Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 2 de Agosto de 2022, expediente CAF 009559/2021/1/CA002

Fecha de Resolución 2 de Agosto de 2022
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

9559/2021 Incidente Nº 1 - ACTOR: A., A. M. D. C. DEMANDADO:

EN-AFIP-LEY 27605 s/ INC APELACION; J.. 9

Buenos Aires, 2 de agosto de 2022.-RR

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

Las juezas C.M.d.P. y L.M.H. dijeron:

  1. Que la actora promovió la presente acción declarativa de certeza contra Estado Nacional – Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a fin de obtener un pronunciamiento que declare la inconstitucionalidad de la ley 27.605 y de sus normas reglamentarias, en tanto esas disposiciones la colocan en la ilegítima obligación de pagar el “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” —que identifica como un impuesto—, puesto que el cumplimiento de esa obligación:

    i. Posee efectos confiscatorios sobre su renta y su patrimonio,

    porque representa: (a) un 499,58% de “la rentabilidad percibida estimada (…) durante el año 2020, originada por los activos sujetos a esa imposición;

    (b) un 123,02% de “la renta neta total estimada de los activos en el ejercicio 2020 -considerando la productividad real y efectiva de la universalidad de los activos que componen su patrimonio al 18 de diciembre de 2020, más la potencial que se hubiera podido atribuírsele a tales bienes como resultado de su eficiente y normal explotación”; (c) un 867,87% de “la rentabilidad neta percibida estimada” y un 213,70% de “la rentabilidad neta total (percibida más potencial) estimada” si se lo considera conjuntamente con el impuesto sobre los bienes personales proyectado para el período 2020; y (d)

    un 900,04% de “la renta real estimada del ejercicio 2020” y un 221,62% de “la renta total (real más potencial) estimada”, si a la comparación del punto anterior se le agrega la obligación proyectada en el impuesto a las ganancias de ese período.

    Fecha de firma: 02/08/2022

    Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

    iii. Es contraria al principio de razonabilidad, ya que el 80% de la recaudación del “aporte” se afecta a destinos que no poseen una directa vinculación con la finalidad que justificó su creación.

    Subsidiariamente, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 5 y 6 de la ley 27.605 (y de las normas reglamentarias concordantes), “en tanto prevén un tratamiento diferencial de alícuotas en razón del lugar de localización de los bienes (en el país o en el exterior) que vulnera los principios de igualdad, razonabilidad, capacidad contributiva en materia tributaria” y, consecuentemente, “se disponga que respecto de los activos sitos en el exterior resultará aplicable la alícuota que corresponda según la escala prevista en el art. 4 (…) para bienes del país”.

    En ese marco solicitó que se le conceda, por el término de seis meses, una medida cautelar que ordene a la AFIP (Dirección General Impositiva —DGI) que se abstenga de “iniciar y/o proseguir cualquier reclamo y/o procedimiento administrativo de fiscalización y/o determinación de oficio y/o judicial, así como también de aplicar o ejecutar multas o trabar cualquier tipo de medida cautelar administrativa o judicial y/o iniciar acciones bajo la ley del régimen Penal Tributario”. Asimismo,

    requirió que esa medida alcance a “cualquier forma indirecta de coerción para la percepción del Aporte”, como la registración del saldo impago en el “Sistema de Cuentas Tributarias”, la negativa de la AFIP de expedir un certificado de “libre deuda y/o constancia de inscripción o su bloqueo, y/o la exclusión de algún registro especial, y/o la inhabilitación de CUIT”.

  2. Que el juez de primera instancia rechazó la medida cautelar (ver el pronunciamiento del 29 de noviembre de 2021).

    Para decidir de ese modo, tras recordar los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, el juez sostuvo que:

    i. La actora “intenta imponer en el estrecho marco cognoscitivo de esta acción, un discernimiento sobre cuestiones que, por su índole,

    exceden el ámbito de conocimiento propio de una medida cautelar. (…)

    [P]retende que se tenga por probado, con las constancias acompañadas al Fecha de firma: 02/08/2022

    Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

    9559/2021 Incidente Nº 1 - ACTOR: A., A. M. D. C. DEMANDADO:

    EN-AFIP-LEY 27605 s/ INC APELACION; J.. 9

    escrito inicial, el hecho en el que en definitiva funda su pretensión. Esto es,

    que el [Aporte] constituye un tributo y -como tal– implica una doble imposición sobre una misma capacidad contributiva, a la par de considerarlo inconstitucional y confiscatorio”.

