La Iglesia hace justicia a Fernando Lugo

AutorJorge Cristaldo M.

Demostrando ser una madre comprensiva, amorosa y sabia - como lo es naturalmente toda auténtica madre – la Iglesia Católica, mediante un decreto de la Congregación para los Obispos, expresa la decisión del Sumo Pontífice, Benedicto XVI, de reconsiderar la sanción a divinis que le impuso a Fernando Lugo en enero del 2007, y, finalmente, decidió otorgarle la pérdida del estado clerical, con la consiguiente dispensa de los derechos y obligaciones inherentes a ese estado, previstos en el Código de Derecho Canónico vigente. La medida, - sin precedentes en la historia de la Iglesia, según el Nuncio Orlando Antonini - pone final y definitivamente las cosas en su lugar, haciendo justicia a Fernando Lugo y al pueblo paraguayo que lo eligió Presidente de la República en las elecciones del 20 de abril. Al recuperar su estado laical por decisión papal, se cierra el círculo de la habilitación plena de Fernando Lugo, obtenido conforme con el artículo 24 y concordantes de la Constitución, cuando renunció públicamente a su condición de ministro de la Iglesia Católica en diciembre de 2006. Para ser candidato habilitado a la presidencia, le bastó a Fernando Lugo aquel acto unilateral de voluntad libremente emitido; pero para el Derecho Canónico Fernando Lugo seguía siendo obispo católico; ahora el Presidente electo también dejó de ser ministro de la Iglesia Católica, mediante el decreto del 30 de junio del 2008.

Como ocurre con cualquier decreto dictado por autoridad legítima, el de la Congregación para los Obispos contiene dos partes: una situación de hecho que le sirve de precedente fáctico y una consecuencia de derecho que la justifica.

Los hechos son evidentes: la renuncia pública de FL, su candidatura presentada por el PDC a la APC, su incuestionable y arrollador triunfo electoral. Pero también otros no tan evidentes: la necesidad de separar la gestión política de FL de toda contaminación religiosa; la conveniencia de reconocer a FL la mas amplia libertad en el ejercicio del poder; y garantizar el derecho de la jerarquía eclesiástica y a los católicos a criticar libremente a FL por las acciones de gobierno que pudieran ser consideradas contrarias a la doctrina social de la iglesia.

La reconsideración de la sanción con concesión de más de lo pedido, reconoce y valora con comprensiva ecuanimidad los hechos consumados, juzgados desde el prisma del bien común del Paraguay, y no solo en...

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