Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 19 de Marzo de 2021, expediente FMZ 052137/2019/1/CA001

Fecha de Resolución19 de Marzo de 2021
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B

FMZ 52137/2019/1/CA1

Mendoza, de 2021

Y VISTOS:

Estos autos Nº FMZ 52137/2019/1/CA1, caratulados “INC DE

MEDIDA CAUTELAR EN AUTOS: ESPINOZA ANTONIO MARIO C/ANSES S/MEDIDA

CAUTELAR AUTONOMA”, venidos del Juzgado Federal N° 2 de S.J. a esta Sala “B”,

en virtud del recurso de apelación, interpuesto por el representante de la parte demandada a fs. sub 13/20 contra la resolución dictada por el Juez de la anterior Instancia el día 5/03/2020, en la que resuelve hacer lugar a la medida cautelar solicitada.

Y CONSIDERANDO:

  1. ) Que a fs. sub 13/20, ANSES interpone recurso de apelación contra el auto que hace lugar a la cautelar solicitada, el cual es concedido a fs. sub 21/22.

    Al momento de expresar agravios, mantiene planteo de nulidad impetrado en autos principales, atento estar pendiente de resolución el planteo de nulidad de la notificación de la resolución que apela.

    Dice que, no consiente el traslado denunciado, en tanto la notificación de la medida cautelar dictada, fue realizada por el oficial notificador no autorizado.

    En segundo lugar, manifiesta que la concesión de la medida es violatoria del interés público por apartarse de las previsiones del art. 4 de la ley 26.854.

    Expresa que el a quo, ha ponderado erróneamente, el carácter alimentario de la prestación que percibe el amparista, para exceptuarse del orden público en juego que la ley nacional nº 26.854 protege y exige previo al dictado de medidas cautelares que afecten el patrimonio del Estado.

    Refiere que el Judicante ha decretado una medida cautelar en abierta violación a lo establecido en el artículo 195 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Entiende que la resolución cuestionada invoca errónea calificación jurídica, por no tratarse de una medida de no innovar (art. 230 CPCCN) de carácter conservativo, sino de una tutela anticipada de la sentencia, que satisface la pretensión al ordenar el pago de un beneficio cuestionado.

    Dice que, la cautelar dictada por el a-quo acarrea ¨gravedad institucional¨ ya que, lo decidido excede el interés de las partes y atañe también al universo de beneficiarios del sistema previsional argentino.

    Finalmente se agravia por la gravedad institucional que implica lo resuelto en la sentencia apelada y plantea la insuficiencia de la contracautela.

    Hace reserva de la cuestión federal.

    Fecha de firma: 19/03/2021

    Firmado por: CLARA MARÍA CIVIT, Secretaria Federal Firmado por: G.C. DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

  2. ) Corrido el traslado de rigor la parte actora, la misma contesta a fs sub 24/26, al cual nos remitimos en honor a la brevedad. Elevadas las actuaciones a este Tribunal, pasan los autos a resolver el 15/10/2020.

  3. ) En primer lugar y conforme al relato de los hechos que no han sido controvertidos, el actor A.M.E., fue sometido a la Comisión Médica N° 26 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

    La actora obtuvo el beneficio de jubilación por invalidez conforme a lo dispuesto por la ley 24.241, acordándose el beneficio transitorio por poseer un 72,04% de incapacidad laboral, conforme dictaminó la Comisión Médica Nº 26, en 6/01/2016.

  4. ) Posteriormente, el organismo citó a su comitente a un nuevo examen y determinó en esa oportunidad (mediados del 2019), que el Sr. E., no reunía los requisitos previstos por el art. 48 de la Ley 24.241, determinando un 59,23 %

    de incapacidad.

    Por tal razón, se procedió a suspender preventivamente el beneficio de invalidez percibido por la actora; por lo que, contra ese dictamen el accionante interpuso recurso de apelación ante la Comisión Médica Central.

  5. ) L. he de decir que, en cuanto al planteo de nulidad que se mantiene en esta oportunidad, el mismo debe declararse abstracto.

    Es que, conforme surge de las constancias obrantes en autos principales, el 23/07/2020 la parte demandada plantea la nulidad de la notificación practicada a esa parte de la Resolución que aquí se apela, por haberse diligenciado por la Oficina de Notificación de la Jurisdicción Ordinaria del Poder Judicial de S.J.; y no por los Oficiales de Justicia correspondientes al Fuero Federal.

    Que, a consecuencia de ello, por decreto de fecha 29/07/2020, se dispuso que: “Atento que la cédula acompañada no se diligenció por la oficina de notificaciones del juzgado actuante, a los fines de evitar mayores dilaciones en el proceso en perjuicio del accionante, proceda la parte actora a notificar nuevamente por intermedio de oficial notificador de esta Judicatura, conforme lo ordenado por el art.

    135 y cc. del CPCCN. Fdo. M.F.M. CASTRO.SECRETARIA” (ver fs. 33

    de autos principales).

    Posteriormente, a fs. 44 obra certificación emitida por el funcionario citado en el apartado precedente, que reza: “CERTIFICO: Que el día 13/08/2020 se notificó mediante cédula papel a la ANSES la medida cautelar decretada en autos. S.J., 19 de agosto de 2020”.

    En consecuencia, el planteo...

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