    ii. “[L]a verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa, siendo improcedente el análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, ya que su naturaleza y extensión han de ser dilucidadas con posterioridad”.

    iii. “[N]o debe confundirse la tutela cautelar con la declaración del derecho que se pueda pretender en el proceso principal. (…) [S]i los jueces estuvieran obligados a extenderse en consideraciones al respecto –

    como ocurriría en los presentes actuados, como paso previo para determinar la procedencia de la cautela requerida–, peligraría la carga que pesa sobre ellos de no prejuzgar”.

    iv. La tutela requerida “se funda en la presunta inconstitucionalidad de una norma dictada por el Congreso Nacional, en donde el examen del requisito del fumus bonis juris importaría –necesariamente– avanzar sobre la cuestión de fondo para determinar la ilegalidad o inconstitucionalidad que alega la parte actora”.

    v. “[L]a procedencia de medidas cautelares suspensivas en materia tributaria debe efectuarse –como regla– con particular estrictez, por la inevitable afectación que su otorgamiento produce sobre la hacienda pública. Ello, en razón de que la percepción de las rentas del Tesoro es una condición indispensable para el regular funcionamiento del estado”.

    vi. “[E]n el específico caso de las leyes impositivas, es el respeto a los principios constitucionales de la tributación lo que debe calibrar la actividad jurisdiccional. (…) Tratándose de medidas precautorias,

    caracterizadas por su excepcionalidad, (…) no constituyen en principio vías idóneas para ponderar los posibles efectos que las leyes pudieran tener sobre la competencia y la regulación de los mercados (…) o, en este caso,

    Fecha de firma: 02/08/2022

    Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

    sobre los extremos alegados por la peticionante; pues, como se mencionó

    con anterioridad, resulta necesario un mayor estudio que el limitado marco de conocimiento que esta incidencia autoriza”.

  3. Que la actora interpuso recurso de apelación y expresó

    agravios, que fueron replicados por la AFIP (ver las presentaciones digitales del 7, 13 y 21 de diciembre de 2021, respectivamente).

    Las críticas pueden ser sintetizadas de la siguiente manera:

    i. La decisión apelada se sustentó en argumentos dogmáticos y no examinó los concretos cuestionamientos realizados sobre las normas atacadas a la luz del principio de no confiscatoriedad.

    ii. La verosimilitud del derecho se encuentra respaldada con el informe contable acompañado a la demanda, en el que se expuso que: (a) El monto de que debería tributar por el “aporte” representa un 499,58% sobre la rentabilidad real o percibida de los bienes gravados en el período fiscal 2020, y del 123,02% de la rentabilidad total, si se computa “no solo la real percibida sino también la potencial que hipotéticamente podrían tener estos activos en el mismo período”; (b) la obligación provoca la absorción de una parte sustancial de su propiedad que conlleva “el desapoderamiento del 100% de la renta obtenida en el ejercicio 2020, incidiendo directamente al capital generador de la misma”; (c) ese vicio constitucional se ve acrecentado “si se formula un análisis de la carga fiscal global”, puesto que si se considera el “aporte” conjuntamente con la obligación en el impuesto sobre los bienes personales del período fiscal 2020 “la absorción de la renta real o percibida asciende a un 867,87% (y a un 213,70% de la rentabilidad neta total (percibida más potencial)”; y (d) si a las obligaciones tributarias expuestas en el punto anterior se adiciona el monto correspondiente al impuesto a las ganancias y del impuesto cedular de ese período, “la carga fiscal global termina absorbiendo un 900,04% de la renta real o percibida del año 2020, y del 221,62% de la renta total (real más potencial)

    estimada”.

    iii. La AFIP, al producir el informe del artículo 4° de la ley 26.854 no efectuó observaciones precisas y concretas respecto de la Fecha de firma: 02/08/2022

    Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

    9559/2021 Incidente Nº 1 - ACTOR: A., A. M. D. C. DEMANDADO:

    EN-AFIP-LEY 27605 s/ INC APELACION; J.. 9

    certificación contable, “limitándose a hacer una mera mención de que la Contadora Pública interviniente ha sido contratada por esta parte actora de modo que no podría considerarse que exista ‘objetividad’”. En dicha certificación se precisaron “los procedimientos empleados a los efectos de respaldar las conclusiones emitidas, vislumbrándose que el mismo no se basó en meras alegaciones de esta parte actora, sino que, en el cotejo de abundante documental respaldatoria por la profesional interviniente, que se encuentra detallada”.

    iv. El juez tampoco...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR