Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 13 de Julio de 2021, expediente CAF 003029/2021/1/CA001

Fecha de Resolución13 de Julio de 2021
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

SALA II

Buenos Aires, 13 de julio de 2021.-

VISTOS estos autos 3029/2021/1 caratulados “Incidente N° 1 - Actor: P.M.S. Demandado: EN - M° Desarrollo Productivo - Secretaría Industria Economía del Conocimiento y Gestión Externa - SIMI 52389Y y otro s/Inc. de medida cautelar” y CONSIDERANDO:

  1. Por resolución del 28/5/2021, el señor juez de grado admitió la medida cautelar solicitada por P.M.S. y, en consecuencia, ordenó a la AFIP - Dirección General de Aduanas (DGA) y a los organismos intervinientes que se abstuvieran de requerirle a la nombrada firma la presentación de la declaración en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) con el estado “Salida”,

    establecida por resolución conjunta general 4185-E/2018, así como de lo dispuesto en las resoluciones de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción 523-E/

    2017 y 5/2018 y de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa 1/2020 -y sus modificatorias-; disponiendo que, en caso de encontrarse reunidos todos los demás requisitos establecidos en las normas aplicables, permitiera la oficialización de los despachos de importación, su tramitación, la liberación a plaza y la comercialización de la mercadería involucrada en las declaraciones “21 001 SIMI 052389 Y”, “21 001 SIMI 052368 L” y “21 001 SIMI

    052373 H”, hasta tanto se dictara sentencia definitiva.

    Fijó una caución real de $50.000 (pesos cincuenta mil).

    Para así decidir, tras referir los recaudos de admisibilidad de las medidas cautelares y el marco normativo involucrado en autos, el señor magistrado destacó que de las constancias de la causa surgía que la solicitante había presentado la información requerida mediante el SIMI, así como también la solicitud para obtener las correspondientes autorizaciones de Licencia No Automática de Importación; que el Ministerio de Desarrollo Productivo refirió que la baja de las declaraciones se debió a que la importadora no había cumplimentado el pedido de información dispuesto en los términos de los artículos 3° y 5° de la resolución SC

    523-E/2017, lo que fue materializado una vez vencidos los plazos establecidos por el artículo 4° de la mentada resolución 4185/2018; que la requirente acreditó haber dado cumplimiento a lo solicitado dentro del plazo de diez días previsto al efecto en el artículo 6° de la resolución SC 523-E/2017; y que la autoridad administrativa no señaló que la respuesta brindada por la importadora hubiera sido parcial o que no hubiera respondido “estrictamente a lo solicitado”, ameritando un nuevo requerimiento de información.

    Fecha de firma: 13/07/2021

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    En este contexto, refirió que la autoridad ministerial no individualizó

    de manera concreta cuáles eran, en su caso, los requisitos exigidos por el Anexo XV

    de la resolución SC 523-E/2017 que se encontrarían incumplidos por la importadora.

    Al respecto, puntualizó que la mera alegación genérica de la falta de cumplimiento acabado de los requisitos previstos en la resolución SC 523-E/2017, sin indicar en forma específica, puntual y concreta las inobservancias a la normativa aplicable que en torno de las operaciones aquí involucradas justificasen la permanencia de su actual estado, resultaba claramente insuficiente y la tornaba -en principio- arbitraria por carente de fundamentación mínima que permitiera inteligir precisamente la irregularidad o deficiencia que se atribuyera a la importadora.

    Añadió que resultaba contradictorio lo referido en torno a la falta de cumplimiento de lo relativo a las Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP), toda vez que de las capturas de pantalla “Intervenciones de Terceros Organismos” se desprendía con el código “BI38: Intervención SCE-DJCP”

    correspondiente a las declaraciones SIMI objeto de autos, se encontraban con estado “Auto Total”.

    Por ello, vencidos los términos normativamente previstos para que la Administración decidiera en la materia, habiendo la solicitante cumplido con las exigencias del régimen de información anticipada aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo, el magistrado consideró que se respetó la finalidad establecida en el régimen en cuestión en cuanto a la necesidad de una mayor articulación entre las distintas áreas del Estado al disponer de información estratégica anticipada, potenciando los resultados de la fiscalización integral que corresponde a cada una de ellas; resultando la requerida quien -en cambio- incumplió

    con la reglamentación aplicable, en la medida que se excedieron todos los plazos razonables para la autorización de la licencia no automática de importación peticionadas, lo que importaba -en los hechos- un obstáculo irrazonable para la importación (conf. artículo 4º de la resolución conjunta general nº 4185/2018).

    Destacó que el tiempo transcurrido desde la solicitud de otorgamiento, sin mediar respuesta alguna, excedía irrazonablemente los plazos fijados por la propia resolución cuestionada para que la autoridad de aplicación se expidiera al respecto, encontrándose el particular imposibilitado de agilizar su tramitación al no constar -en formato papel ni en la página web creada al efecto- las “observaciones” formuladas por el organismo competente ni las circunstancias que las motivaron; comportando ello una vía de hecho administrativa que afectaba el derecho de defensa de la accionante por implicar una prohibición -aún temporaria- a la importación sin sustento legal.

    Fecha de firma: 13/07/2021

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

    SALA II

    Agregó que en el presente caso, se verificaban indicios serios y graves con relación a la ilegitimidad del proceder de la autoridad administrativa en cuanto no otorgó -dentro de los plazos fijados al efecto- el estado de “salida” de las declaraciones informativa correspondiente en el SIMI.

    Reflexionó que supeditar toda la operación de importación a la decisión de la autoridad administrativa fuera del término razonable establecido generaría -de no accederse a la tutela solicitada- perjuicios graves a la actora que tornarían -en principio- de muy difícil o imposible reparación ulterior, en la medida que ello perjudicaría su normal funcionamiento comercial.

    Señaló que no se advertía una identificación con la pretensión de fondo, porque esta residía en la declaración de inconstitucionalidad de las normas antes citadas y el objeto de la medida cautelar solicitada, en cambio, en la suspensión de los efectos de dichas normas, con el fin de que se permitiera la oficialización del despacho de importación de la mercadería, su liberación a plaza y comercialización, absteniéndose de requerir el estado de salida de la presentación en el SIMI.

    Indicó que el requisito del peligro en la demora se encontraba configurado en la especie en la medida que no podía quedar pendiente toda la operación de importación a la expedición del SIMI, cuando se encontraba vencido el plazo establecido para ello, porque tal circunstancia generaría en el presente caso -

    de no accederse a la tutela- perjuicios patrimoniales de muy dificultosa reparación para la actora en la medida que la conducta de la demandada afectaría su giro comercial habitual y, en cambio, no se advertía que con la liberación de dicha exigencia se afectara un interés público al que debiera darse prevalencia.

    Finalmente, en punto a la exigencia establecida en el artículo 10 de la ley 26.854, dada las facultades privativas del juzgador en cuanto a su fijación (conforme lo establecido en el artículo 199 del CPCCN), la naturaleza del pleito,

    sumado al hecho que las normas cuestionadas no tenían naturaleza tributaria ni arancelaria y que la suspensión de las resoluciones cuestionadas no resultaban en el caso susceptibles de generar un daño o menoscabo de patrimonial grave, encontró

    justificado en el presente caso exigir la prestación de la caución real antes referida.

  2. Disconforme con lo resuelto, el 9/6/2021, la AFIP - DGA interpuso recurso de apelación, fundando su pretensión el 11/6/2021.

    Resaltó que los cuestionamientos formulados por la actora no versaban sobre ningún hecho reprochable a su parte, ni tampoco respecto de la legalidad, constitucionalidad o razonabilidad de las resoluciones que dictara.

    Fecha de firma: 13/07/2021

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Sostuvo que el señor juez de grado le impuso una obligación de imposible cumplimiento; resultando -tanto en lo concerniente a la declaración jurada de composición de producto (DJCP) como de la declaración SIMI- la Secretaría de Comercio Interior, el único organismo al cual le reconoce facultades para hacerlo, por lo que -en todo caso, según interpreta- a dicha repartición correspondía que fuera dirigida la orden judicial.

    Consideró que, en la especie, no se encontraban acreditados los recaudos previstos en el artículo 13 de la ley 26.854 a efectos de disponer la cautelar concedida; en particular, por no haberse demostrado el supuesto perjuicio que ocasionaría la normativa en cuestión, ni la verosimilitud del derecho invocado.

    Indicó que el cuestionamiento efectuado se centraba en una supuesta demora de la Secretaría de Comercio Interior y la falta de comunicación de los motivos por los cuales se habría observado la declaración jurada los SIMI

    involucrados; cuestiones que considera resultaban ajenas a su competencia,

    respondiendo las observaciones formuladas a las operaciones aduaneras a directivas propias de la nombrada repartición estatal.

    Explicó que lo decidido le impedía cumplir con las funciones...

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