniamente estimó que, según la

   incompetencia decretada por la justicia provincial, el hecho descripto

   encuadra en la figura reprimida en el artículo 12 de la ley 25.891 y, en

   tales condiciones, al tener en cuenta la escala penal aplicable, la

   excarcelación del imputado resultaba procedente en los términos de lo

   normado por los artículos 316 y 317 del C.P.P.N.

3. Cabe considerar que, conforme se desprende del

   requerimiento de elevación a juicio agregado a fs. 957/979 de los

   autos principales, se le imputa a J.A.G. que en fecha

   indeterminada, pero establecida entre el día 20 de junio de 2018 con

   posterioridad a las 19:20 horas y el día 15 de agosto del mismo año,

   en un lugar también indeterminado, receptó un celular Marca

   Samsung, IMEI Nro. 358943060067320, a sabiendas del origen

   espurio del mismo, el cual se desprende de las constancias de autos

   Fecha de firma: 11/09/2019 Firmado por: D.O.G., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: P.B.E. , SECRETARIO DE CÁMARA #34077068#244027850#20190911151539790 que se encontraba en poder de N.R.L. y pertenecía a

   la firma SCAME ARGENTINA S.A., que fuera sustraído mediante la

   modalidad de robo agravado por el uso de arma de fuego y posterior

   homicidio agravado criminis causa a R.L.A. como así

   también tentativa de homicidio agravado criminis causa con respecto

   a N.R.L., el día 20 de junio de 2018, en la

   jurisdicción de D.B., Partido de la Matanza (encubrimiento

   agravado por la gravedad del hecho precedente previsto y reprimido

   por el artículo 277, punto 3, inc. “a” del Código Penal de la Nación).

   Asimismo, a fs. 1000/1002 de los autos principales el titular

   del Juzgado en lo Correccional nro. 4 del Departamento Judicial de La

   Matanza, Dr. H.A.M., por los fundamentos allí

   vertidos, declaró la incompetencia en favor de la Justicia Federal, por

   entender que, más allá de la redacción adoptada al momento del

   requerimiento de elevación a juicio, el hecho encuadraba en la figura

   prevista y reprimida por el artículo 12 de la ley 25.891, por resultar

   una normativa especial que desplaza a la general establecida en el

   artículo 277 del Código Penal.

   Dicho ello, corresponde evaluar que le asiste razón tanto a la

   Dra. G. como al Sr. Agente F. en cuanto a que, en base a la

   calificación brindada al hecho por el cual se declinara la competencia

   a favor de esta judicatura, en principio la liberación del encausado

   resulta viable de conformidad con lo normado en el art 317 inc. 1° en

   función de lo normado por el 316 segundo párrafo del C.P.P.N.

   En cuanto a la advertencia efectuada por la vindicta pública

   respecto de una primigenia estimación de condena (en caso de recaer)

   de efectivo cumplimiento, de momento se advierte que habría sido

   superada por la evaluación del propio órgano acusador, quien infiere

   que la liberación del encausado deviene procedente de conformidad

   con lo estipulado por el art. 316 del C.P.P.N. (al que remite el art. 317

   inc. 1) sin dejar de lado ninguno de los dos supuestos contemplados y

   Fecha de firma: 11/09/2019 Firmado por: D.O.G., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: P.B.E. , SECRETARIO DE CÁMARA #34077068#244027850#20190911151539790 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 1 FSM 85048/2019/TO1/1 que tal noma legal condiciona la soltura tanto a que el máximo de la

   pena privativa de la libertad no supere los 8 años como a que proceda,

   prima facie, condena de ejecución condicional.

   Es decir, en tal inteligencia, el Ministerio Público F.

   habría entendido, a esta altura, cumplidas ambas hipótesis de manera

   opuesta a la primigenia estimación que advirtiera.

   Si bien con fecha 27 de septiembre de 2018 la Cámara

   interviniente consideró posible los peligros procesales afirmados por

   su inferior jerárquico por la falta de producción de diligencias de

   prueba por lo cual confirmo la medida coercitiva imperante, cabe

   entender que además de haber transcurrido aproximadamente un año

   desde aquellas estimaciones, con fecha 3 de abril de 2019 el F.

   Juan Pablo Tahtagian dispuso, en atención al informe actuarial de la

   última prueba producida al respecto (ver fs. 955 de los autos

   principales), extraer testimonios y pasar los autos a los efectos de

   formular el requerimiento que por derecho correspondiera.

   El Sr. Agente F. actuante en la sede provincial consideró

   completa la instrucción respecto de J.A.G., circunstancia

   avalada por el Sr. Juez de Garantías interviniente, mediante el dictado

   del auto de fs. 976/984 de la causa principal que dispuso elevar la

   presente causa a juicio y respecto del imputado aludido, si bien le

   asignó al hecho una calificación más gravosa (encubrimiento

   agravado por la gravedad del hecho precedente) a la imperante.

   Así las cosas, advierto, a esta altura, que más allá de no poder

   cumplir por el plazo (que entiendo obligatorio) otorgado para emitir

   este decisorio por el artículo 331 del código adjetivo, con el

   requerimiento imperativo formulado por el señor fiscal interviniente

   para fijar la caución a imponer “deberá recabar la información

   pertinente a la justicia provincial” me encuentro en condiciones de

   decidir en cuanto al punto.

   Fecha de firma: 11/09/2019 Firmado por: D.O.G., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: P.B.E. ,...