Por la importación de gas, tras un allanamiento, se complica la situación De Vido

El cristal que parecía proteger a Julio De Vido se quebró de manera definitiva. La Justicia allanó ayer el estudio del ex ministro menemista Roberto Dromi en una causa en la que investiga la compra de gas licuado con sobreprecios ordenada por De Vido y realizada a una empresa española que no se dedicaba a los combustibles, sino a la venta de hornos industriales.

El allanamiento, ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, involucró a una de las vacas sagradas del derecho en la Argentina, ya que Dromi, tras comandar las privatizaciones menemistas como ministro de Obras Públicas, donde acumuló denuncias de corrupción, asesoró a las empresas más poderosas del país y luego al kirchnerismo.

Ésta es la tercera vez que De Vido es alcanzado durante esta semana por la Justicia. Anteayer, el juez federal Julián Ercolini lo citó para indagarlo el próximo 27 de abril por la compra de trenes a España y Portugal, por la que está preso el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Además Bonadio le fijó fecha a De Vido para el 21 de abril para interrogarlo como sospechoso por ser partícipe en la tragedia ferroviaria de Once, en la que perdieron la vida 51 personas al chocar una formación contra el andén de la estación de tren. Por esa causa Jaime fue condenado a seis años de prisión y el tribunal oral ordenó investigar a De Vido, que era su jefe.

Esta vez fue el propio Bonadio el que activó otra causa contra De Vido. Se trata de un caso impulsado por el fiscal federal Carlos Stornelli, donde se investigan presuntas irregularidades en la adquisición de gas licuado natural desde 2008 hasta 2015. En este expediente se reunieron tres denuncias: dos de un abogado particular y una del ahora jefe de la bancada de senadores de Pro, Federico Pinedo, de la ahora ministra Patricia Bullrich y de Laura Alonso, ahora en la Oficina Anticorrupción. Los entonces legisladores basaron su presentación en una entrevista hecha por LA NACION a Roberto Dromi, que contó que había asesorado a De Vido y que en operaciones de compra de gas licuado por parte de la Argentina los contratos no tuvieron "los códigos de transparencia que la ley exige a Enarsa".

Los diputados citaron también un comunicado de YPF que, en referencia al procedimiento de compra de gas que regía antes de la actual gestión, hablaba de "un sistema que le rindió sus réditos personales en perjuicio del país". Por eso los denunciantes dijeron que sospechan que hubo comisiones indebidas, "dádivas o sobornos".

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