Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 25 de Octubre de 2022, expediente CAF 019929/2021/1/CA001

Fecha de Resolución25 de Octubre de 2022
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I

19929/2021 Incidente Nº 1 - ACTOR: S., D. E. DEMANDADO: EN-

AFIP-LEY 27605 s/INC DE MEDIDA CAUTELAR Juzg. n° 8

Buenos Aires, 25 de octubre de 2022.-RR

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

Las juezas C.M.d.P. y L.M.H. dijeron:

I. Que el actor promovió la presente acción declarativa de certeza contra Estado Nacional – Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a fin de obtener un pronunciamiento que declare la inconstitucionalidad de la ley 27.605 y de sus normas reglamentarias, en tanto esas disposiciones lo colocan en la ilegítima obligación de pagar el “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” —que identifica como un impuesto—, puesto que el cumplimiento de esa obligación:

(i) Posee efectos confiscatorios sobre su renta y su patrimonio,

porque representa: (a) un 84,67% de la renta obtenida en el año 2020 de los bienes sujetos a esa imposición; (b) un 131,39% de esa renta si se lo considera conjuntamente con la obligación del impuesto sobre los bienes personales de ese período; (c) un 152,89% si se agrega la incidencia del impuesto a las ganancias de ese período; y (d) un 6,37% del patrimonio,

si se lo considera conjuntamente con la obligación del impuesto sobre los bienes personales, y de un 7,41% si se adiciona el impuesto a las ganancias.

(ii) Es contraria a los principios de razonabilidad, de igualdad, de reserva de ley, y de seguridad jurídica.

En ese marco solicitó que se le conceda, una medida cautelar que ordene a la AFIP (Dirección General Impositiva —DGI) que se abstenga de “iniciar, promover o proseguir toda acción administrativa y/o judicial a los fines de llevar adelante la recaudación del [aporte],

hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos actuados (…) de Fecha de firma: 25/10/2022

Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZA DE CAMARA

Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

llevar adelante actos que aflijan el patrimonio o la persona de mi representado para presionarlo, tales como la solicitud de medidas cautelares, la suspensión de sus constancias de inscripción o la colocación de “marcas” en la CUIT, la aplicación de una mala calificación en el SIPER o, inclusive, el inicio de causas penales derivadas del no pago del presente impuesto”.

II. Que la jueza de primera instancia rechazó la medida cautelar (ver el pronunciamiento del 25 de marzo de 2022).

Para decidir de ese modo, sostuvo que:

(i) “[S]i el demandante encauza su pretensión por la vía de la acción de mera certeza, no podría tenerse por configurado el requisito de ‘peligro en la demora’, necesario para el otorgamiento de una medida cautelar, ya que por su índole, la vía intentada se agotaría con la declaración del derecho, circunstancia que obstaría -en principio- a que pueda configurarse el requisito previsto en el art. 230, inciso 2 del CPCCN”.

(ii) “[E]l Máximo Tribunal ha sostenido reiteradamente que, dada la naturaleza de la acción mediante la cual se ha formulado la pretensión principal –acción que tiende a agotarse en la declaración de derecho (…)-

no resulta razonable implantar una medida precautoria cuya finalidad consiste, en todo caso en asegurar le ejecución de una sentencia de condena. Más aún si no existen motivos por los cuales el mantenimiento de la situación existente con anterioridad al dictado de la medida pudiera tornar ineficaz la decisión a dictarse sobre el fondo del asunto. (En igual sentido se expidió la C.S.J.N in re ‘Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ E.N – Consejo de la Magistratura y otros s/ incidente de medida cautelar’ de fecha 27/11/18)”.

(iii) “Es por los motivos señalados, que la solución al caso concreto,

difiere de la tomada por este Tribunal en precedentes en que se discutía la misma normativa que en el presente, pero que fueron planteados en el marco de acciones de amparo; aquí en cambio, se trata como ya se dijo,

Fecha de firma: 25/10/2022

Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZA DE CAMARA

Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I

19929/2021 Incidente Nº 1 - ACTOR: S., D. E. DEMANDADO: EN-

AFIP-LEY 27605 s/INC DE MEDIDA CAUTELAR J.. n° 8

de una acción meramente declarativa de certeza, cuyo alcance es la declaración de derecho o inconstitucionalidad de la norma discutida en la sentencia a dictarse, lo que excluye la posibilidad de dictar una sentencia de condena, que sería el efecto que produciría el dictado de la medida cautelar con el alcance solicitado”.

