Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii, 12 de Abril de 2017, expediente CNT 002016/2017/1/CA001

Fecha de Resolución:12 de Abril de 2017
Emisor:Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii
 
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Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA VII 2.016/2017 SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 40834 CAUSA Nº 2.016/2017 - SALA VII – JUZGADO Nº 59 Autos: “R., H.A. c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/

Juicio Sumarísimo” INCIDENTE Buenos Aires, 12 de abril de 2.017.

VISTO:

El recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 36/48 que mereciera la réplica del actor obrante a fs. 49/54vta., Y CONSIDERANDO:

Que apela la decisión de fs. 29/31vta., en la que se hizo lugar a la medida cautelar innovativa solicitada y ordenó al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social que dentro de las 48 horas de procediera a reinstalar al actor en forma efectiva -en su puesto de trabajo (inspector) con más los salarios caídos durante la tramitación judicial (art. 52 de la ley 23.551)-, bajo apercibimiento de imponer una multa diaria por el retardo en el cumplimiento de esa orden (art. 804 del CCyC).

Que la recurrente, en primer término, arguye que el dictado de la medida violó lo normado en la ley 26.854, en particular su art. 4º, lo que habría vulnerado su derecho de defensa y debido proceso, dando por cumplidos los requisitos de una medida cautelar contra el Estado Nacional.

Que la juez antes del dictado de la cautelar debió haber requerido a la autoridad pública que produjera un informe dentro de los cinco días con relación al interés público involucrado y que solo en circunstancias graves y objetivamente impostergables podría haber dictado una medida interina cuya duración debería estar vinculada a la presentación de los informes, excepción hecha de aquellos supuestos en los que se encontrare comprometida determinada categoría de sujetos o derechos.

Que también arguye que no se verifica en el caso ninguno de los supuestos previstos en los arts. 40, 48, 50 y 52 de la ley 23.551 ni existe el “peligro” que es requisito para el dictado de una medida cautelar, que se refiere a su irreparabilidad por una sentencia futura, es decir a la ineficacia de la decisión jurisdiccional. Hace hincapié en que no está demostrada la ilegitimidad del obrar impugnado y que los actos de gobierno gozan de presunción de legitimidad y validez. Que en el presente caso no se está frente a un derecho “cierto y concreto”, que meramente se operó el vencimiento del plazo contractual estipulado en la contratación del actor, consecuencia del ejercicio de la libertad de contratar conforme art. Nº 9 de la ley 25.164 y del Convenio Colectivo de...

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