Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA CIVIL, 31 de Agosto de 2023, expediente FSM 024920/2023/1/CA001

Fecha de Resolución31 de Agosto de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA CIVIL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II

Causa FSM 24920/2023/1/CA1

Incidente de apelación: ZAN, R. c/ OBRA SOCIAL

FERROVIARIA (OSFE) Y OTRO s/ LEY DE DISCAPACIDAD

Juzgado Federal de San Martín N° 1 - Secretaría N° 2

San Martín, 31 de agosto de 2023.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

  1. Llegan estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas contra la resolución del 14/06/2023, en la cual el Sr. juez “a quo” hizo lugar a la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, ordenó a la Obra Social Ferroviaria –OSFE- y a Bristol Medicine S.R.L.

    que brindaran de manera inmediata y sin interrupciones la cobertura integral en una institución de internación geriátrica a la Sra. H.J.S.; ello, conforme lo prescripto por el médico que la asistía y hasta tanto se dictara sentencia.

  2. a) Se agravió la OSFE, por entender que se la estaba obligando a otorgar una prestación que no se encontraba incluida en el Programa Médico Obligatorio.

    Afirmó que, la cobertura ordenada resultaba ser un beneficio de carácter social y no de salud médica, ajeno al deber de los Agentes del Seguro de Salud.

    Manifestó que, el resolutorio sólo se apoyaba en los dichos del accionante, quien había decidido unilateralmente la internación de su esposa en un geriátrico.

    Indicó que, no existía norma alguna que la obligara a convertirse en un prestador ilimitado de los requerimientos de los afiliados.

    Fecha de firma: 31/08/2023

    Firmado por: N.P.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.A.L., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.R., SECRETARIO DE JUZGADO

    Protestó que, la prestación se llevara a cabo con un efector no habilitado, lo que impedía el acceso al apoyo financiero del sistema de integración del fondo solidario que manejaba la Superintendencia de Servicios de Salud.

    Expuso que, en el decisorio en crisis se había omitido establecer un límite al valor de lo que el geriátrico pudiese llegar a cobrar. Así, señaló que resultaba razonable que éste fuese equivalente al valor que establecía el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (Res. 428/1999 y sus modificatorias) para la prestación “Hogar Permanente”,

    atento la edad y estado de salud de la afiliada.

    Por último, citó jurisprudencia e hizo reserva del caso federal.

    1. Por su parte, Bristol Medicine SRL se quejó

    específicamente de que el sentenciante haya dictado la medida cautelar sin haber establecido los topes del nomenclador.

    Arguyó que, para el supuesto en que debiese brindar la prestación de establecimiento geriátrico a través de un prestador ajeno, el “a quo” debió haber fijado el monto a abonar, conforme lo previsto en la Resolución M°

    Salud 428/99.

    La parte actora contestó el traslado de ambos agravios.

  3. En primer lugar, cabe señalar que no es obligación examinar todos y cada uno de los argumentos propuestos a consideración de la Alzada, sino sólo aquéllos que sean conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivos para la solución del caso (Fallos:

    Fecha de firma: 31/08/2023

    Firmado por: N.P.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.A.L., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.R., SECRETARIO DE JUZGADO

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II

    Causa FSM 24920/2023/1/CA1

    Incidente de apelación: ZAN, R. c/ OBRA SOCIAL

    FERROVIARIA (OSFE) Y OTRO s/ LEY DE DISCAPACIDAD

    Juzgado Federal de San Martín N° 1 - Secretaría N° 2

    310:1835, 311:1191, 320:2289, entre otros; este Tribunal,

    sala II, causa 1077/2013/CA3, Rta. el 23/8/16).

  4. Ello aclarado, es principio general que la finalidad del proceso cautelar, consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en una causa; y la fundabilidad de la pretensión que configura su objeto, no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el juicio principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda la relación jurídica.

    De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación de no prejuzgar que pesa sobre él, es decir, de no emitir opinión o decisión anticipada a favor de cualquiera de las partes (Fallos: 306:2062 y 314:711).

    El deslinde entre tales perspectivas de estudio debe ser celosamente guardado, pues de él depende la supervivencia misma de las vías de cautela. Ello requiere un ejercicio puntual de la prudencia a fin de evitar la fractura de los límites que separan una investigación de otra.

