Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Noviembre de 2020, expediente FTU 005743/2017/CA001

Fecha de Resolución26 de Noviembre de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE TUCUMAN - SECRETARIA PENAL

5743/2017 - IMPUTADO: ELORRIETA, M.E. Y OTRO s/INFRACCION

LEY 22.415

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

S. M. de Tucumán, de 2020.

AUTOS Y VISTO: Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 60/62; y CONSIDARANDO:

  1. Que contra la resolución de fecha 15/10/19

    (fs.57/59), que dispone; I) Dictar el SOBRESEIMIENTO

    TOTAL Y DEFINITIVO a favor de M.E.

    ELORRIETA, DN

  2. Nº 20.528.102 y de RAMÓN ORLANDO

    GÓMEZ, DN

  3. Nº 24.735.611, de conformidad a los considerandos precedentes, declarando que la formación del presente proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubieren gozado los imputados (art. 336 in fine del C.P.P.N.)…”; deduce recurso de apelación el Ministerio Público F. a fs.60/62.

  4. Que, en esta instancia, en oportunidad de la audiencia fijada los fines del art. 454 del CPPN, el Sr. F. General de Cámara presenta informe de agravios por escrito agregado a fs. 70/79, en donde sostiene que resulta debatible si para el presente caso corresponde la aplicación del principio de la ley más benigna a favor del imputado.

    Sostiene su posición al respecto, por cuanto considera que dicho principio es posible aplicar cuando altera el quantum de la conducta punible. Que no estarían las condiciones dadas para la aplicación de dicho principio en el caso de marras, por cuanto los Fecha de firma: 26/11/2020

    Alta en sistema: 30/11/2020

    Firmado por: M.C., JUEZ DE CAMARA

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    Firmado por: R.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.D., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: J.E.D., CONJUEZ DE CAMARA

    Firmado por: H.E.F.S., CONJUEZ DE CAMARA #29618800#274675462#20201125123247536

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    montos dinerarios son la condición objetiva de la punibilidad y, por que la actualización de las sumas mínimas no expresan una revalorización positiva o liberatoria del delito al que corresponden.

    Asimismo, sostiene que la Ley 27.430 –que modifica los montos mínimos de contrabando y tributarios- no reúne los requisitos necesarios para la aplicación del art. 2 del CP. Para sostener su fundamentación, cita jurisprudencia, dictámenes y resoluciones de la Procuración General de la Nación.

    Por otra parte, se agravia en la falta de verificación de los requisitos previstos en el art. 949 del Código aduanero.

    Afirma que el J. a-quo ignora aquella norma tipificada dentro del Régimen Tributario que, en caso de corresponder, impedirían la morigeración del encuadre jurídico por la conducta endilgada, tratándola como delito y no como infracción aduanera como pretende el a-quo.

    En este sentido el artículo 949 del código aduanero dice: “No obstante que el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa fuere menor de pesos quinientos mil ($ 500.000) o de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000) en el supuesto que se trate de tabaco o sus derivados, el hecho constituirá delito y no infracción de contrabando menor, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la mercadería formare parte de una cantidad mayor, si el conjunto superare ese valor; b) Cuando el imputado hubiera sido condenado por Fecha de firma: 26/11/2020

    Alta en sistema: 30/11/2020

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    Firmado por: M.D., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: J.E.D., CONJUEZ DE CAMARA

    Firmado por: H.E.F.S., CONJUEZ DE CAMARA #29618800#274675462#20201125123247536

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    sentencia firme por cualquiera de los delitos previstos en los arts.

    863, 864, 865, 866, 871 y 873 o por la infracción de contrabando menor”.

    Que el J. previo a resolver debió constatar a través de un oficio al Registro Nacional de Reincidencia sobre los antecedentes o procesos penales de los imputados y a través de un oficio al organismo aduanero (AFIP-ANA) para que informe si existe alguna causa en contra de los encartados en donde hayan sido sancionados por una infracción de contrabando menor que se encuentre firme.

    Concluye reclamar que previo resolver, el magistrado cuente el material probatorio para descartar los supuestos mencionados en el art. 949 del C.A., no se trata de un capricho de esa parte sino simplemente lograr el efectivo acatamiento la normativa imperante.

    Por último, solicita se ordene a la Delegación S.d.E. de la Dirección General de Aduanas (AFIP) que ponga a disposición de la Secretaría General de Presidencia de la Nación la mercadería secuestrada,

    Que el decreto 1805/2007 reglamenta lo dispuesto en el art. 5 de la ley 25.603 (reformado por ley 26.434) y expresa;

    cuando se trate de mercaderías que, como bienes finales o mediante su transformación, resulten aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a diversos organismos Fecha de firma: 26/11/2020

    Alta en sistema: 30/11/2020

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    Firmado por: R.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.D., SECRETARIO DE CAMARA

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    Firmado por: H.E.F.S., CONJUEZ DE CAMARA #29618800#274675462#20201125123247536

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    o reparticiones del Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero previa constatación de la situación jurídica de la mercadería y de la obtención de su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación a fin de que sea afectada para su utilización por la repartición u organismo que al efecto se determine, incluyendo a sus planes o programas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a la ejecución de los mismos; previo cumplimiento de las formalidades descriptas en la reglamentación del presente, que oportunamente se dicte

    .

    Así, la citada ley estableció la obligación de que el servicio aduanero ponga a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, toda mercadería básica y de primera necesidad -alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir, calzado y medicamentos- y también aquella que por su naturaleza resulte apta para el debido cumplimiento de las actividades específicas asignadas a los diversos organismos del Estado Nacional.

    De esta manera, se pretende que las mercaderías ingresadas al país de manera ilegal sean incorporadas a planes y programas sociales destinados a sectores sociales de la economía nacional. El decreto utiliza las terminologías “inclusión social” y “empleo genuino”.

    Fecha de firma: 26/11/2020

    Alta en sistema: 30/11/2020

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    Firmado por: R.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.D., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: J.E.D., CONJUEZ DE CAMARA

    Firmado por: H.E.F.S., CONJUEZ DE CAMARA #29618800#274675462#20201125123247536

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    Manifiesta que los efectos decomisados y que eran transportados por M.E.E. y O.R.G., ya fueron sometidos al aforo fiscal, superando la condición objetiva de punibilidad. De allí que, ninguna medida judicial resta por practicarse sobre ese material, no vislumbrándose, por tanto,

    obstáculos insalvables para hacer lugar a la intervención de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

    Por todo lo expuesto, solicita se ordene a la Delegación S.d.E. de la Dirección General de Aduanas (AFIP) ponga a disposición de la Secretaría General de Presidencia de la Nación la mercadería secuestrada, debiendo conservar la muestra correspondiente a los fines de la continuidad de este proceso penal, de conformidad con lo dispuesto por el art. 8

    del decreto...

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