Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B, 20 de Noviembre de 2019, expediente FRO 025602/2019/1/CA001

Fecha de Resolución20 de Noviembre de 2019
EmisorCAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

1 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B Civil/Int. Rosario, 20 de noviembre de 2019 Visto, en Acuerdo de la Sala “B” integrada, el expediente nº

FRO 25602/2019/1/CA1, caratulado “Incidente de Apelación en autos PEREZ FRELLI, M.J. (en Rep. de M.) c/ Galeno Argentina Sociedad Anónima s/ Amparo contra Actos de Particulares” (originario del Juzgado Federal de la ciudad de Venado Tuerto, Secretaría civil), del que resulta que:

Vinieron los autos a estudio en virtud del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la accionada (fs. 72/76 y vta.) contra la resolución del 01 de julio de 2019 que hizo lugar a la medida cautelar peticionada por M.J.P.F., en representación de su hijo M. y en consecuencia, ordenó a Galeno Argentina S.A. que otorgara la cobertura: 1)

en un 100% de las prestaciones educativas -escuela de los padres de Venado Tuerto- a la que asiste M.; 2) en un 100% del transporte para movilizarse a las distintas terapias que actualmente se encuentra cubriendo la demandada -psiquiatra, fonoaudiología, terapista ocupacional, psicóloga e hidroterapia-; 3)

la Evaluación clínica y orientación terapéutica prescripta en CIDEP en C.A.B.A a valores de Galeno Argentina S.A., es decir hasta el límite del valor económico estipulado y acordado con los prestadores directos y/o contratados de la demandada, con traslado y alojamiento a tales fines, conforme la prescripción médica de fs. 12. Que se libren los despachos pertinentes acompañando las prescripciones médicas obrantes a fs. 10 y 12. (fs. 59/66).

Rechazada la revocatoria, y concedida la apelación, se ordenó

el traslado de los agravios a la contraria (fs. 77), quien contestó (78/81 y vta.), por lo que se elevaron los autos a esta Cámara, e ingresaron por sorteo informático a esta Sala “B”, donde se dispuso el pase de los autos al Acuerdo, quedando en condiciones de dictar resolución (fs. 92).

El Dr. Pineda dijo:

  1. ) Se agravió la demandada de lo resuelto sosteniendo que V., condenó a su mandante a cubrir una prestación a la cual no tiene obliga-

    Fecha de firma: 20/11/2019 Alta en sistema: 21/11/2019 Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.P., Juez de Camara Firmado por: A.G., Secretaria de Cámara #34025972#250236963#20191120122304403 ción legal alguna.

    Expresó que no existe ninguna indicación médica presentada judicial o administrativamente que establezca la necesidad de brindar y/o costear el servicio de pago de la escuela “De Los Padres” en Venado Tuerto, no pudiendo visualizarse a priori que características particulares tiene esa institución educativa en lo que hace al campo médico y/o psicosocial que justifiquen esta exigencia (ello más allá de que tampoco existe una concreta obligación legal al respecto).

    Agregó no hay un elemento probatorio que permita acreditar prima facie que existe un respaldo profesional en este sentido, por lo que no se interpreta por qué esta prestadora de servicios de salud ha sido constreñida asumir ese “pago”.

    Expuso que de la resolución atacada se desprende que “la asistencia del niño a la Escuela de los Padres de Venado Tuerto, se encuentra acreditada a fs. 14/15 por medio de las facturas acompañadas…” y no por una prescripción médica, y/o de algún detalle que permita identificar a la escuela mencionada como “especial” y/o “adecuada a la patología del paciente”, lo que entiende resulta una cuestión que impide que pueda incluirse esta pretensión dentro del campo de la discapacidad. Es decir, bien puede sostenerse que no hay nada que permita inferir que la patología que afecta al niño ha condicionado su ingreso a esa institución, no siendo – en todo caso – un costo incremental motivado en los padecimientos médicos del paciente.

    Señaló que además la parte actora, no ha negado la existencia de una oferta educacional estatal adecuada a la discapacidad del menor, supuesto fáctico expresamente aprehendido por la norma reglamentaria que resulta aplicable, ni ha demostrado adecuadamente que sea imprescindible su asistencia al colegio privado común al que concurre actualmente, como tampoco el perjuicio que entrañaría, para el proceso educativo, su pase a otra escuela. Tampoco ha invocado las razones por las cuales -a su criterio- las Fecha de firma: 20/11/2019 Alta en sistema: 21/11/2019 Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.P., Juez de Camara Firmado por: A.G., Secretaria de Cámara #34025972#250236963#20191120122304403 3 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B escuelas públicas resultan inconvenientes en relación al cuadro de salud.

    Argumentó que las empresas de medicina prepaga no están obligadas a cubrir prestaciones educativas pues no conciernen al campo médico asistencial enunciado en el artículo 1° de la Ley 24.755, y que las prestaciones de su mandante se encuentran legisladas a través de la ley 24.754, que estableció que las empresas de medicina prepaga, como Galeno Argentina S.A., deben cubrir, como mínimo, las mismas prestaciones médicas obligatorias que poseen las obras sociales. Esta remisión legislativa para definir la cobertura de las empresas de medicina prepaga puede dar lugar a las prestaciones previstas en el Programa Médico Obligatorio (aprobado por la Resolución 201/2002) o a las prestaciones previstas Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad (creado por las Leyes 22.431, 24.901 y sus normas reglamentarias- por ejemplo, la Res. 428/99. Entre otras), con las salvedades, alcances y limitaciones que más abajo se detallarán.

    Expuso que el Programa Médico Obligatorio nace del Decreto 492/1995, reglamentario de la Ley 23.661, que dispuso las prestaciones obligatorias de las obras sociales serán las "... que se establezcan en el programa médico asistencial que será aprobado por el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL a través de la SECRETARIA DE POLITICAS DE SALUD Y REGULACION SANITARIA. Dicho programa se denominará

    PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO) y será obligatorio para todos los “agentes de salud” comprendido en el art. 1 de la Ley 23.660 (artículo 1°) y, consecuentemente, en virtud de la mencionada Ley 24.754, para las empresas de medicina prepago. El PMO no prevé la cobertura de la prestación reclamada en autos, toda vez que no prevé prestaciones educativas sino médicas. En cambio, si prevé prestaciones educativas la reglamentación de la Ley 24.901 de Discapacidad. En efecto, la reglamentación de sus artículos 11 a 30, aprobada por el Decreto 1193/98, estableció que "las prestaciones previstas en los artículos 11 a...

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