Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 3 de Febrero de 2021, expediente FCT 002232/2015/CA001

Fecha de Resolución 3 de Febrero de 2021
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

FCT 2232/2015/CA1

Corrientes, tres de febrero de dos mil veintiuno.

Y VISTOS: “De M., J.C.S./ Privación Ilegal de la

Libertad Agravada (art. 142 inc. 1), E.. Nº 2232/2015/CA1, del registro de

este Tribunal, proveniente del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes.

CONSIDERANDO:

I Que ingresan estos obrados a estudio de este Tribunal, en virtud del

recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial en representación de

J.C. De M., contra la resolución del a quo por medio de la cual

dispuso el procesamiento del nombrado en orden al delito de Privación Ilegal

de la Libertad art. 142 inc. 1 (dos víctimas) y art. 144 ter, del CP en concurso

real, art. 55 del CP (una víctima) en perjuicio de O.A.V. y

V.J.A.N. según ley 14.616, manteniéndose la situación de

detención, bajo la modalidad de Prision Domiciliaria de la que viene gozando

(art. 32 Ley 24.660).

La recurrente sostiene que el auto de procesamiento y la acción penal

pública promovida por el Ministerio Público Fiscal resultan inconstitucionales

por una serie de motivos. Primero, alude a que violan el art. 18 de la CN al

introducir el concepto de imprescriptibilidad y delito de lesa humanidad

ampliando el poder punitivo del Estado sin límite temporal alguno. Que,

asimismo violan el art. 75 inc. 22 de la CN al otorgar preeminencia a los

Tratados y Convenciones que entraron en vigencia con posterioridad a los

hechos investigados, el art. 31 de la CN que consagra la supremacía de

Constitución Nacional y del Derecho Federal y las demás cláusulas de

Supremacía, la disposición transitoria decimosexta de la reforma

constitucional de 1994, las Convenciones mencionadas en el auto de

procesamiento (art. 75 inc. 22 CN) porque el ejercicio de la acción penal

pública se desarrolla violando el principio de Legalidad y el carácter

irretroactivo de sus disposiciones, lo dispuesto en el art. 3 de la ley 24.080, lo

dispuesto en la ley 26.200 que al implementar el Estatuto de Roma dispuso el

Fecha de firma: 03/02/2021

Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: C.E.O.G., SECRETARIO DE CAMARA

Principio de Legalidad (art. 13), lo dispuesto en la ley 48 (art. 21), el

”Principio de Razón Suficiente” y el “Principio de Legalidad” al aplicar

Tratados y Convenciones que no habían entrado en vigor al momento de

producirse los eventos que son motivo de imputación, el Principio de

Publicidad y predeterminación legal sustantiva y procesal en materia penal, los

arts. 4, 59 inc. 3º y 62 del CP referido al instituto de la prescripción penal pues

soslayan su aplicación al caso de autos en cuanto constituyen Lex Praevia, Lex

Stricta y Lex Certa. Sostiene que el debido proceso legal no es más ni menos

que el señalado en el art. 18 de la CN que prescribe que “Ningún habitante de

la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al

proceso”.

Por otra parte, se agravia por considerar que el auto de procesamiento

contiene una motivación aparente y no cumple con el requisito de motivación

suficiente impuesto aun para las resoluciones de esta etapa del proceso (art.

123 y 308 del CPPN). Sostiene que surge del requerimiento de instrucción y

de la declaración indagatoria que a su asistido se le atribuyó haber encabezado

una comisión del ejército que la noche del 24 de junio de 1976 ingresaron a

una pensión sito en calle Estados Unidos 785 de esta ciudad, lugar donde

Villaloria y N.P. fueron presuntamente requisados y golpeados

para luego ser trasladados a la Jefatura de Policía Central otorgándosele días

más tarde la libertad. Alega que lejos de mostrar pruebas objetivas que

demuestren el desarrollo de la conducta que se le imputa a su asistido, el

juzgador deduce el comportamiento mencionando pautas generalizadas, tales

como que en el periodo de los años 19761983 los integrantes del ejército, la

policía y la gendarmería privaron de la libertad a personas que fueron

encarceladas bajo condiciones incompatibles con la dignidad humana

aplicándoseles todo tipo de tormento, como surge del punto “conclusiones”

del auto de procesamiento. Agrega que no se valoró racionalmente y según la

sana critica racional las pruebas glosadas en el expediente (informes que dan

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cuenta que la mujer de su asistido no trabajó en la Facultad de Veterinaria así

como los testimonios de las presuntas víctimas). Afirma que es falaz lo

alegado por el magistrado en punto a que las victimas habrían recibido todo

tipo de tormentos así como que estuvieron detenidos 7 días. Sostiene que es

clara la declaración testimonial que afirma que el tiempo de detención fue de 3

días (desde el 24 al 27)

