Impugnación de pliegos en el régimen de contratación de los municipios bonaerenses

• Autor: Pablo J. Majul
• Páginas: 1-22

Majul, Impugnación de pliegos en el régimen de contratación de los municipios…

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Impugnación de pliegos en el régimen de contratación

de los municipios bonaerenses*

Por Pablo J. Majul

1. Introducción

Los municipios de la provincia de Buenos Aires –mayormente– llevan a cabo

sus políticas públicas y de gestión interna, al igual que otros entes públicos estatales

y no estatales, a través de un régimen de contratación específico basado en el dere-

cho público local.

Como ya es consabido, pese a que se viene reavivando el tema de la tan an-

siada autonomía municipal, lo cierto es que las comunas bonaerenses no gozan de

una autonomía plena sino atenuada respecto de su vinculación con el Estado provin-

cial. Este dato no es menor porque –como veremos– el sistema que regula las con-

trataciones estatales de los municipios viene impuesto por normas provinciales.

No obstante ello, el margen para instituir las formas, alcances y objetivos con-

tractuales que lleven adelante las municipalidades en su relación con los eventuales

contratistas y el modo en que promoverán los procedimientos de selección es, por

cierto, bastante amplio; a pesar de esto, la mayoría de las comunas bonaerenses, ora

por desconocimiento, ora por pereza, ora por falta de personal capacitado u otros mo-

tivos1, parece no tener muy en claro este panorama.

Por esta razón, reputamos útil analizar algunas cuestiones del sistema de con-

tratación municipal en el que se presentan ciertas particularidades propias en compa-

ración con los regímenes nacional y provincial.

Entre el complejo procedimiento de selección de una licitación pública o privada

o el concurso de precios, se encuentran los “pliegos” que esencialmente son los do-

cumentos que elabora la Administración mediante los cuales regula tanto el procedi-

miento de selección del futuro contratista como el régimen de ejecución contractual.

La impugnación –por parte de los interesados, oferentes o proponentes– a sus

cláusulas dependerá, por un lado, si estamos frente a un pliego de bases y condicio-

nes generales (PBCG, en adelante) o, en cambio, se trata de un pliego de bases y

condiciones particulares (PBCP, en adelante).

Esta cuestión está íntimamente relacionada al procedimiento administrativo y,

por lo tanto, sujeta también a sus principios los que –a su vez– mantienen un diálogo

* Bibliografía recomendada.

1 En cualquier trabajo serio en el que se desarrolle una opinión sobre el régimen de contratacio-

nes del Estado (sea nacional, provincial o municipal) no puede obviarse el análisis de la corrupción

como un fenómeno real que lamentablemente corroe los engranajes del Estado de derecho y sacude

los mismísimos cimientos republicanos sobre los que se ha forjado nuestro “contrato social”. Decimos

esto, porque sería ingenuo de nuestra parte no mencionar a la corrupción como uno de los principales

motivos o causas en razón de la cual los gobernantes prefieren celebrar contratos zigzagueando o

esquivando los procedimientos de selección para evitar la competencia entre los oferentes a espaldas

de la población y poniendo en juego el erario público. El Honorable Tribunal de Cuentas tiene la valio-

sísima misión constitucional de contrarrestarlo.

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normativo con los principios propios de la contratación (v.gr., concurrencia, transpa-

rencia, eficiencia, etcétera).

Mediante las impugnaciones se ejerce control sobre el procedimiento permi-

tiéndose resguardar los intereses particulares del impugnante interesado y también el

interés general porque, a través de tales cuestionamientos, se obliga a la Administra-

ción a sujetarse al principio de legalidad. Así, el trabajo que aquí desarrollaremos pre-

tende ser una guía tanto para los funcionarios públicos a cargo de preparar y promover

los procedimientos de selección en el ámbito de los municipios de la provincia de Bue-

nos Aires; como así también, está dirigido a colegas que deban asesorar a empresas

o personas físicas que deseen adentrarse al complejo trámite de las licitaciones pú-

blicas2 por medio de formulación de ofertas para vincularse contractualmente con el

Estado mediante la provisión de productos o servicios.

La impugnación de los pliegos, pese a que algunos prefieran hablar de colabo-

ración entre la Administración y el administrado, en verdad abre una instancia litigiosa

en sede administrativa entre el recurrente y aquélla que puede ser rápidamente judi-

cializada produciendo efectos inmediatos en el procedimiento licitatorio.

2. Régimen normativo

a. Régimen normativo provincial: la ley 13.981 y su decreto reglamentario 59/19

La Constitución provincial, en materia de contratos públicos aplicable a los mu-

nicipios, solamente hace referencia en el art. 195 mediante el cual se señala que “to-

dos los actos y contratos emanados de autoridades municipales que no estén consti-

tuidas en la forma que prescribe esta Constitución, serán de ningún valor”.

Sin embargo, no encontramos dentro de sus disposiciones las formas o modos

de llevar a cabo las contrataciones3. De ahí, deducimos que el constituyente provincial

ha querido poner en manos del legislador la determinación de los procedimientos más

adecuados para la preparación, celebración, ejecución y extinción de los contratos

entre el Estado4 y los particulares.

2 Teniendo en consideración el objeto de análisis del presente trabajo: “impugnación de pliegos”;

los términos licitación pública o privada y concurso de precios deben ser interpretados indistintamente.

3 Solamente podemos verificarlo en materia de empleo público (art. 39, inc. 4° in fine) o como

una limitación a los municipios para contraer empréstitos en el extranjero (art. 193, inc. 3°). No obstante,

en relación a la obra pública, la carta magna estadual estatuye expresamente que deberá “sacarse

siempre a licitación” cuando exceda cierto monto (art. 193, inc. 7°).

4 Debe interpretarse de forma indistinta al Estado provincial y municipal; porque la Constitución

nada dice sobre el tema. Es más, el art. 195 al que ya hicimos referencia está inserto dentro de la

Sección VII “Régimen Municipal”.