Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 1 de Octubre de 2021, expediente CAF 014930/2020/CA001

Fecha de Resolución 1 de Octubre de 2021
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA II

14.930/2020

Icono Tex S.R.L. c/EN Mº de Desarrollo Productivo - Secretaría de Industria Economía del Conocimiento y Gestión Externa y otro s/Medida Cautelar (autónoma)

Buenos Aires, 1 de octubre de 2021.

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

  1. Que con fecha 9/07/2021 el magistrado de grado hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó a la AFIP -

    Dirección General de Aduanas y, en consecuencia, ordenó a la Dirección General de Aduanas que se abstenga de exigir –en el caso de encontrarse reunidos los demás requisitos– el estado de “SALIDA” de las declaraciones del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)

    nro. 20001-SIMI-262730G y 20001-SIMI-268925S, así como el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución nro. 523-E/2017 de la Secretaría de Comercio y sus modificatorias, a los fines de la tramitación del despacho a plaza, con fines de destinación de importación definitiva,

    de la mercadería que ellas amparan; y sin perjuicio de que, despachada a plaza la mercadería, se continúen los respectivos trámites de aquellas.

    Todo ello por un plazo de vigencia de seis (6) meses (art. 5º de la ley 26.854) o hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la demanda que deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes al de la traba de la presente medida, lo que ocurra primero.

    Fijó una caución real de $ 1.000.000.- (un millón de pesos).

    Para así decidir, en cuanto aquí interesa, precisó que, de las constancias de autos surgía que la actora había acreditado haber presentado ante la AFIP, por intermedio de su página web, las declaraciones nros. 20001-SIMI-262730G y 20001-SIMI-268925S los días 21 y 26 de agosto de 2020 y que ellas, según lo informado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, se encontraban actualmente en estado “BAJA ART. 6”.

    Fecha de firma: 01/10/2021

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Indicó que, si bien la demandada indicó que ello obedecía a que la firma importadora no había cumplido con el requerimiento de información adicional que se le efectuara, en los términos del art. 5 de la resolución ex SC nro. 523/17 y modificatorias, lo cierto era que la parte actora había incorporado documentación que prima facie acreditaría su oportuno cumplimiento; surgiendo de la documentación incorporada a la causa que los requerimientos invocados, de fecha 6-11-2021, tuvieron respuesta el día 13 de noviembre de 2020.

    Adujo que de ese modo se observaba que la importadora había acompañado factura proforma correspondiente a la mercadería de cada una de las solicitudes de emisión de Licencias No Automáticas, de la que surgía la condición de venta con el tipo de cambio utilizado al momento de cargar la solicitud; descripción sobre la mercadería a importar (número de serie o fabricación de cada mercadería), especificaciones descriptivas del bien y de su función, año de fabricación, descripciones técnicas,

    proceso productivo de la mercadería; carta con declaración explicando porque no corresponde la presentación del certificado de origen; y se adjuntaban copias de los balances comerciales correspondientes a los últimos dos (2) ejercicios sociales certificados por escribano.

    Advirtió que, en la especie se constataba que las SIMIs objeto de este proceso no permanecían actualmente en una situación de indefinición y sin expresión de voluntad administrativa (arg. art. 9, LPA),

    habida cuenta que ya se habría brindado una respuesta a su respecto al haberse decidido el estado de baja en los términos del art. 6 de la res.

    nro. 523-E/17 de la Secretaría de Comercio.

    Con todo, consideró que, en el reducido marco de conocimiento que habilitaba el instituto cautelar, se apreciaba que el estatus otorgado por la autoridad administrativa no se ajustaba -prima facie- a lo normado por dicha resolución. Es que la parte actora había dado oportuna respuesta a los requerimientos que se le cursaron; no encontrándose debidamente acreditado que su contestación haya sido parcial o no respondiera estrictamente a lo solicitado y que ello hubiere motivado que se le curse un nuevo requerimiento a los fines de adecuar, rectificar y/o completar la documentación y/o información.

    Fecha de firma: 01/10/2021

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

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    Precisó que no se trataba pues de un supuesto en que el interesado haya omitido responder un requerimiento —o un requerimiento adicional— dentro del plazo fijado; hipótesis que, según lo estipulado por la propia norma, determinaba que el trámite sea automáticamente dado de baja. Siendo ello así, en ese estado inicial del proceso, no se vislumbraba indicio alguno que pueda llevar a la convicción de que la actora haya incumplido el deber de información que estipulan los arts. 5 y 6 de la resolución nro. 523-E/2017 de la Secretaría de Comercio.

