Imputables y peligrosidad: la medida de libertad vigilada en el sistema penal español

Autor:Natalia Pérez Rivas
Páginas:1-27
RESUMEN

La doctrina española ha venido reclamando, de forma reiterada, la creación de una categoría de estado peligroso para imputables, argumentando que una pena ajustada a la medida de su culpabilidad no era el instrumento adecuado para hacer frente a su peligrosidad. Haciéndose eco de estas demandas, el legislador optó por una solución dualista para el tratamiento de algunos delincuentes con respecto... (ver resumen completo)

 
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Imputables y peligrosidad…, Vol. 3 (2018), Cartapacio de Derecho, Facultad de Derecho,
UNICEN.
IMPUTABLES Y PELIGROSIDAD: LA MEDIDA DE
LIBERTAD VIGILADA EN EL SISTEMA PENAL
ESPAÑOL
NATALIA PÉREZ RIVAS1
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
1. Consideraciones previas
La preocupación por el tratamiento de los denominados delincuentes peligrosos
ha sido una constante en nuestro ordenamiento penal. En las primeras tentativas de la
elaboración de nuevo texto punitivo, tras la promulgación de la CE, se contenía un
tratamiento diferenciado para ellos que combinaba la aplicación de la pena de prisión
correspondiente con la de una medida de seguridad privativa de libertad consistente
en el internamiento en un centro de terapia social. Así, en el artículo 150 del Proyec-
to de CP de 1980 se establecía para los delincuentes habituales, “como complemento
de la pena correspondiente al delito cometido, el internamiento en un centro de tera-
péutica educativa o de rehabilitación social” por un plazo mínimo de diez año, que se
elevaban a 15 años en el caso de los delincuentes profesionales. Por su parte, el
PANCP de 1983 preveía para el delincuente habitual, “además de la pena correspon-
1 La autora es Abogada. Doctora en Derecho Penal. Profesora en la asignatura Derecho
Penal en la Universidad de Santiago de Compostela.
2 Natalia Pérez Rivas
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diente, el internamiento en un centro de terapia social por un tiempo que no podrá
exceder de cinco años”, el cual podía “ejecutarse antes o después del cumplimiento
de la pena”. El Anteproyecto de CP de 1990 omitió, no obstante, toda referencia so-
bre este particular, iniciando una tendencia consolidada con el CP de 1995 y que
constituyó, en palabras de Cerezo Mir “uno de los mayores errores desde el punto de
vista político-criminal(Cerezo Mir (2008a: 16-17). Esta opinión es compartida por
Feijoo Sánchez, para quien la distinción entre penas para imputables y medidas de
seguridad para inimputables es un “error categorial que “no puede s ervir de excusa
para que el Estado haga dejación de sus deberes de control” (Feijoo Sánchez, 2011:
223). Boldova Pasamar (2009a) entendía, por su parte, como “una carencia o limita-
ción del sistema penal español” el hecho de que una vez cumplida la pena impuesta
el Estado se desentendiera de aquellos sujetos que seguían siendo peligrosos crimi-
nalmente.
El Texto punitivo de 1995 configuró únicamente dos categorías de estado peli-
groso con respecto a los que era posible la aplicación de las medidas de seguridad: la
de los declarados inimputables por aplicación las eximentes previstas en los números
1º, 2º y 3º del art. 20 CP (arts. 101 a 103 CP); y, la de los declarados semiimputables
por aplicación de la eximente incompleta del art. 21.1. CP en relación con las exi-
mentes plenas de los números 1º, 2º y 3º del art. 20 CP (art. 104 CP). Con posteriori-
dad, la Jurisprudencia ha venido ampliando el régimen de la semiimputabilidad a los
supuestos en que concurre la atenuante del número 2º del art. 21 CP, así como a las
denominadas “atenuantes de contenido psíquico”, resultantes de la puesta en cone-
xión de la atenuante analógica del art. 21.7 CP con la eximente incompleta del núme-
ro 1º de dicho precepto (Sanz Morán, 2003). El legislador optó así, como señala Sanz
Morán, “por una concepción que reduce al mínimo posible el espacio asignado a las
medidas de seguridad en el sistema penal […] prescindiendo (de ellas) en relación a
un campo característico, en la historia y en el derecho penal comparado, de recurso
a esta forma de reacción penal: el de la delincuencia habitual(Sanz Morán, 2001:
211-212).

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