Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 9 de Febrero de 2017, expediente FSA 008593/2015/CA001

Fecha de Resolución 9 de Febrero de 2017
EmisorCAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I - SECRETARIA PENAL 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I FSA 8593/2015/CA1 Salta, 9 de febrero de 2017.

Y VISTA:

Esta causa N° 8593/2015 caratulada:

ZAPANA, D.F. y Otros s/infracción a la ley 23.737

proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy, y RESULTANDO:

  1. Que se elevan las actuaciones de referencia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 606/608 y vta. por la Defensa Oficial de D.F.Z. y G.J.A. en contra de la resolución de fs. 574/576 que amplía el procesamiento y prisión preventiva de fs. 526/533 dictado en contra de los nombrados en orden al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por encuadrar la conducta en las previsiones del art. 11 inc. “c”

    de la ley 23.737.

  2. Que la defensa planteó la nulidad de la resolución de fs. 23/24 que ordenó la intervención de la línea telefónica de su asistido D.F.Z.. Al respecto, precisó que esta causa se inició a través de un informe de la Policía de la provincia de Jujuy del 25/5/15 que obra a fs. 2, dando cuenta que en patrullaje por inmediaciones del barrio Campo Verde de la Ciudad de San S. de Jujuy se acercaron vecinos que no quisieron identificarse y les manifestaron que una mujer de nombre “L. y un hombre llamado “I.A. se dedicarían a la venta de estupefacientes.

    Relató que a fs. 7 se adjuntó otra exposición en la que se consignó que además de los denunciados, otras personas se dedicarían a la venta de estupefacientes, aportándose sus direcciones.

    Fecha de firma: 09/02/2017 Firmado por: ERNESTO SOLA Firmado por: M.I.C. Firmado por: L.R.R.B. Firmado(ante mi) por: M.G.D., SECRETARIO DE CÁMARA #27030557#171438771#20170209121130723 Resaltó la defensa que no se especificaron cuáles fueron las diligencias o investigaciones que permitieron aportar esos datos.

    Indicó que en este segundo informe se dijo que D.F.Z. sería el proveedor de estupefacientes de todas estas personas y que la droga era distribuida a través de distintos individuos.

    Apuntó que luego se adjuntaron los antecedentes policiales de uno de sus asistidos, en los que constan causas de hace más de seis años, en clara violación al derecho penal de acto.

    Agregó que a fs. 19 el Cabo 1° L.A.C. expresó que por medio de un llamado telefónico anónimo que recibió, logró establecer que D.F.Z., alias “S., estaría vendiendo estupefacientes; dijo que se le aportó, además, el número de teléfono del nombrado.

    Así, el recurrente mencionó que mediante una sucesión de informes con datos subjetivos y equívocos de informantes anónimos, el F. Federal solicitó la intervención telefónica de la línea de Z., haciendo lugar el Magistrado a fs. 23/24 a la medida requerida, resolución en la que se limitó a transcribir las vagas afirmaciones de los funcionarios policiales.

    Destacó que a su criterio no existía ningún dato objetivo que permita sospechar fundadamente de su asistido y que pudiera legitimar la grave injerencia que implicó la intervención telefónica.

    Expresó que los datos que los policías tenían con respecto a Z. son los que se pueden tener con relación a cualquier persona, por lo que si con esa plataforma fáctica es posible Fecha de firma: 09/02/2017 Firmado por: ERNESTO SOLA Firmado por: M.I.C. Firmado por: L.R.R.B. Firmado(ante mi) por: M.G.D., SECRETARIO DE CÁMARA #27030557#171438771#20170209121130723 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I FSA 8593/2015/CA1 escuchar las conversaciones de los ciudadanos, el derecho a la intimidad quedaría absolutamente desguarnecido, señalando que en ese sentido se expidió la CSJN en el precedente “Quaranta”.

    En base a ello, peticionó la nulidad de la intervención telefónica ordenada a fs. 23/24 y de todos los actos que de ella dependan causalmente.

    Luego, planteó la nulidad de la investigación policial a partir de fs. 291, en razón de la inexistencia de control del Ministerio Público F. o del Magistrado Instructor.

    Agregó que la preventora a fs. 290 paralizó la investigación iniciada el 25 de marzo de 2015, siendo que ocho meses después (3/5/16) la reinició sin dar aviso al F. o J. competente.

    Por otro lado, se agravió de la falta de valoración de las constancias colectadas por parte del Instructor, para satisfacer el tipo objetivo y subjetivo del delito investigado.

    Finalmente, cuestionó la aplicación de la agravante de tres o más personas prevista en el art. 11 inc. “c” de la ley 23.737 dispuesta por el Instructor respecto de las conductas de sus asistidos, al considerar que no existe ninguna prueba con relación a la supuesta actividad coordinada para la procedencia de la calificante (cfr.

    fs. 697/707 y vta.).