  2. Que contra dicha resolución, con fecha 4/08/2021, interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional - DGA (concedido el 11/08/2021

    en relación y con efecto devolutivo), expresando agravios con fecha 18/08/2021, los que fueron contestados por la contraria el 3/09/2021.

    Asimismo, con fecha 11/08/2021 interpuso recurso de apelación el Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación (concedido el 18/08/2021 en relación y con efecto devolutivo), expresando agravios con fecha 30/08/2021, los que fueron contestado por la contraria el 3/09/2021.

  3. Apelación del Fisco Nacional (DGA):

    La A.F.I.P.-D.G.A. sostiene que la resolución dispuesta por el a-

    quo no aporta fundamento fáctico ni jurídico suficiente que permita en estos autos tenerse por acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 13 de la Ley 26.854, dado que no se acreditó el supuesto perjuicio que ocasionaría la normativa en cuestión, y en consecuencia no existe verosimilitud del derecho invocado.

    Reitera que los cuestionamientos formulados por la actora no versan sobre ningún hecho reprochable a su parte, ni tampoco respecto de la legalidad, constitucionalidad o razonabilidad del dictado de sus resoluciones.

    Menciona que, en realidad, todo el cuestionamiento versa sobre la supuesta tardanza por parte de la SIECYGCE, o la falta de comunicación de los motivos por los cuales se habría observado la declaración jurada en el SIMI.

    Fecha de firma: 01/10/2021

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Entiende que, en este orden de ideas, es evidente que su parte no puede emitir opinión sobre estas circunstancias, por cuanto las mismas resultan ajenas a su competencia.

    Aduce que el decisorio le causa agravio al impedir que la Dirección General de Aduanas cumpla con las funciones que la ley le asigna. La supuesta demora en la tramitación del SIMI o la falta de comunicación de los motivos de las observaciones de las operaciones aduaneras no resultan endilgables a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya que las mismas se encuentran observadas por la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa.

    En tales condiciones, precisa que de ello, claramente se observa que la petición de la actora está dirigida a la SIECYGCE, pero sin embargo el a-quo le exige el cumplimiento de la manda cautelar a su parte.

    Expone que se ve agraviada al no poder cumplir con las funciones de control internacional de mercaderías que la legislación le asigna,

    siendo que la resolución que dispone la medida cautelar, se sostiene en un reproche dirigido al accionar de una entidad administrativa ajena a su esfera de competencia.

    Entiende que, resulta contradictorio que la resolución en crisis por un lado reconozca expresamente que la demora en expedirse sobre la causales de las observaciones son atribuibles a otro organismo, y sin embargo, obligue a su parte al cumplimiento de una manda cautelar que le impide el ejercicio de las atribuciones que le fueran asignadas por ley y,

    que fueran debidamente reglamentadas por las Resoluciones cuestionadas, máxime cuando las mismas, no han merecido en la sentencia en trato, reproche alguno en orden a su legitimidad y constitucionalidad.

    En este sentido, destaca que la normativa reglamentaria, objeto de autos, responde al principio de legalidad puesto que no se torna contraria a norma de carácter superior alguna y, no impone rigideces adjetivas innecesarias, procurando precisamente alcanzar un objetivo de bien común.

    Fecha de firma: 01/10/2021

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

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    Manifiesta que, en otro orden, como principio, los actos de la administración no resultan revisables por vía judicial, salvo aquellos casos que resulten manifiestamente ilegítimos. Ello busca evitar que se paralice su actividad propia en el ejercicio de sus funciones, resultando un riesgoso antecedente a aplicarse a futuras presentaciones de distinto o igual tenor, que según afirma, vulnera el derecho de su parte a aplicar la normativa vigente.

    Señala que, en resumen, tal como surge del análisis de los requisitos imprescindibles para el dictado de las medidas cautelares en general, resulta que en la especie no se han configurado ninguno de los elementos necesarios para la obtención de la misma.

    Se agravia del análisis efectuado por el magistrado de grado sobre la verosimilitud del derecho.

    Esgrime que, en primer lugar, es menester tener presente que conforme lo manda el Decreto 618/97 (B. O. 14/07/97), en su art. 3°, será

    la Administración Federal de Ingresos...

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