Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Agosto de 2018, expediente FTU 830893/2010

Fecha de Resolución21 de Agosto de 2018
EmisorTRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO AUTOS: “M.G.A. Y OTROS S/

INFRACCION LEY 23.737” - EXPTE N° 830893/2010.-

S.d.E., 21 de agosto de 2018.-

VISTO:

El pedido de sobreseimiento definitivo a favor de G.A.M. interpuesto por la Sra. Defensora Pública Oficial Dra. M.A.B.; y CONSIDERANDO:

I- ARGUMENTOS DE LA DEFENSA:

Se presenta la Sra. Defensora Pública Oficial (fs. 1452/1459)

y solicita sobreseimiento definitivo de su defendido G.A.M., por violación del principio del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, según artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-

En primer lugar la defensa refiere brevemente a los hechos que dieran origen al presente proceso. Luego, a modo de primer fundamento de su solicitud, invoca el derecho de su defendido a ser juzgado en un plazo razonable. En este sentido dice que, estando en calidad de procesado desde el año 2008, el Sr. M. vio lesionado su derecho a ser juzgado en tiempo prudencial, afectando su derecho a un debido proceso, como también la seguridad jurídica necesaria en cualquier Estado de Derecho. Destaca lo dicho por D.R.P. en “El Plazo Razonable en el Proceso del Estado de Derecho” de Editorial Ad Hoc, Fecha de firma: 21/08/2018 Alta en sistema: 22/08/2018 Firmado por: J.C.R., Juez de Cámara Subrogante Firmado por: FEDERICO BOTHAMLEY, Juez de Cámara 1 Firmado por: A.J.B., Presidente Firmado(ante mi) por: L.A.A., Secretaria de Cámara #8728975#211653438#20180822081302480 Buenos Aires, 2002. Primera edición, al repasar la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “M.” del 29 de noviembre de 1968 (Fallos 272:188) donde consideró que la resolución cuestionada proponía una renovación de un proceso ya dilatado que, de esa forma, lo conducía inexorablemente a seguir aumentando su duración ya excesiva, lo cual resultaría violatorio de determinados principios básicos del derecho procesal penal que se podrían resumir en el derecho del imputado a un juicio razonablemente rápido.-

Cita fallos de la CSJN: “Pileckas” (Fallos 297:486), “Klosowsky” (Fallos 298:312), “M.” (Fallos 300:1102) los que refieren al precedente "M., consagrando el derecho a un plazo razonable de duración del proceso penal, con jerarquía constitucional, e incluido dentro del art. 18 de la Constitución Nacional como parte de la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio. Sostiene que nuestro máximo tribunal aceptó que un proceso de duración excesiva representa ya una pena para los acusados. En relación a los precedentes citados dice que se puede observar entonces, que los mismos a más de reconocer que la excesiva duración del proceso penal vulnera todos los derechos individuales y sus garantías referidos a la administración de justicia; avanza al admitir que en tales condiciones, el proceso penal significa ya una pena impuesta no a un culpable, sino a quien se somete a juicio para saber si es culpable o no lo es.-

Continúa la defensa realizando un exhaustivo análisis de la jurisprudencia la Corte, para concluir en este punto que el retardo injustificado de un proceso penal, infringe la garantía de debido proceso, toda vez que el artículo 18 de la Constitución Nacional expresa la Fecha de firma: 21/08/2018 Alta en sistema: 22/08/2018 Firmado por: J.C.R., Juez de Cámara Subrogante Firmado por: FEDERICO BOTHAMLEY, Juez de Cámara 2 Firmado por: A.J.B., Presidente Firmado(ante mi) por: L.A.A., Secretaria de Cámara #8728975#211653438#20180822081302480 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO incorporación de esta etapa de juzgamiento en el proceso que requiere como previo. La prohibición constitucional de penar sin juicio conduce a la obligatoriedad de brindar al proceso de determinación, todas y cada una de las características del debido proceso. Y siendo ello así, parece evidente que el debate unificado no puede nunca brindar esos caracteres, resultando constitucionalmente obligatorio el debate autónomo. Es indudable que las garantías procesales son el soporte de la seguridad jurídica, las mismas tienen como función proteger al imputado, haciendo eficaces los derechos constitucionales de los cuales es titular. El eje del derecho penal y procesal penal es la pena; lo demás la determinación del injusto y la responsabilidad del autor son solo presupuestos de ella. Lo que en definitiva va a afectar directa y concretamente a la persona es la pena que se le va infligir y, por lo tanto dentro del proceso tiene que darse la significación e importancia que la misma merece. En este sentido, cabe recordar que en el tipo de juicios que nos convoca, la Ley, no prevé la posibilidad de practicar una “cesura de juicio”, cuando en el caso concreto, la está aplicando, inobservado la ley positiva, cercenando de esa manera las garantías procesales de oralidad e inmediatez, las que buscan interiorizar al juzgador respecto del caso sobre el que decidirá.-