    Para la procedencia genérica de las medidas precautorias son presupuestos de rigor, la verosimilitud Fecha de firma: 31/08/2023

    Firmado por: N.P.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.A.L., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.R., SECRETARIO DE JUZGADO

    del derecho invocado (“fumus bonis iuris”) y el peligro de un daño irreparable (“periculum in mora”), ambos previstos en el Art. 230 del ritual, a los que debe unirse un tercero, la contracautela, establecida para toda clase de medidas cautelares en el Art. 199 del mencionado Código (Sala I, causas 601/11, 1844/11, 2131/11 y 2140/11,

    resueltas el 28/6/11, 27/9/11, 1/11/11 y 8/11/11,

    respectivamente, entre muchas; Sala II, causas FSM

    31004/2018/1 y CCF 1963/2017/1, resueltas el 4/7/18 y 1/8/18, respectivamente, entre otras). Estos recaudos se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del “fumus” se puede atenuar.

  5. En el “sub examine”, el Sr. R.Z. interpuso acción de amparo, con medida cautelar, a fin de que se ordenara a la Obra Social Ferroviaria –OSFE- y a Bristol Medicine S.R.L. que brindaran a su esposa la cobertura “al 100% de la (…) prestación ‘Internación en establecimiento geriátrico’ (…) a tenor de lo prescripto por los profesionales que la trataron y en razón de la discapacidad que sufre” (vid escrito de demanda digital,

    P..

  6. “OBJETO” y

  7. “MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA”).

    De las constancias de autos, se desprende que la Sra. H.J.S., de 78 años de edad, es afiliada de las demandadas y posee certificado de discapacidad cuyo diagnóstico es “Problemas relacionados con la necesidad de supervisión continua. A. de la marcha y de la movilidad. Demencia vascular por infartos múltiples.

    Fecha de firma: 31/08/2023

    Firmado por: N.P.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.A.L., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.R., SECRETARIO DE JUZGADO

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II

    Causa FSM 24920/2023/1/CA1

    Incidente de apelación: ZAN, R. c/ OBRA SOCIAL

    FERROVIARIA (OSFE) Y OTRO s/ LEY DE DISCAPACIDAD

    Juzgado Federal de San Martín N° 1 - Secretaría N° 2

    Disfasia y afasia. H.. Secuelas de enfermedad cerebrovascular”, con orientación prestacional en “Asistencia Domiciliaria - Prestaciones de Rehabilitación – Residencia - Transporte”.

    Asimismo, de la prescripción médica emitida por el Dr. N.S. -psiquiatra- en fecha 04/04/2023,

    surge que la paciente padece “una demencia en estado avanzado, por lo que ya resulta imposible para la familia continuar sus cuidados en domicilio”.

    Además, el citado profesional refirió que “su dependencia de asistencia para las actividades de la vida diaria es muy alta, y su deterioro cognitivo la lleva a ser altamente demandante”. Por tal motivo, indicó su internación “en establecimiento geriátrico acorde a su necesidad de cuidados” (vid certificado del 08/06/2023).

    Por otra parte, fue acreditado el reclamo extrajudicial efectuado por el amparista solicitando la prestación indicada, sin obtener respuesta de las demandadas (vid cartas documento del 31/05/2023).

  8. Ahora bien, no puede soslayarse que la cuestión atañe a valores tales como la preservación de la salud y de la vida misma de las personas, derechos estos reconocidos en los Arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional; también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 12; en el Pacto de San José de Costa Rica (Arts. 4 y 5) y en el Pacto Fecha de firma: 31/08/2023

    Firmado por: N.P.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.A.L., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.R., SECRETARIO DE JUZGADO

    Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6, Inc.

    1), los que tienen rango constitucional (Art. 75, Inc. 22).

    En este sentido, el Alto Tribunal ha destacado la obligación impostergable de la autoridad pública de garantizar el derecho a la salud con acciones positivas,

    sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos:

    321:1684 y 323:1339).

    Cabe destacar que la ley nacional de Obras Sociales -23.660-, en su Art. 3° prevé que esos organismos destinen sus recursos “en forma prioritaria” a las prestaciones de salud, en tanto que la ley 23.661 fija como objetivo del Sistema Nacional de Seguros de Salud, el otorgamiento de prestaciones que tiendan a procurar la ́ ́

    protección, recuperacion y rehabilitacion de la salud

    ;

    ́ ́

    tambien establece que tales prestaciones aseguraran a los beneficiarios servicios “suficientes y oportunos” (Arts. 2

    y 27).

    Las leyes 24.754 y 26.682, dispusieron que incluso las empresas o entidades que prestasen servicios de ́ ́

    medicina prepaga debian cubrir, como minimo, en sus planes ́

    de cobertura medico asistencial, las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, y sus respectivas reglamentaciones.

    A su vez, la ley 24.901 instituyó un sistema de ́ ́

    prestaciones basicas de atencion integral en favor de las personas...

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