Ignorancia y torpeza, ingredientes de un penoso espectáculo

El gobierno y la justicia

La Casa Rosada efectuó dos movimientos con la finalidad de asegurar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, uno en el nivel internacional y otro en el nivel interno. Los dos tuvieron por propósito demostrar que no existe Justicia independiente en la Argentina, o que, al menos, esta tiene por principal objetivo, la condena de la mencionada funcionaria, en una suerte de alianza que la une a los medios de prensa "concentrados" y a empresarios "amigos", de conformidad con un fenómeno que se denomina lawfare y que consiste en una suerte de "guerra judicial" contra los líderes populares; en otras palabras, estaría dirigido directamente contra el pueblo a fin de imponer gobiernos "neoliberales fascistas". Esta afirmación olvida que tanto nuestra CS como numerosos tribunales internacionales han declarado que el "lawfare" no es una categoría jurídica ni está tipificado como delito en ningún código penal. Más bien se trata de una voz dirigida a asegurar la impunidad de altos funcionarios que han sido condenados por defraudar al erario público.

En el plano internacional, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla , realizó acusaciones contra la Justicia argentina durante una sesión del Examen Periódico Universal (EPU), celebrada en Ginebra. El EPU es un proceso especial que se lleva a cabo desde 2006 durante el cual los Estados miembros exponen las medidas tomadas en sus países para mejorar los derechos humanos. En ese ámbito no se efectúan denuncias internas; regla que el gobierno argentino incumplió, circunstancia que llamó la atención a numerosas delegaciones de otros países. El funcionario argentino manifestó que los condenados argentinos por hechos de corrupción no habían tenido derecho a la defensa. Sin embargo, la oposición, en una carta dirigida a Volker Turk, quien desde octubre pasado reemplazó a Michelle Bachelet como alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, expresó: "Esto es absolutamente falso ya que los delitos de corrupción multimillonaria cometidos por los funcionarios K fueron corroborados por todas las instancias judiciales competentes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)". También, el gobierno nacional denunció un "criminal endeudamiento del gobierno anterior". Es decir, un catálogo de consideraciones que ponen de manifiesto el total desconocimiento del marco jurídico del espacio...