Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 14 de Marzo de 2023, expediente FBB 013178/2022/1/CA001

Fecha14 Marzo 2023
Número de expedienteFBB 013178/2022/1/CA001
Número de registro631

Poder Judicial de la Nación Expte. Nº FBB 13178/2022/1/CA1 – Sala II – Sec. 1

Bahía Blanca, 14 de marzo de 2023.

VISTO: El presente expediente nro. 13178/2022/1/CA1, caratulado: “INC.

APELACIÓN... EN AUTOS: ‘M., O.H. c/ INSSJP – PAMI s/AMPARO LEY

16.986’”, proveniente del Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, para resolver la

apelación interpuesta a fs. 50/51, contra la resolución de fs. 38.

El señor Juez de Cámara, R.D.A., dijo:

  1. A fs. 38, el Sr. Juez de grado hizo lugar a la medida cautelar

    solicitada por M., O. H. ordenando al Instituto Nacional de Servicios Sociales para

    Jubilados y Pensionados (INSSJP) a que arbitre en el término de tres días los medios

    necesarios para proveerle al actor los medicamentos TAFAMIDIS MEGLUMINA 20

    mg caps. 3 envases por mes y ÁCIDO TAUROURSODEOXICOLICO 500 mg. comp

    1 envase por mes (o 250 mg. comp. 2 comp. x día 60 comp al mes), con cobertura al

    100%, conforme lo detallado por su médico tratante, por el término de 90 días o hasta

    que se resuelva en definitiva, lo que ocurra primero.

  2. Contra dicha resolución, a fs. 50/51 apeló el representante de

    la demandada, solicitando se revoque el fallo en cuestión.

    Sostiene que: a) no se configuran en el caso los recaudos

    procesales que justifiquen la procedencia de la medida; b) la medicación ACIDO

    TAUROURSODEOXICOLOLICO 500 mg. nunca se le requirió a su mandante

    administrativamente, tratándose de un medicamento que en la actualidad tiene

    cobertura por el INSSJP; c) la cautelar se identifica o superpone con el objeto de la

    acción, lo que constituye una violación al derecho de defensa de su representada, ya

    que se la obliga a cumplir con un objeto que se consagra en idénticas pretensiones que

    la de su principal 3. Corrido el pertinente traslado, la parte actora contestó los

    agravios a fs. 59/63; y, por su parte, a fs. 71/74 el representante del Ministerio Público

    Fiscal asumió la intervención que le compete, propiciando el rechazo del recurso.

  3. Conforme surge de su historia clínica el presente caso trata de

    un hombre de 69 años de edad, afiliado al INSSJPPAMI, que fue diagnosticado con

    amiloidosis cardíaca.

  4. Su médico tratante, Dr. J.S., especialista en

    cardiología, le prescribió TAFAMIDIS MEGLUMINA 20 mg y ÁCIDO

    Fecha de firma: 14/03/2023

    Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.D.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación Expte. Nº FBB 13178/2022/1/CA1 – Sala II – Sec. 1

    TAUROURSODEOXICOLICO, lo que fue debidamente solicitado en formulario de

    medicamentos tramitados por vía de excepción.

    La obra social rechazó el primero de ellos (sin referir nada del

    segundo) y expresó como fundamento que “La potencia 20 mg no está aprobada por

    ANMAT para amiloidosis cardíaca TTR. No se contempla la cobertura de esta droga

    en protocolos del Instituto para dicha patología”.

    Posteriormente, reiteró dichos pedidos, en dos oportunidades,

    por intermedio de la Defensoría Pública Oficial, los que no fueron contestados (cfr.

    documental obrante en fs. 15/34).

    USO OFICIAL

    Dicha negativa inicial, y el silencio posterior, generaron la

    promoción de un amparo, con medida cautelar, en reclamo de lo que considera su

    derecho, cuya concesión por el juez de primera instancia motiva la intervención de

    este tribunal.

  5. En cuanto a la crítica en torno a la identidad del objeto de la

    medida cautelar con la pretensión principal, es importante recordar la doctrina de la

    CSJN, respecto del objeto de las medidas como la aquí solicitada, que sostiene que “es

    de la esencia de esos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus

    proyecciones –en tanto dure el litigio– sobre el fondo mismo de la controversia, ya

    sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias

    se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían

    producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa

    o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva”

    (Fallos: 320:1633, in re “C.A., M. c/ G.G. S.R.L y

    otros”).

    Así, se ha dejado sentado que no es posible descartar el

    acogimiento de una medida cautelar peticionada cuando, como en el caso, existen

    fundamentos de hecho y de derecho que imponen expedirse provisionalmente sobre la

    índole de la petición formulada.

    Desde esta perspectiva, frente a la naturaleza de los derechos

    aquí involucrados, la identidad total o parcial entre el objeto de la medida precautoria

    y el de la acción no es –en sí misma– un obstáculo para su procedencia, en tanto se

    encuentren reunidas las exigencias que hacen a su admisibilidad.

    Fecha de firma: 14/03/2023

    Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.D.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación Expte. Nº FBB 13178/2022/1/CA1 – Sala II – Sec. 1

    A ello se suma que “[l]as medidas precautorias se decretarán y

    cumplirán sin audiencia de la otra parte” (art. 198, CPCCN), por lo que dicho trámite

    constituye una de “(…) las notas propias, esenciales, ínsitas e intransferibles de la

    institución cautelar; [pues] de otro modo, los medios de aseguramiento se tornarían

    ineficaces (…)” (cf. Colombo, C.J.–.K., C.M., Código Procesal Civil y

    Comercial de la Nación, La Ley, Buenos Aires, 2011, t. II, p. 487).

    De allí que en modo alguno pueda concluirse en la existencia de

    la pretendida vulneración del derecho de defensa de la parte apelante.

  6. Dicho esto, y en lo que hace al punto central del recurso que

    USO OFICIAL

    nos convoca, por estar frente a una medida cautelar, a fin de determinar su

    procedencia, corresponde analizar si se encuentran reunidos los requisitos impuestos

    por el artículo 230 del CPCCN.

    1. En cuanto a la verosimilitud del derecho reclamado, cabe

      señalar que quien requiere una medida precautoria corre con la carga de la prueba –

      onus probandi–, por lo que los argumentos y probanzas aportadas deben exhibir una

      consistencia que le permitan al judicante ponderar –en esta instancia provisional y

      urgente, claro está– la presencia de un orden o cálculo de probabilidades razonables de

      que, en el proceso principal, se declarará la certeza de ese derecho invocado

      (PALACIO, L.E., Derecho Procesal Civil, A.P., Buenos Aires, 2011, t.

      VIII, p. 26).

      Un derecho resulta verosímil cuando es probable, y será

      probable cuando a partir de las pruebas se tenga un nivel de conocimiento de los

      hechos desde el cual pueda estimarse que éste es real, es decir, cuando concurren

      razones para creer que existe el derecho en función de los hechos alegados y de las

      pruebas producidas.

      El actor acreditó su carácter de afiliado al INSSJP, su patología,

      consistente en amiloidosis cardíaca, la que no se encuentra cuestionada, y adjuntó las

      justificaciones médicas que avalan su estado de salud y el tratamiento propuesto por el

      profesional que lo asiste.

      En cuanto a la medicación indicada, en el resumen de historia

      clínica, su médico tratante consignó: “Por cuanto se decide iniciar tratamiento

      específico con drogas estabilizadoras, como TAFAMIDIS…dichos tratamientos se

      Fecha de firma: 14/03/2023

      Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: R.D.A., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA

      Poder Judicial de la Nación Expte. Nº FBB 13178/2022/1/CA1 – Sala II – Sec. 1

      encuentran en fase de investigación clínica por diferentes sociedades científicas, con

      resultados alentadores con disminución de la mortalidad. Se trata de una patología de

      larga data con síntomas confundidores, lo que ocasiona retraso en el diagnóstico, con

      empeoramiento de la clase funcional del paciente, y con progresión inexorable de la

      patología, con baja calidad de vida y elevada mortalidad a plazo de 4 años. De no

      iniciar tratamiento, o de su retraso depende su calidad de vida y mortalidad.

      A la justificación médica reseñada se agrega, como

      circunstancia determinante, que la obra social se limitó a rechazar sin más el pedido de

      la medicación solicitada, sin haber ofrecido alternativa alguna en reemplazo colocando

      USO OFICIAL

      al afiliado, de ese modo, en una situación de desprotección.

      Por otra parte, el Sr. M., O. H., debido a su edad, se encuentra

      amparado por la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos

      de las Personas Mayores, aprobada por la ley 27360, que no sólo establece la

      protección integral de la salud (arts. 12 y 19), sino que dispone expresamente que se

      debe “Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los

      medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud,

      incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos” (art. 19, inc. m).

      Finalmente, es imprescindible tener presente que, recientemente,

      la referida Convención adquirió jerarquía constitucional, de conformidad a lo

      disciplinado por el artículo 75 inciso 22 de la CN

      (https://www.argentina.gob.ar/noticias/laconvencioninteramericanasobre

      protecciondederechoshumanosdelas...

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