Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 16 de Marzo de 2017, expediente FCT 001412/2014/CA017

• Fecha de Resolución: 16 de Marzo de 2017
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES FCT 1412/2014/CA17 Corrientes, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

Vistos: los autos caratulados “M. J. E. y Otros

S/Asociación Ilícita en concurso real con Privación Ilegal de la Libertad Agravada

art. 142 inc. 5 en concurso real con Infracción art. 144 ter 1º párrafo según Ley

14.616 y otros”, Expte. N° 1412/2014/CA17 del registro de este Tribunal,

proveniente del Juzgado Federal de Corrientes.

Considerando:

I. Que ingresan estos obrados a la Alzada, en virtud de los recursos de

apelación promovidos por las defensas de los encausados: Pedro Armando

Alarcón a fs. 2661/2662 y vta., A. a fs. 2663/2665, J. Levatti

a fs. 2666/2669 y vta., R. a fs. 2672/2673 y vta., Alfredo Carlos

Farmache y E. A. C. a fs. 2674/2678 y vta., Cirys Dalmys

Marcelo Feu a fs. 2679/2684, J. a fs. 2685/2701, Abelardo

Carlos de la Vega a fs. 2702/2719, R. a fs. 2720/2738 y vta.,

R. a fs. 2747 y vta., J. a fs. 2748/2757,

C. a fs. 2768/2802, todos ellos contra la resolución de

2492/2655 y vta. dictada por la titular de la judicatura de anterior grado.

Para así decidir, el magistrado sostuvo que estaría acreditado, prima

facie, que los imputados habrían intervenido en los hechos investigados

catalogados de “lesa humanidad” en el periodo 19761983, en función de la

posición que ocupaban en la escala jerárquica de mando de sus dependencias.

II. A fs. 2841 obra inhibición formulada por el Sr. Juez de Cámara, Dr.

R. González, para seguir entendiendo en la tramitación del presente

recurso, en razón de ser cónyuge de la Sra. Defensora Oficial, Dra. Mirta Liliana

Pellegrini, quien interviene en actuaciones vinculadas a estos autos en carácter de

defensora de Menores, Pobres y Ausentes.

III. A fs. 2842 obra informe actuarial en el que la Sra. Secretaria de

Cámara Subrogante hace constar que la resolución impugnada fue notificada a la

defensa del imputado C., el día 31/07/2015 (fs. 2655 y

vta.), articulando el recurso de apelación correspondiente en plazo de gracia el día

06/08/2015 (fs. 2679/2684), advirtiéndose una nueva impugnación planteada por

el mismo defensor en fecha 21/08/2015 (fs. 2768/2802), siendo este último

recurso extemporáneo, debiendo así declararse el mismo, sin ingresar al

tratamiento de los agravios esgrimidos por la defensa.

IV.

1. La defensa del imputado P. se agravia al

   sostener que en la época de los hechos investigados, su asistido cumplía funciones

   eminentemente administrativas en calidad de Sargento Suboficial Subalterno de

   Gendarmería Nacional con prestación de servicios en la Ex Sección “Corrientes”.

   Manifiesta que la conducta de su asistido – consistente en el cumplimiento de

   tareas propias de su condición de Gendarme es atípica en todos los delitos que se

   le atribuyen, faltando elementos objetivos y subjetivos para su configuración.

   Asimismo sostiene que respecto a la subdivisión de intimaciones que se le

   atribuyen, la de carácter general no le cabría tener responsabilidad penal que

   amerite el dictado del auto de procesamiento en su contra y la otra de carácter

   particular, no podrían catalogarse como delitos de lesa humanidad los delitos que

   se le atribuyen individualmente, como lo pretende la “acusación” y el “juzgador”.

   Con fundamento en el art. 308 y cc. del CPPN, sostiene que el auto recurrido

   carece de motivación suficiente, debido a que no se explicó de qué modo la

   conducta de su representado, al momento de ocurrencia de los hechos

   supuestamente acaecidos, contribuyó a la comisión de los delitos investigados en

   la causa. Sostiene que es improcedente la aplicación de la figura de la Asociación

   Ilícita (art. 210 del Código Penal), porque la misma ya fue descartada en autos:

   De MARCHI y otros s/ sup. Asociación Ilícita (…) Expte. Nº 460/06

   por los

   Jueces de esta Cámara. Finalmente cuestiona el embargo trabado por el Juez a

   quo, por considerar que tal decisión no está sustentada en elementos objetivos

   Fecha de firma: 16/03/2017 Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.L.A., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: C.O.G., SECRETARIO DE CAMARA #19569531#174075679#20170316095159837 agregados a la causa, haciendo reserva de ocurrir ante la Cámara Federal de

   Casación Penal y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el

   supuesto de una resolución adversa a sus pretensiones.

