Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B, 6 de Mayo de 2020, expediente FRO 025637/2019/1/CA001

Fecha de Resolución 6 de Mayo de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

1 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

Civil/Int. Rosario, 6 de mayo de 2020.

Visto, en Acuerdo de la Sala “B” integrada, el expediente n° FRO

25637/2019/1 caratulado “Incidente de medida cautelar en autos KILIBARDA,

D. c/ AFIP s/ Amparo Ley 16.986” (del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Santa Fe).

Vienen los autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la AFIP - DGI (fs. 56/70) contra la resolución del 18 de junio de 2019, que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por D.H.K.,

ordenando a la AFIP (DGI) que se abstenga de efectuar y/o admitir descuentos y/o retenciones por Impuesto a las Ganancias en su haber previsional hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa, bajo caución juratoria del peticionante que se considera prestada con la firma de la demanda y solicitud de la medida (fs. 28/31).

Concedido el recurso, se ordenó traslado a la contraria (fs. 71).

Elevadas las actuaciones a la Alzada (fs. 74) y recibidas en esta Sala “B”, se dispuso el pase de los autos al Acuerdo, quedando la causa en condiciones de ser resuelta (fs. 77).

El Dr. T. dijo:

  1. ) Expresa el recurrente que le agravia el fallo apelado por considerar que omitió la aplicación de la Ley 26854. En tal sentido señala que no se requirió el informe previo que establece el artículo 4º afectándose el derecho de defensa en juicio y el debido proceso; como tampoco se fijó límite temporal en abierta violación al artículo 5º, que establece un plazo máximo de 3 meses para la vigencia de la cautela.

    Dice que la gravedad institucional del fallo es evidente y que en caso de mantenerse la medida permitirá su réplica indiscriminada en el universo de contribuyentes jubilados, encontrándose comprometida la normal y oportuna percepción de la renta pública.

    Fecha de firma: 06/05/2020

    Alta en sistema: 08/05/2020

    Firmado por: T.J.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.V., Juez de Cámara Firmado por: ANIBAL PINEDA, Juez de Camara #33823599#257249887#20200505150055485

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    Considera por ello que no solamente resulta arbitraria por ser contraria al texto de las disposiciones legales que son de aplicación al caso (art.

    195 CPCCN y de la ley 26.854 (Art. 9°) sino que también aparecería claramente incompatible con la doctrina sentada por la jurisprudencia en la materia que tiene establecido que las medidas cautelares no proceden, en principio, respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, consagrando asimismo un criterio sumamente estricto en lo que respecta a la admisión de medidas precautorias en materia de reclamos y cobros fiscales.

    Afirma que la verosimilitud del derecho invocado no se cumple en el presente caso, debiéndose analizar con mayor rigurosidad, toda vez que constituye una medida de carácter excepcional que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado.

    Cuestiona que el juez de primera instancia sustentó su decisión sobre argumentos aparentes y dogmáticos, introduciéndose indebidamente en la cuestión de fondo, frente al claro texto de la ley que grava los haberes jubilatorios y sin que mediara declaración de inconstitucionalidad se limitó a reflexionar sobre pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia en el precedente citado “Garcia”, el cual se trató de la sentencia de fondo y no una medida cautelar.

    Agrega que el actor no efectúa una exposición adecuada respecto al requisito de la existencia de verosimilitud del derecho exigido por el artículo 230

    del CPCCN. y que el a quo considera que la situación del instituyente es “grave” y “prolongada”, solo por haberse acompañado un certificado médico o de medicamentos recetados, realizado sin debido control.

    Invoca que es claro el deber de acreditar la situación que permita colocar al amparista en condición diferencial del resto de los jubilados, caso contrario, se vería afectado el principio de “igualdad” respecto de quienes con un mismo ingreso previsional pagan el impuesto.

    Alega por otra parte que el fallo apelado no contempla la regla Fecha de firma: 06/05/2020

    Alta en sistema: 08/05/2020

    Firmado por: T.J.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.V., Juez de Cámara Firmado por: ANIBAL PINEDA, Juez de Camara #33823599#257249887#20200505150055485

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    básica de nuestro régimen legal que reposa en el principio de legalidad, en tanto el artículo 79 inc c de la Ley 20628 (T.O. 1997) prevé que los haberes previsionales como los que la actora dice ser beneficiaria se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias.

    Plantea que en virtud de la presunción de legitimidad de que gozan los actos estatales y su consiguiente ejecutoriedad, resulta imprescindible acreditar su manifiesta “arbitrariedad o ilegitimidad”, lo que no ha ocurrido en el caso de autos en tanto la actividad legislativa como la administrativa atacada es realizada por organismos del Estado con competencia y en ejercicio de facultades legalmente reconocidas.

    Especifica que la breve consideración efectuada por el juzgador en orden a la acreditación del peligro en la demora no resulta suficiente ni satisfactoria; en tanto no se expresa claramente que hechos le traerían aparejado la concreción de algún gravamen irreparable, encerrándose el decisorio –dice- en expresiones genéricas y dogmáticas, como la “naturaleza alimentaria” del haber y la “importancia económica” del monto retenido.

    Remarca que no todos los beneficiarios de una jubilación se ven alcanzados por el impuesto, sino solamente aquéllos cuyos haberes de pasividad revisten una importancia considerable como el aquí actor.

    Menciona que debe tenerse en cuenta en el caso que aún con el descuento impositivo los haberes de pasividad superan varias veces el haber previsional mínimo, destacando que la ley de impuesto a las ganancias (art. 23)

    permite al contribuyente que efectúe deducciones personales, dentro de los cuales se encuentran comprendidos los gastos de cuota médico asistencial y gastos médicos, entre otros (servicio doméstico).

    Por último concluye que los demás requisitos de procedencia de la Ley 26854 tampoco se hallan cumplidos. Así señala que el pedido cautelar coincide con la pretensión de fondo (disposición contenida en el artículo 3 inc 4 de Fecha de firma: 06/05/2020

    Alta en sistema: 08/05/2020

    Firmado por: T.J.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.V., Juez de Cámara Firmado por: ANIBAL PINEDA, Juez de Camara #33823599#257249887#20200505150055485

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    la ley 26854); que tampoco se cumple con el recaudo previsto en el art. 9, pues resulta evidente que el despacho favorable de la cautelar importaría una grave afectación del “interés público” y que no se acredita con grado de verosimilitud la conducta arbitraria y/o ilegítima por parte de la Administración 2º) El actor D.H.K. interpuso la presente acción de amparo contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fin que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 23, inc. c); 79, inc. c); 81 y 90 de la ley Nº 20.628. Concretamente pretende ser eximido de tributar impuesto a las ganancias sobre sus haberes previsionales y que se le reintegren las sumas retenidas a partir de la presentación de esta acción.

    Solicitó además el dictado de medida cautelar que disponga el cese inmediato del descuento, mientras dura el trámite de la presente causa.

    En relación a los hechos expresó que es jubilado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, titular del beneficio N° 1-

    056111-7, que tiene 84 años de edad y desde hace larga data padece de problemas de salud de gravedad que lo obligaron a distintas intervenciones...

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