Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA CIVIL, 8 de Julio de 2022, expediente FRO 011626/2021/1/CA001

Fecha de Resolución 8 de Julio de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA CIVIL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

Visto, en Acuerdo de la Sala “A” –integrada- el expediente FRO nº 11626/2021/1/CA1 “Incidente de medida cautelar en autos Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A. c/ Comuna de S. s/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”, (del Juzgado Federal nº 2 de la ciudad de Santa Fe), del que resulta;

V. los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la actora, contra la resolución del 14/09/2021, que rechazó la medida cautelar de no innovar solicitada por ella, con costas a su cargo.

Elevadas las actuaciones a la Alzada e ingresadas en esta Sala “A”, se ordenó el pase de los autos al Acuerdo.

La Dra. V. dijo:

  1. - En primer lugar la recurrente expresó que el a-quo no exteriorizó razones con basamento jurídico suficientes para rechazar la medida cautelar. Dijo que en sus considerandos abundan apreciaciones dogmáticas y abstractas,

y no hay mención alguna a lo solicitado por su mandante al interponer la acción. Calificó la resolución de arbitraria.

Señaló que la presunción de legitimidad del acto administrativo no constituye una prerrogativa de la administración para evitar su control jurisdiccional.

Aseveró que no puede argumentarse que su mandante deba superar dos escollos independientes, primero vencer la presunción y, después superar el carácter restrictivo de las medidas cautelares. Dijo que si se acredita la verosimilitud en el derecho se cae la presunción de legitimidad del acto y,

en consecuencia, la medida cautelar es procedente. Alegó que bajo ningún punto de vista el juez puede –acreditado el extremo anterior- realizar una interpretación restrictiva al Fecha de firma: 08/07/2022

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extremo de que –aun cuando está cuestionada la legitimidad del acto- se rechace la medida cautelar al tratarse de cuestiones tributarias.

Refirió que la propia COMUNA reconoció en la resolución 1/21 y en el decreto 2/2021 (anexo VI del escrito de inicio) que la Ordenanza 199/2020 no fue publicada conforme lo exige el art. 1 CN y el art. 5 CCyC. Agregó que,

en opinión de la demandada no era necesario cumplir dicho requisito, ya que “la Ordenanza es un acto administrativo y no una ley”. Que, por dicha razón, el Presidente Comunal entiende que el art. 5 CCyC resulta inaplicable al caso, ya que ese artículo se aplicaría solamente a las leyes formales y la Ordenanza, por el contrario, es un simple acto administrativo.

Recordó que la postura de la COMUNA resulta inaceptable a la luz de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia.

Concluyó en el punto que la clara violación del principio de reserva de ley constituye un elemento esencial para derribar la presunción de legitimidad del acto.

Expuso que tampoco el a quo tuvo en cuenta que la COMUNA nunca acreditó en las actuaciones administrativas acompañadas haber prestado servicio alguno que justificara la millonaria tasa reclamada. Fundamentó su agravio diciendo que la contraria basa el importe reclamado en un informe elaborado por Servicios Comunales S.A. de fecha 2 de noviembre de 2020 (anexo II) y que la tasa reclamada a su mandante entró en vigencia el 22 de enero de 2021. Por ello interpretó que las tasas reclamadas por la contraria resultan absolutamente improcedentes.

Afirmó que admitir dicho extremo como requisito de verosimilitud en el derecho no implicará prejuzgar sobre el fondo de la cuestión discutida, en tanto la COMUNA podría Fecha de firma: 08/07/2022

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probar lo que no hizo o se negó a realizar en la etapa administrativa.

Insistió en que no debe perderse de vista que si la COMUNA no prestó servicio alguno, las tasas cuestionadas implican gravar en última instancia el servicio interjurisdiccional de transporte de energía eléctrica sometido a jurisdicción federal. Aseguró que dicha pretensión fiscal viola el art. 31 de la Constitución Nacional.

En relación al ejercicio del poder de policía de la comuna que justificaría el cobro de las tasas pretendidas,

señaló que la sentencia omitió considerar la nota del ENRE,

en la cual ante la denuncia por parte de TRANSENER de una situación similar a la debatida en autos la autoridad federal reconoció la improcedencia a las tasas reclamadas por la COMUNA.

Indicó que la COMUNA se está arrogando facultades que corresponden a las autoridades federales y que dicha intromisión se traduce en una clara vulneración al régimen federal de transporte de energía eléctrica.

Explicó que la ley 15.336 establece que el servicio público de transporte de energía eléctrica destinado a servir el comercio de energía eléctrica interjurisdiccional pertenece a la jurisdicción nacional (art. 6°); mientras que la ley 24.065 facultó al ENRE a dictar normas de alcance general relacionada con la seguridad pública y el medio ambiente en las construcciones de los sistemas de transporte de energía eléctrica interjurisdiccional que se insertan en el marco regulatorio, completándolo y asegurando su aplicación; y a controlar y fiscalizar el cumplimiento de esta normativa (art. 56, inc. k, de la ley 24.065).

Recordó lo establecido por los artículos 11, 16,

17, 18 y 56 de la Ley 24.065 y el art. 11 del decreto Fecha de firma: 08/07/2022

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reglamentario Nº 1398/92. Así como las resoluciones dictadas en materia de seguridad pública (art. 56 inc. b y k).

Dijo que asimismo, resulta aplicable a su mandante, la Reglamentación del Sistema de Transporte-

Reglamento de diseño y calidad del sistema de transporte en alta tensión – Diseño general del sistema de transporte establecido en Los Procedimientos de CAMMESA, Anexo XVI,

punto 6) que establece que los criterios para el diseño del SISTEMA DE TRANSPORTE y el punto 9)- A.C.A., que refiere a la gestión ambiental del transportista.

Finalmente, señaló lo establecido en la ley 19.552.

De lo expuesto infirió que la competencia para regular en materia del servicio público federal de transporte de energía eléctrica en alta tensión es eminentemente federal, ya que, dicha actividad es regulada y controlada por las autoridades federales en ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 75, inc. 13, 18 y 30 de la Constitución Nacional.

Alegó que, en este caso, no puede pasarse por alto que las torres y líneas de alta tensión empleadas por Transener se encuentran ubicadas o instaladas en zona rural y que fue construida por el Gobierno Federal con anterioridad a la privatización de dicho servicio y, posteriormente,

transferida a su representada.

Dedujo que lo que se pretendió evitar fue que existieran tantas obligaciones de registración como municipalidades haya en el país, lo que implicaría no solo una multiplicidad de registros y de trámites, sino un sinnúmero de tributos a pagar en cada una de las Comunas o Municipalidades por donde pasara la traza de T..

Fecha de firma: 08/07/2022

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Indicó que la Corte Suprema fijó claramente los límites a los poderes de policía que le reconoce el art. 121

de la Constitución Nacional a las provincias y que así lo sostuvo en “Colgate”,“Edenor” y “Telefónica Móviles Argentina S.A – Telefónica de Argentina SA c/ Municipalidad de Gral.

Güemes”.

En este punto concluyó que la COMUNA carece de potestad para exigir la TVE y la TIR cuestionadas en tanto el servicio público interjurisdiccional que presta T. (así como las instalaciones empleadas para su prestación) no se encuentran sujetas a la verificación de las condiciones de seguridad como pretende la comuna demandada y que la pretensión fiscal constituye un evidente avance sobre la normativa federal en tanto no sólo se desconoce la ley 15.336, sino también los arts. 31 y 75 inc. 13, 18 y 30; y 126 de la Constitución Nacional en la medida que la COMUNA se atribuyó potestad para imponer una tasa que retribuye un servicio que fue establecido por el Congreso Nacional en cabeza de la autoridad de aplicación (ENRE); y la COMUNA no sólo carece de potestad para prestarlo, sino que, en el presente caso, ni siquiera lo prestó de la forma exigida por la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Fallos 259:413; 312:1575, 332:1503; 335:1987 y 338:313).

Alegó que la sentencia recurrida omitió

considerar la normativa federal que regula el servicio público que presta TRANSENER.

Expuso que el juzgador omitió tener en cuenta que existen indicios serios y graves de la inconstitucionalidad de la ordenanza impugnada, por cuanto la COMUNA carece de competencias para regular cuestiones inherentes al servicio público de transporte de energía...

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