2. La defensa de A. P. cuestionando el procesamiento,

   afirmando que se debería establecer tanto normativa, doctrinaria y

   jurisprudencialmente los delitos de lesa humanidad para luego saber si el hecho

   imputado se inscribe o no en esa categoría. Cita normativa internacional, como el

   Estatuto de Roma, doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la

   Nación. Asimismo, alega que de la subdivisión de intimaciones que se le

   atribuyen a su representado, de carácter general, no le cabría tener responsabilidad

   penal que amerite el dictado del auto de procesamiento en su contra, y la otra de

   carácter particular, no podrían catalogarse como de lesa humanidad los delitos

   que se le atribuyen individualmente, tal cual pretende el titular de la acción penal

   y el instructor. Sostiene que del correcto análisis de la detención de T.,

   deriva la desvinculación del hecho con respecto a su asistido, debido a que éste –

   afirma habría actuado en legítima defensa, asunto que no ha sido analizado por el

   juez a quo dado que se habría extinguido la acción penal. Con fundamento en el

   art. 308 y cc. del CPPN, sostiene que el auto recurrido carece de motivación

   suficiente, debido a que no explicó de qué modo la conducta de su asistido, al

   momento de la concurrencia de los presuntos hechos, contribuyó a la comisión de

   los delitos investigados en la causa. Sigue diciendo que es improcedente la

   aplicación de la figura de la Asociación Ilícita, porque la misma ya fue

   descartada en autos “De MARCHI y otros s/ sup. Asociación Ilícita (..) E.. Nº

   460/06”, por los Jueces de esta Cámara. Finalmente, cuestiona el embargo trabado

   por el Juez a quo por considerar que tal decisión no está sustentada en elementos

   objetivos agregados a la causa, haciendo reserva de ocurrir ante la Cámara

   Federal de Casación Penal y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la

   Nación en el supuesto de una resolución adversa a sus pretensiones.

3. A su turno, los defensores de J. Levatti alegan que la resolución

   puesta en tela de juicio causa agravio toda vez que la misma atribuye a su asistido

   hechos ilícitos ajenos y lo mantiene privado de su libertad, causando daños de

   difícil reparación ulterior. Asimismo, con fundamento en el art. 123 del CPPN,

   postulan la nulidad del procesamiento recurrido, debido a que –a su entender no

   cumpliría con el requisito de motivación que deberían contener las resoluciones

   de este tipo, haciéndose solo un relato histórico de lo ocurrido, sin analizar las

   conductas concretas que se le atribuyen a su representado, efectuando el J. a

   cuyo cargo se haya la instrucción afirmaciones dogmáticas y genéricas ajenas a la

   causa. Critica la calificación legal provisoriamente endilgado a su defendido,

   como “autor mediato de delitos de lesa humanidad”, manifestando que ella

   carece de argumentos, siendo incompatible con la realidad y las pruebas obrantes

   en la causas, de conformidad a las reglas de la sana critica racional. Que la

   decisión impugnada considera a su asistido como “integrante del grupo operativo

   perteneciente a la Jefatura de Policía durante el año 1977”, y que desde esa

   posición habría tenido el dominio de los hechos momentáneamente enrostrados,

   cuando según manifiesta no existirían pruebas que avalen tales inferencias.

   Afirma que el Levatti cumplía funciones como Oficial de la Policía, abocado a la

   atención de presos comunes, sujeto al control permanente de las Inspecciones de

   Justicia, no siendo viable que los hechos investigados sean catalogados como

   delitos de lesa humanidad y considerados crímenes contra el derecho de

   gentes

   . Con fundamento en el art. 306 del CPPN, agrega que el procesamiento se

   basa en pruebas y argumentos pobres e inconsistentes, lesionando el debido

   proceso y el principio de inocencia de su representado. Critica el hecho de que el

   juez a quo haya omitido de forma arbitraria las extensas explicaciones brindadas

   por su asistido durante la declaración indagatoria, siendo ésta –según su forma de

   ver clara, verídica y coherente. Que causa agravio a su parte que el auto recurrido

   Fecha de firma: 16/03/2017 Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.L.A., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: C.O.G., SECRETARIO DE CAMARA #19569531#174075679#20170316095159837 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES FCT 1412/2014/CA17 contenga fragmentos de testimonios obtenidos en otras causas, y se omita referir

   circunstancias esenciales que desvincularían al L. de los hechos

   investigados. En tal sentido, sostiene que el auto de mérito incriminador se habría

   basado en pruebas trasladadas desde otros expedientes donde su parte no tuvo

   ninguna participación ni posibilidad de contralor, lesionando así el debido proceso

   y la defensa en juicio. Respecto de la prisión preventiva, manifiesta que ésta

   termina equiparándose en sus efectos a la sentencia definitiva, ya que antes de

   condenar al encartado lo priva sin razón de su libertad ambulatoria, sin que exista

   peligro de fuga o de entorpecimiento a la investigación. Que la gravedad de los

   delitos investigados resultaría ser insuficiente para fundar la prisión cautelar.

   Refiere que el auto puesto en tela de juicio vulnera los principios de inocencia,

   legalidad, irretroactividad, debido proceso y de defensa en juicio. Finalmente,

   sostiene que 40 años después se pretende llevar adelante una investigación y

   atribuirle responsabilidad a su asistido, impidiendo el adecuado ejercicio del

   derecho de defensa. Hace reserva de casación y de la cuestión federal.

   d) El defensor del R., alega que la resolución puesta

   en tela de juicio es arbitraria y carece de fundamentación jurídica que la

   sustenten...