(iv) “Lo dicho obsta a analizar los requisitos indispensables para otorgar la medida cautelar requerida”.

III. Que el actor interpuso recurso de apelación y expresó agravios (ver las presentaciones digitales del 29 de marzo y 11 de abril de 2022,

respectivamente).

Cabe resaltar que esa apelación no fue sustanciada, dado que la AFIP no presentó el informe previsto en el artículo 4º de la ley 26.854.

Las críticas pueden ser sintetizadas de la siguiente manera:

(i) “[L]a resolución recurrida no indica el motivo por el cual el otorgamiento de una medida cautelar de no innovar (…) no resulta idónea para asegurar (…) que su patrimonio no sufra un detrimento hasta tanto se resuelva si en el caso concreto, la obligación creada por la ley 27.605 resulta o no constitucionalmente legítima. (…)”. La naturaleza del proceso no tiene relevancia alguna para determinar si la medida cautelar solicitada es procedente o no.

(ii) “Si bien la presente acción no tiene por fin el dictado de una sentencia de condena, (…) se omitió el entendimiento de que la (…)

medida precautoria solicitada posee una naturaleza provisoria consistente en asegurar que, durante la discusión en este juicio, no pueda perseguirse el cobro del tributo en cuestión hasta el dictado de la sentencia final sobre la constitucionalidad de la normativa que estableció su creación”.

(iii) “En el caso de no hacerse lugar a la medida cautelar solicitada (…) será pasible de la continuación del procedimiento determinativo de oficio por el cual deberá ingresar las sumas determinadas Fecha de firma: 25/10/2022

Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZA DE CAMARA

Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

correspondientes al nuevo impuesto ya sea por el inicio de una ejecución fiscal o como consecuencia del requisito de pago previo para el acceso a la justicia”. De encontrarse obligado a abonar este tributo ilegítimo, la acción de repetición no alcanzará a resarcir el daño patrimonial.

(iv) El requisito del peligro en la demora se encuentra acreditado.

[E]l 30.04.2021, es decir tan solo 14 días después del vencimiento de la obligación, (…) fue notificado del inicio del procedimiento de verificación y fiscalización y el 15.11.2021 fue notificado de la prevista (…). Se puede advertir así que la voluntad de perseguir el cobro del tributo en pugna (…) se materializó con la notificación referida,

denotando una clara intención de perseguir su cobro y, en consecuencia,

un alto peligro en la demora. En este sentido, la AFIP mediante dicha notificación dispuso que el monto a ingresar por mi mandante ascendía a la suma de $30.108.508,40 -con más los intereses y sanciones que pudieran aplicarse-, ello bajo apercibimiento de iniciar el proceso de determinación de oficio en caso de que (…) no conformara el ajuste

.

(v) “Todo ello demuestra que en un plazo muy corto de tiempo la AFIP contará con una determinación administrativa del tributo que la habilitará a trabar embargos sobre los bienes (…). Allí surge de manera palmaria el peligro en la demora, tomando en consideración los diversos efectos que podrían provocar la aplicación de las disposiciones impugnadas y su gravitación económica, ya que, atento a como fue aludido en la demanda, el [aporte] es un impuesto confiscatorio y tal como fue demostrado con el Informe Contable emitido por un Contador Público independiente, dicho impuesto absorbe el 84,67% de la renta generada con los bienes de mi mandante”.

(vi) “Esta cifra supera holgadamente los parámetros de confiscatoriedad previstos por la Corte Suprema, por lo que, de esta forma, se avasalla el derecho de propiedad de mi mandante consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional”.

Fecha de firma: 25/10/2022

Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZA DE CAMARA

Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I

19929/2021 Incidente Nº 1 - ACTOR: S., D. E. DEMANDADO: EN-

AFIP-LEY 27605 s/INC DE MEDIDA CAUTELAR J.. n° 8

IV. Que la procedencia de la medida cautelar solicitada —cuyos efectos, prácticamente, implican la suspensión de la ley 27.605 y de sus normas reglamentarias— se encuentra condicionada, en los términos del artículo 13 de la ley 26.854, a que “concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado;

  1. La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; d) La no afectación del interés público; e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles”.

    V. Que el examen de la procedencia de las medidas cautelares como la aquí peticionada debe ser efectuado con particular estrictez, pues la actividad del Congreso Nacional y su resultado concreto, esto es, la ley 27.605, al configurar una manifestación de la función estatal, exhibe, de...

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