Así, no caben dudas que fue violentado en autos la garantía del debido proceso respecto del derecho del Sr. M. de ser juzgado en plazo razonable, situación que por el paso del tiempo, las condiciones personales del encartado, el delito que se le imputa y su situación actual de reformado y readaptado socialmente, hacen que la eventual imposición de una pena privativa de la libertad se tornara absurda, arbitraria e injusta.-

Luego refiere puntualmente a la normativa internacional Fecha de firma: 21/08/2018 Alta en sistema: 22/08/2018 Firmado por: J.C.R., Juez de Cámara Subrogante Firmado por: FEDERICO BOTHAMLEY, Juez de Cámara 3 Firmado por: A.J.B., Presidente Firmado(ante mi) por: L.A.A., Secretaria de Cámara #8728975#211653438#20180822081302480 incorporada con rango constitucional a nuestro sistema jurídico (art. 10, apartado 3 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos; art 5, apartado 6 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos - Pacto de San José).-

Sostiene que en virtud de la clara manda constitucional, no puede ponerse en duda que la finalidad de la pena en nuestro ordenamiento jurídico, no es otra que la reforma y readaptación social del imputado. Que así lo resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “C.v.T. y Tobago” del 11 de marzo de 2005, donde con el voto concurrente del juez S.G.R., se sostuvo en el Considerando 16 que “El designio readaptador se localiza en el artículo 6.5 de la Convención Americana, que atribuye a las penas privativas de libertad la ‘finalidad esencial’ de promover ‘la reforma y la readaptación social de los condenados’. Si este es el objetivo de aquellas penas –su misión finalista, que da sentido a la actuación ‘positiva’ del Estado con respecto a los condenados…”.-

Reitera y remarca que el Sr. M. se encuentra en libertad desde hace ya más de ocho años, desempeñándose como cuidador de cabras y sereno en los campos aledaños a su residencia desde entonces, sin que se registre ningún conflicto con la ley de ningún tipo desde que recuperara su libertad, por lo que no puede dudarse que la finalidad de la pena que se le pueda imponer, ya se encuentra cumplida, es decir, el encartado ya se encuentra reformado y readaptado socialmente. Así, cualquier disposición que pudiera establecer privar de la libertad al Sr.

M. se tornaría en absurda, irrazonable y arbitraria.-

Refiere la defensa, ya como segundo fundamento de su Fecha de firma: 21/08/2018 Alta en sistema: 22/08/2018 Firmado por: J.C.R., Juez de Cámara Subrogante Firmado por: FEDERICO BOTHAMLEY, Juez de Cámara 4 Firmado por: A.J.B., Presidente Firmado(ante mi) por: L.A.A., Secretaria de Cámara #8728975#211653438#20180822081302480 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO planteo, a la extractividad de la ley penal. Invoca lo dicho en el el art. 22 de la ley 27.063, destacando que aun cuando dicha ley no se encuentra en vigencia actualmente en la provincia de S.d.E., es un hecho que, al haber sido regularmente sancionada, entrara en vigencia eventualmente. En virtud del citado artículo, tanto los jueces como el Ministerio Fiscal, deben atender al principio de paz social, y al restablecimiento de la armonía, el que se vería afectado gravemente en el caso de disponerse la privación de la libertad a un sujeto que afortunadamente pudo reformarse y readaptarse socialmente, a pesar del estigma social y personal que significa la prisión en nuestro sistema carcelario, más teniendo en cuenta el hecho de ya haber sido absuelto en fecha 26/06/2010, afectándose así también la seguridad jurídica indispensable en un Estado de Derecho.-

Que, el art. 2º del C.P. sostiene “si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho”. Esta última disposición explica S., importa reconocer no solamente la retroactividad de la nueva ley más benigna, sino también la ultraactivdad de la ley anterior más benigna, quedando el principio general de la irretroactividad de la ley penal, contenido en el art. 18 de la CN, interpretado en el sentido de que él se refiere solamente a la inaplicabilidad de una ley más gravosa, sancionada con posterioridad a la comisión de los hechos.-

Fecha de firma: 21/08/2018 Alta en sistema: 22/08/2018 Firmado por: J.C.R., Juez de Cámara Subrogante Firmado por: FEDERICO BOTHAMLEY, Juez de Cámara 5 Firmado por: A.J.B., Presidente Firmado(ante mi) por: L.A.A., Secretaria de Cámara #8728975#211653438#20180822081302480 Por ley más benigna se ha identificado a aquella que para el caso concreto permite el enjuiciamiento más benigno a través de nuevas disposiciones procesales, que suprime totalmente la punibilidad o sanciona el hecho sólo como contravención al orden, o aquella que contiene...

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