La impugnación judicial de los actos administrativos sancionadores dictados en el marco de las leyes que regulan las relaciones de consumo

Autor:Federico Marengo
 
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Marengo, La impugnación judicial de los actos administrativos sancionadores
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La impugnación judicial de los actos administrativos
sancionadores dictados en el marco
de las leyes que regulan las relaciones de consumo*
Por Federico Marengo
Introducción
El sistema constitucional argentino es de corte netamente judicialista, por lo que
toda la actividad administrativa y todo conflicto jurídico se encuentra sometido, en prin-
cipio, a la revisión y decisión de los tribunales de justicia1.
El derecho a la jurisdicción en pleitos contra el Estado se apoyaba, en la Consti-
tución Nacional de 1853/60, en lo dispuesto en los arts. 18, 100, 101, 105 y 106 (ac-
tualmente arts. 18, 108, 109, 116 y 117), los cuales estatuían la regla que el Poder
Judicial debía intervenir en todo tipo de causas o conflictos de derechos o intereses
en los que la Nación sea parte2. En la actualidad, además de las citadas previsiones
constitucionales, el mencionado derecho encuentra recepción normativa en lo pres-
crito en los arts. 8.1 y 25.1, CADH, art. 8, DUDH y art. 18, DADDH3, los que, en su
conjunto, consagran el derecho de toda persona a acceder a los tribunales de justicia
para reclamar contra todo acto u omisión que viole sus derechos fundamentales, in-
cluso cuando ello sea producto de la actuación de personas en ejercicio de sus fun-
ciones públicas.
En lo que refiere a la actividad sancionadora de la Administración en materia de
consumo, una vez aplicada la penalidad por la autoridad de aplicación, el particular
cuenta con la posibilidad de impugnarla por vía judicial según lo dispuesto por art. 22
ley 22.802 y art. 45, párr. 11, ley 24.240.
A continuación, serán analizadas las cuestiones más trascendentes con respecto
a la impugnación judicial de los actos administrativos sancionadores en materia de
consumo, a saber: 1) la competencia del tribunal interviniente en la impugnación judi-
cial de las sanciones aplicadas con sustento en la normativa que regula las relaciones
de consumo; 2) el trámite aplicable a la impugnación por vía judicial; 3) el alcance del
* Bibliografía recomendada.
1 Tawil, Guido, Administración y justicia. Alcance del control judicial de la actividad administrativa,
t. I, Bs. As., Depalma, 1993, p. 481 y 482.
2 Hutchinson, Tomás, Derecho procesal administrativo, t. I, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, p.
256. 3 CADH, art. 25.1. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; DUDH, art.
8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por
la ley”; DADDH, art. 18. “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.
Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra
actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalment e”.

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