Incidente Nº 1 - ACTOR: F., N. B. DEMANDADO: OBRA SOCIAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION s/INCIDENTE DE APELACION

• Número de expediente: CCF 004126/2020/1/CA001
• Fecha: 17 Noviembre 2020

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

Causa N° 4126/2020/1/CA1 – S.I. INCIDENTE DE APELACIÓN DE F., N.

B., OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA

NACIÓN EN AUTOS “F., N.B. c/ OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DEL

PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN s/ AMPARO DE SALUD”

Juzgado n° 4

Secretaría n° 7

Buenos Aires, de noviembre de 2020

Y VISTO:

Los recursos de apelación interpuestos y fundados digitalmente por

la parte actora –cuyo traslado no fue contestado por la demandada y la obra

social demandada –cuyos agravios fueron contestados por la parte actora, contra

la admisión de la medida cautelar dictada el 24 de agosto de 2020, y CONSIDERANDO:

1. El señor J., interpretando que se encontraban reunidos los

   presupuestos para el dictado de la medida cautelar requerida, ordenó a la Obra

   Social de la Unión del Personal Civil de la Nación abstenerse de aplicar un

   aumento diferencial por cambio de franja etaria para el mes de julio de 2020

   respecto de la parte actora debiendo mantener el monto de la cuota social de la

   amparista a los valores de facturación del mes de junio del corriente año y aplicar

   sobre ellos sólo los aumentos autorizados por la Superintendencia de Servicios de

   Salud hasta la actualidad, más los que en el futuro se autoricen.

2. Este pronunciamiento se encuentra apelado por ambas partes.

   La actora sostiene que el magistrado realizó una interpretación

   incorrecta de su pretensión por cuanto su parte cuestiona el valor de la cuota que

   se le pretende cobrar a partir de julio de 2020 y requiere que se modifique la

   medida cautelar dictada solicitando que el monto de la cuota sea ajustado según

   las pautas dispuestas por el art. 6 de la Resolución 163/2018 de la

   Superintendencia de Servicios de Salud. A tal efecto, señala que la demandada ha

   enviado, luego de tres años, en julio de este año una factura en la que cobra la

   mayor franja etaria y no respeta su antigüedad de acuerdo a los parámetros

   dispuestos en la Resolución N° 163/18.

   A los fines de sustentar su posición, pone de resalto que se

   encuentra afiliada a la demandada en el plan privado de UP desde larga data

   Fecha de firma: 17/11/2020

   Alta en sistema: 18/11/2020

   Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA

   35061853#270170590#20201112152809256

   (14.10.1992) y que obtuvo sentencia favorable en su afiliación en el expediente N°

   2882/2015.

   Por su parte, la demandada cuestiona que en el caso en examen se

   encuentren reunidos los requisitos de verosimilitud del derecho y el peligro en la

   demora.

   Al respecto, destaca que la actora resulta ser afiliada a su mandante

   en calidad de beneficiaria por jubilación desde hace años, recibiendo las

   prestaciones médicoasistenciales que ofrece el plan A.P. 0202 con

   motivo la sentencia dictada en la causa “FERREYRO NORMA BEATRIZ c/

   UNION PERSONAL s/ AMPARO DE SALUD” (Expte. Nº 2882/2015).

   Argumenta que, según la normativa vigente, no existe uno

   obligación a su cargo para seguir brindando cobertura en el Plan PLATINO 0202

   sin que la afiliada abone la diferencia que le corresponde respecto al monto del

   plan superador contratado.

   En particular, destaca que no hubo incumplimiento de la sentencia

   previa, ni contravención alguna a la normativa invocada por la actora, ni tampoco

   aumentos en la cuota de la actora en razón de su edad, sino que sólo tiene

   intención de cobrar por el plan superador que la afiliada detenta.

   Según su entender, tampoco se encuentra verificado el peligro en la

   demora en atención a que siempre mantuvo la continuidad afiliatoria de la

   accionante y, por otra parte, considera que ella no ha intentado demostrar su

   imposibilidad económica de hacer frente al costo de su plan de salud.

   Considera que la medida aquí cuestionada implica un adelanto de

   jurisdicción y no está fundada en derecho, sino en las afirmaciones de la parte

   actora que no se corresponden con la realidad de los hechos.

   Afirma que no existió un análisis pormenorizado de la cuestión

   sometida a la justicia y la admisión de la medida cautelar resulta contraria a la

   normativa establecida en la materia de emergencia económica y sanitaria.

   En oportunidad de contestar el traslado del memorial, la actora

   reitera su solicitud de que se modifique la medida cautelar dictada y, por tanto, se

   ajuste el valor de su cuota de salud según los parámetros fijados por la Resolución

   163/18. Agrega que de no modificarse la resolución se presentaría el problema de

   que en el mes de junio de 2020 no existía facturación cursada por la demandada,

   por lo que debería abonar $0, y considera que ello no resulta justo para ninguna de

   las partes involucradas.

   Fecha de firma: 17/11/2020

   Alta en sistema: 18/11/2020

   Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA

   35061853#270170590#20201112152809256

   Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

3. En los términos en los cuales la cuestión se encuentra

   planteada, y como introducción al tema sometido a conocimiento del Tribunal,

   parece conveniente recordar que la naturaleza de las medidas precautorias no

   exige a los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho

   pretendido, sino sólo de su verosimilitud, y que el juicio de verdad en esta materia

   se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa

   que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual,

   asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 306: 2060; S. 1, causas 39.380/95 del

   19.3.96, 21.106/96 del 17.7.97, 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99, 7208/98

   del 11.3.99, 7936/99 del 14.3.2000 y 2849/2000 del 30.5.2000).

   En este orden de ideas, la verosimilitud del derecho se refiere a la

   posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, la cual sólo

   se logrará al agotarse el trámite (conf. F., “Código Procesal

   comentado”, tomo 1, pág. 742...