Impunidad para intentar cubrir la retirada

Haciendo uso de recursos torpes y descabellados, muchos regímenes políticos en retirada alrededor del mundo procuran quedar exentos de las responsabilidades legales que les corresponden por sus actos contrarios a la ley y sus desmanejos en el uso de los dineros públicos. Las herramientas utilizadas han sido, en general, la obtención de fueros o el dictado de leyes de autoamnistía, rápidamente repelidas como inmorales y contrarias al orden constitucional por el gobierno que los sucedió.De acuerdo con los hechos ocurridos en las últimas semanas en nuestro país, de los cuales el Poder Ejecutivo y sus aliados incondicionales en el Congreso son directamente responsables, es fácil concluir que se ha puesto en marcha un proyecto algo más ambicioso y amplio, pero dirigido a producir el mismo resultado: preparar el terreno para que ningún acto ilícito en que hayan incurrido los actuales gobernantes -o que incurran en el futuro inmediato- pueda luego ser sancionado.Entre las más recientes y burdas está la persecución contra fiscales independientes encabezada por la propia procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, jefa directa de esos servidores de la Justicia. Con el indispensable apoyo del representante del Poder Ejecutivo y de aliados en el órgano encargado de analizar la conducta de los integrantes del Ministerio Público, Gils Carbó ha logrado que se suspenda al fiscal José María Campagnoli, quien mostró independencia y coraje para investigar la conexión entre el empresario Lázaro Báez y la familia Kirchner por presunto lavado de dinero del matrimonio presidencial, al que el principal concesionario de obra pública en Santa Cruz le rendía los beneficios de sus negocios. Nada de "privado" tiene, como pretende hacerse creer ahora desde el Gobierno, la utilización de dinero malhabido que ha tenido como contrapartida cuantiosas obras públicas. La suspensión de Campagnoli desnuda la desesperación del kirchnerismo por trabar las investigaciones sobre hechos de corrupción de estos últimos diez años.Otro claro ejemplo al respecto es la cerrada protección que desde el Gobierno se otorga al vicepresidente Amado Boudou, investigado, entre otras cuestiones, por enriquecimiento ilícito, defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público y por estar imputado por su participación en la adquisición de la ex empresa Ciccone. Para diluir el escándalo generado en torno de esa operatoria que tiene al vicepresidente de la Nación como actor principal es...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba