Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 7 de Julio de 2022, expediente FMZ 010544/2022/1/CA001

Fecha de Resolución 7 de Julio de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

FMZ 10544/2022/1/CA1

Mendoza, 7 de julio de 2022

VISTOS:

Los presentes autos Nº FMZ 10544/2022/1/CA1 caratulados: “INCIDENTE DE

EXCARCELACION EN AUTOS JORQUERA, J.D. p/ INFRACCION

LEY 23.737”, venidos a esta Cámara Federal de Apelaciones en virtud del recurso de

casación impetrado con fecha 14/06/2022, contra la resolución de fecha 31/05/2022 por

la que se dispuso: “1) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa

de D.J.J., y en consecuencia, confirmar la resolución de fecha

13/04/2022 en cuanto fue materia de apelación y agravio”.

Y CONSIDERANDO:

Voto del Sr. Juez de Cámara Dr. M.A.P.:

1) Con fecha 14/06/2022 interpone formalmente recurso de casación el

representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, contra la resolución cuyo

dispositivo ha quedado expuesto ut supra.

Alega que el recurso resulta procedente en razón de que se formula contra una

resolución equiparable a sentencia definitiva, en tanto produce un perjuicio de tardía y/o

imposible reparación posterior ya que deniega el arresto domiciliario en los términos del

art. 210 inciso j) del C.P.P.F. solicitado en forma subsidiaria por la Defensa Oficial en

favor del imputado J.D.J. cuando se verifican todos los extremos para

hacer lugar al mismo y cuando existe criterio favorable de este Ministerio Público Fiscal.

Ello exige, por su naturaleza, una consideración inmediata en tanto constituye la única

oportunidad para su adecuada tutela.

A su vez, expresa que el reproche que aquí se formula se basa en la interpretación

arbitraria realizada por la Cámara Federal de Apelaciones respecto de los artículos 210,

221 y 222 del C.P.P.F., puestos en vigencia por Resolución 2/2019 de la Comisión

Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal. Dichos

artículos fijan un repertorio amplio de medidas coercitivas en base a la determinación

concreta del riesgo procesal en el caso concreto sujeto a examen.

Además, expone que las razones que expresa la resolución para confirmar la

prisión preventiva en el presente caso presentan una fundamentación aparente, lo que

torna arbitraria la mantención de la medida de coerción más gravosa. En definitiva,

analizando las pautas de riesgo procesal a la luz de lo previsto en los arts. 221 y 222 del

C.P.P.F. se desprende que las razones para mantener la prisión preventiva han sido

arbitrariamente analizadas y aplicadas en el presente caso.

Conjuntamente refiere que la resolución descarta el arraigo del imputado sin más,

así como la carencia de antecedentes penales. En segundo lugar, respecto de las

circunstancias y naturaleza del hecho imputado (art. 221 inc. “b” C.P.P.F.) se evalúa en

forma arbitraria el dictamen de esta Fiscalía al entender que solicitar una morigeración de

la medida de coerción implica sostener que el hecho es considerado insignificante.

Fecha de firma: 07/07/2022

Alta en sistema: 08/07/2022

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: G.C. DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: C.A.P., SECRETARIO FEDERAL

Asimismo, valoró la inexistencia de elementos suficientes que permitan suponer

la existencia o pertenencia de J. a una organización criminal, en tanto no se

aprehendió a un presunto comprador de la sustancia y la misma era en su mayoría

cogollos de marihuana (producidos por el propio imputado) en proceso de secado (ramas,

hojas y cogollos).

Entiende que tampoco puede valorarse en contra del imputado la conducta

evasiva asumida por el mismo al momento de la irrupción policial en su domicilio. Ello

en tanto se trata de una autoeximición que, así como la fuga del detenido que se evadiere

sin uso de violencia o fuerza sobre las cosas (art. 280 C.P.), resulta atípica. Ello es así en

tanto se considera, en general, que no puede reprocharse a un sujeto que se evada de la

acción policial en tanto lo hace guiado por la protección de su propia libertad y mientras

no emplee violencia alguna en las personas o fuerza en las cosas.

Seguidamente, arguye que resulta arbitraria la consideración que realiza la

resolución respecto de la ausencia de colaboración de J. con el personal policial

ante la búsqueda del estupefaciente. Tal interpretación resulta contraria al art. 18 de la

Constitución Nacional, en tanto se valora en contra del imputado un acto que resultaría

autoincriminatorio, del mismo modo que resultaría arbitrario e inconstitucional

interpretar en contra del imputado el ejercicio de su derecho de abstenerse de declarar.

Bajo esta misma línea de análisis refiere que no se logra determinar de qué forma

entorpecerá (hacia futuro) el curso de una instrucción que se encuentra prácticamente

completa, habiéndose incorporado ya la pericia química de la sustancia secuestrada, la

pericia tecnológica, así como las testimoniales del personal actuante como de la testigo

de procedimiento.

Por último, describe que la resolución ha invocado arbitrariamente el control de

legalidad de los jueces sobre las decisiones que adopta este Ministerio Público Fiscal y,

que no rige para este caso; paralelamente, no ha aplicado los artículos implementados por

la Comisión Bicameral, apelando a una norma que aún no ha entrado en vigencia.

Dicho de otra manera, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que

para fundamentar su decisión el voto mayoritario en la resolución puesta en crisis aplica

un artículo que no está vigente y no aplica los artículos vigentes. Invirtiendo

arbitrariamente el esquema procesal que debe regir el caso sujeto a decisión,

confundiendo en definitiva los sistemas procesales en juego: debió aplicar el que

actualmente rige (o sea un sistema que sigue siendo mixto con normas acusatorias) y no

el acusatorio, que aún no rige. En ese sistema los...

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