  3. Que, por su parte, la F.ía de Cámara tuvo por válidas a las actuaciones que dieron origen a la presente causa.

    Sobre el punto, indicó que en autos -contrariamente a lo sostenido por la defensa- el juicio de proporcionalidad para disponer la intervención de la línea telefónica de D.F.Z. lo efectuó el J. cuando se le Fecha de firma: 09/02/2017 Firmado por: ERNESTO SOLA Firmado por: M.I.C. Firmado por: L.R.R.B. Firmado(ante mi) por: M.G.D., SECRETARIO DE CÁMARA #27030557#171438771#20170209121130723 solicitó la intervención de las comunicaciones, teniendo en cuenta los elementos y datos disponibles en el momento en que se adoptó la medida restrictiva.

    Agregó que el Magistrado valoró en forma adecuada la procedencia de la medida sobre la base de una sospecha importante.

    En cuanto a la nulidad de las actuaciones prevencionales al entender la defensa que existió un actuar autónomo de la Policía, el F. dijo que en los delitos de acción pública rige la alternatividad de los modos de inicio de la instrucción lo cual surge del art. 195 del CPPN, que la otorga indistintamente al requerimiento fiscal o a la prevención o información policial la eficacia al efecto.

    Además, indicó que a diferencia de lo sostenido por la defensa, en autos advierte que el Ministerio Público F. dirigió

    en todo momento la investigación.

    Respecto de la aplicación de la agravante de tres o más personas, dijo que ésta no exige extremos rigurosos para su configuración, ya que sólo basta una “intervención organizada”, como la ocurrida en autos (cfr. fs. 709/715).

    CONSIDERANDO:

  4. Que por razones de orden, corresponde ingresar ante todo a la nulidad que la Defensa Oficial planteó sobre la intervención telefónica de la línea de su asistido D.F.Z. dispuesta a fs. 23/24, para lo cual conviene precisar algunos conceptos y parámetros para determinar si la medida que se cuestiona fue dictada, Fecha de firma: 09/02/2017 Firmado por: ERNESTO SOLA Firmado por: M.I.C. Firmado por: L.R.R.B. Firmado(ante mi) por: M.G.D., SECRETARIO DE CÁMARA #27030557#171438771#20170209121130723 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I FSA 8593/2015/CA1 como se alegó, en violación al derecho constitucional a la protección de la intimidad y/o el secreto de las comunicaciones.

  5. Que el artículo 18 de la C.N. consagra que “el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué

    justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.

    Luego, a pesar de que allí no se hace mención a las comunicaciones telefónicas ni a la protección de su secreto, una interpretación dinámica de su texto, más lo previsto en el artículo 33 de la C.N. y en los artículos 11, inciso 2°, de la C.A.D.H. y 17, inciso 1°, del P.I.D.C. y P., en cuanto contemplan, en redacción casi idéntica, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia; llevan a concluir que estas normas son un complemento y continuidad del ámbito de protección que históricamente el constituyente pretendió salvaguardar contra injerencias arbitrarias.

    Sin embargo, del mismo modo en que se admite como legítima la injerencia estatal en el domicilio en determinados supuestos, la inviolabilidad de las comunicaciones tampoco resulta una garantía absoluta, sino que, tal como precisa la IV enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América -fuente relevante del texto Nacional- lo que se prohíbe es su afectación irrazonable.

    Es que desde antaño se reconoció que los derechos garantizados en la Constitución Nacional no son absolutos, pues tal sería una concepción antisocial (Fallos 188:112; 257:275; Fecha de firma: 09/02/2017 Firmado por: ERNESTO SOLA Firmado por: M.I.C. Firmado por: L.R.R.B. Firmado(ante mi) por: M.G.D., SECRETARIO DE CÁMARA #27030557#171438771#20170209121130723 258:267; 262:205; 268:364; 290:83; 297:201; 300:700; 304:319 y 1524), ya que todos deben operar atendiendo a su razón de ser teleológica y al interés que protegen (Fallos: 255:293; 262:302; 263:460), de manera que ningún derecho esencial de los que la Ley Suprema reconoce puede esgrimirse y actuar aisladamente, porque todos forman un complejo de operatividad concertada de manera que el Estado de Derecho existe cuando ninguno resulta sacrificado para que otro permanezca (Fallos:

    256:241; 258:267; 259:403 y 311:1438).

    La recta hermenéutica constitucional, tal y como lo ha señalado constante jurisprudencia de la Corte Suprema a partir del juego armónico de los artículos 14, 28 y concordantes de la Ley Suprema, conlleva el máximo resguardo posible de todos los derechos en juego, de modo que la aplicación de unos no entrañe el aniquilamiento de los otros

    (cfr. P.S. y F.T., “La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos”, La Ley, Buenos Aires, 2000 pág. 37).

    Por ello y como primer premisa, debe señalarse que la Constitución admite ciertas injerencias en la vida privada de las personas, llámese ingreso no consentido a un domicilio particular, registro de sus pertenencias o intercepción de sus comunicaciones, siempre y cuando se presenten suficientes “razones” que así lo justifiquen.

  6. Que nuestra Carta Magna estableció el principio de la inviolabilidad de la privacidad del domicilio, delegando...

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