Seguidamente, manifiesta que le causa agravio el auto de

procesamiento porque aplica Convenciones y Tratados de manera retroactiva,

es decir “ex post facto” sosteniendo nuevamente que se viola lo dispuesto en

el art. 3 de la ley 24.080. Afirma que los Tratados y Convenciones invocados

en la resolución entraron en vigencia con posterioridad a los hechos

atribuidos, por lo que el auto de procesamiento se sustenta de ellos

haciéndolos valer de manera retroactiva y en perjuicio del imputado. En apoyo

de sus dichos invoca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en el caso “Grande vs. Argentina” donde se sostuvo que el Tribunal

tendría competencia respecto de “hechos acecidos con posterioridad a la

ratificación” de la Convención Americana.

Sostiene que solo su asistido se encuentra imputado por las

detenciones de N. y V. y no otros funcionarios y/o agentes como lo

alude de manera generalizada la resolución que impugna. Afirma que la

responsabilidad de su asistido se construye con el solo hecho de pertenecer a

las filas del Ejército Argentino, por lo que se viola el Principio de

Responsabilidad de la Pena y se asimila la responsabilidad penal con la

responsabilidad objetiva del derecho civil. Que, ello resulta inaceptable y no

puede cohonestarse con la simple referencia a la teoría desarrollada por Claus

Roxin sobre autoría mediata por dominio de la organización.

También se agravia de la omisión del deber de evacuar citas (art. 304

CPPN), sosteniendo que se afecta el derecho de su asistido a ejercer su

defensa material alegando que la investigación fue parcializada. Sostiene

Fecha de firma: 03/02/2021

Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

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nuevamente que el a quo omitió meritar las pruebas de cargo, específicamente

la que surge de fs. 53 y 56/60, causando ello un perjuicio irreparable a su

asistido ya que de la interpretación de ellas surgía que aquel no participó del

operativo realizado el 24 de junio de 1976.

Seguidamente, manifiesta que la resolución no da respuesta al planteo

de sobreseimiento peticionada por su parte, en cuyo escrito brindaban los

argumentos de hecho, de derecho y las pruebas en que se fundamentaba el

pedido. Alega que se resolvió procesar a su asistido únicamente por su

pertenencia al ejército y se omitió valorar la prueba fundamental producida

(fs. 53 y 56/60) respecto de las cuales ni si quiera se hizo mención, por lo que

solicita a este Tribunal se tenga en cuenta al momento de resolver la cuestión.

Agrega que, se evidencia un apego a la opinión del Ministerio Público Fiscal

lo que se traduce en la una violación al “derecho de igualdad de armas” que

debe reinar en el proceso, que se han pasado por alto asimismo los principios

de “culpabilidad” y de derecho penal de acto” cayéndose en una arbitrariedad

manifiesta por la omisión del tratamiento de pruebas esenciales producidas.

Por último, sostiene que le causa agravio el resolutorio dado a que el

a quo afirma que “el carácter de autoría mediata que se le atribuye deviene

de la categoría dogmática establecida por C.R., esta categoría se

denomina “Autoría mediata por dominio de la organización”. Alega que ello

es contradictorio en cuanto se señaló con anterioridad que su asistido fue uno

de los sujetos que el 24 de junio ingresó al domicilio de la calle Estados

Unidos 785 aprendiendo ilegítimamente a V. y N.. Que, es así dado a

que el autor mediato solo puede serlo para la teoría aludida aquel que se vale

de otro para realizar la acción típica el llamado “instrumento”, por lo tanto

sostiene que el juzgador confunde la teoría y/o su aplicación al hecho

descripto y juzgado toda vez que si se dice que De M. realizó esa acción

(privación de libertad) mal puede ser calificado de autor mediato por el

dominio de un aparato organizado de poder.

Fecha de firma: 03/02/2021

Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: C.E.O.G., SECRETARIO DE CAMARA

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Por todo ello solicita que esta Alzada haga lugar a los planteos por su

parte efectuados y en su mérito anule el acto dictado en fecha 22 de noviembre

de 2019 ya que su asistido es ajeno al hecho cuya denuncia radicara el Sr.

O.A.V., porque quedó ratificado con la incorporación de

las documentales glosadas a fs. 53 y 56/60 que hacen alusión a la declaración

donde aquel sostuvo que identificó a De M. ya que veía trabajar a su

esposa en la facultad de veterinaria. Que, la afirmación de V. queda

totalmente desvirtuada y se convierte en falaz, si se tiene en cuenta el informe

emitido por el Jefe de Departamento Personal de la Facultad de Ciencias

Veterinarias –UNNE, de donde surge que la Sra. M.H.M. no

cumplió funciones en esa Unidad Académica durante el año 1976. Alega que

tales extremos llevan a dictar la resolución prevista por el art. 336...

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