Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Julio de 2018, expediente FBB 017103/2017/1/CFC001

Fecha de Resolución10 de Julio de 2018
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1

CFCP - Sala I FBB 17103/2017/1/CFC1 Cámara Federal de Casación Penal Registro N.. 662/18 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 10 días del mes julio de del año dos mil dieciocho, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor G.M.H. como P. y los doctores C.A.M. y A.M.F. como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa particular en esta causa nº FBB 17103/2017/1/CFC1, caratulada: “TABOADA, G.G.E. s/recurso de casación”, de cuyas constancias RESULTA:

  1. ) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, en lo que aquí interesa, resolvió: “Hacer lugar al recurso de fs. sub. 15/20 y, en consecuencia, decretar la prisión preventiva de G.G.E.T., la que deberá hacerse efectiva por el juez a quo. Disponer la reserva de las actuaciones y la suspensión de las notificaciones a las partes –con excepción del Ministerio Público Fiscal- hasta 48 hs. después de que se libre la orden de detención.”(cfr. fs. 46/vta.).

    Contra ese pronunciamiento, el señor Defensor Público Oficial del nombrado dedujo recurso de casación a fs. 52/57 vta.; el que fue concedido a fs. 59.

  2. ) La defensa particular encauzó su recurso en las previsiones de los del artículo 456, 457 y 463 del Código Procesal Penal de la Nación.

    Fecha de firma: 10/07/2018 1 Alta en sistema: 13/07/2018 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: CARLOS A. MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #30598232#209902053#20180713104628686 Consideró que conforme el criterio de la C.S.J.N.

    la resolución recurrida resulta equiparable a sentencia definitiva por ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior.

    En primer lugar señaló que el sentenciante asume un rol persecutor, al ordenar no practicar la notificación de lo resuelto, y dictar la orden de detención contra su asistido.

    En tal orden de ideas entendió que se incumplió

    con lo previsto en el art. 142 del C.P.P.N. que impone notificar las resoluciones dentro de las veinticuatro horas de dictadas.

    De mismo modo, se frustró la aplicación de la regla del art. 442 del C.P.P.N., que consagra el efecto suspensivo a la interposición de los recursos.

    Adunó que se excedió de los límites de la apelación fiscal, para ir más allá de lo reclamado por la parte y librar la orden de detención.

    Entendió que “…las consideraciones efectuadas por la alzada relativas a la cantidad de droga secuestrada y las comunicación recogidas del celular del encartado que se corresponderían con la actividad de comercialización, como pautas de riesgo procesal, siendo cuestiones que –en todo caso- se meritan al momento de decidir su situación procesal, resultan impropias para revocar la soltura que fuera oportunamente peticionada y concedida respecto de T..”

    Explicó que el sentenciante omitió valorar los aspectos concretos obrantes en autos, relacionados con los vínculos familiares, actividad laboral estable, y conducta procesal entre otros, que despejan la posibilidad de que el encartado pudiera obstruir o poner en peligro la investigación.

    Fecha de firma: 10/07/2018 Alta en sistema: 13/07/2018 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: CARLOS A. MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #30598232#209902053#20180713104628686 CFCP - Sala I FBB 17103/2017/1/CFC1 Cámara Federal de Casación Penal Resaltó que su ahijado procesal fue hallado sin ningún inconveniente, para proceder a su detención, tras haber estado más de dos meses en libertad.

    Asimismo, agregó que “…la falta de tratamiento de cuestiones oportunamente planteadas que resultaban conducentes para la decisión, y receptadas por el magistrado de grado al conceder la excarcelación del encartado […] tornan procedente el recurso por arbitrario[…]; máxime, cuando lo omitido es susceptible de incidir en la solución del juicio.”

    Por ultimo formuló expresa reserva del caso federal.

  3. ) Cumplidas las previsiones del art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N., oportunidad en que la Dra. L.B.P. presentó breves notas, de lo que se dejó debida constancia en estos autos, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas.

    Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores A.M.F., G.M.H. y C.A.M..

    La señora jueza doctora A.M.F. dijo:

  4. ) Previo a adentrarme en el tratamiento de los agravios expresados por el recurrente, entiendo oportuno efectuar una serie de consideraciones.

    En primer lugar, conforme lo he afirmado en la causa nº 14.855 “Isla, B.G.; Amarilla, O.D. s/recurso de casación e inconstitucionalidad” (reg.

    nº 19.553, del 12/12/11 de la Sala II de esta Cámara), de los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Fecha de firma: 10/07/2018 3 Alta en sistema: 13/07/2018 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: CARLOS A. MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #30598232#209902053#20180713104628686 Humanos se colige que en virtud del principio de inocencia, en el marco de un proceso penal, el imputado debe permanecer en libertad, como regla general. Dicho criterio se encuentra receptado en el artículo 280 del Código Procesal Penal de la Nación que establece como regla general que la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (arts. 18, 14 y 75 inciso 22 de la C.N., 7 y 8 C.A.D.H. y 9 y 14 P.I.D.C. y P.).

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido las razones legítimas que pudiesen justificar la prisión preventiva de una persona durante un plazo prolongado. En todos los casos debe tomarse en consideración los principios universales de presunción de inocencia y de respeto a la libertad individual.

    Considera la Comisión en su Informe 2/97 que “28.

    La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, tampoco resultan suficientes, luego de transcurrido cierto plazo, para justificar la continuación de la prisión preventiva.

    Además, debe tenerse en cuenta que el peligro de ocultamiento o fuga disminuye a medida que aumenta la duración de la detención, ya que este plazo será computado a efectos del cumplimiento de la pena aplicada en la sentencia. 29. La posibilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia debe ser analizada considerando varios elementos, incluyendo los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada”.

    Fecha de firma: 10/07/2018 Alta en sistema: 13/07/2018 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: CARLOS A. MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #30598232#209902053#20180713104628686 CFCP - Sala I FBB 17103/2017/1/CFC1 Cámara Federal de Casación Penal Los criterios allí establecidos fueron reafirmados en el Informe 86/09 (Caso 12.553, “J., J.

    y D.P.B., República Oriental del Uruguay, del 6/8/09).

    Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia -según lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 321:3630) “debe servir de guía para la interpretación del Pacto de San J. de Costa Rica” (Fallos: 318:514, consid. 11, párr. 2º)

    ha consagrado, dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9.3), pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia (8.2 del Pacto de San J. de Costa Rica y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)

    (conf. caso S.R., sentencia del 12 de noviembre de 1997...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba