Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 13 de Junio de 2018, expediente L. 119381

PresidentePettigiani-Soria-Kogan-Negri-de Lázzari-Genoud
Fecha de Resolución13 de Junio de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a 13 de junio de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresP., S., K., N., de L., G.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.381, "I., S.M. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad Profesional". A N T E C E D E N T E S El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 454/464). Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 469/474). Conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 481), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente C U E S T I Ó N ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I Ó N A la cuestión planteada, el señor Juez doctor P. dijo: I. El tribunal de origen tuvo por acreditado, por no hallarse controvertido, que la señora S.M.I. es portadora de "disfonía funcional irreversible", que la incapacita en un 16% del índice de la total obrera y que dicha patología debía calificarse como una enfermedad profesional en los términos del art. 6 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. vered., fs. 454). Juzgó, asimismo, que la actora había reconocido el pago, por parte de Provincia ART S.A., de la suma de $28.800 (v. vered., fs. cit.). En lo que resulta relevante, definió en el veredicto el importe del Ingreso Base Mensual (IBM) previsto en el art. 12 de la ley 24.557 computando la totalidad de los haberes brutos consignados en los recibos obrantes en la causa, toda vez que la empleadora, más allá de algunas expresiones genéricas relativas a la denominación de ciertos conceptos de pago, no produjo prueba alguna sobre la eventual naturaleza no remunerativa de las sumas abonadas regularmente a la actora como contraprestación laboral (v. vered., fs. 454 vta.). Luego, en sentencia, y tras recordar los conceptos vertidos por la Corte federal en las causas "P. c/ Disco", "G. c/ Polimat" y "D. c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.", reafirmó lo dicho en el veredicto y dispuso que para la determinación del referido ingreso base debían considerarse la totalidad de las remuneraciones brutas percibidas por el actor (v. sent., fs. 459/460). Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557 en tanto, al establecer que corresponde tomar los haberes percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante (25 de agosto de 2009) -en lugar de hacerlo teniendo en cuenta la fecha en la que la indemnización fue abonada (18 de agosto de 2011)-, genera una diferencia económica notoria e importante que conduce a un resultado indemnizatorio irrazonable y no representativo de la pérdida de ganancia del trabajador. Entendió ela quoque la aplicación literal de la norma se encuentra reñida con el principio de razonabilidad de las leyes -art. 28, C.. nac.- y el deber de reparar el daño injusto -art. 19, C.. nac.- (v. sent., fs. 456 vta./458). También descalificó constitucionalmente el tope indemnizatorio establecido en el art. 14 apartado 2 inc. "a", en cuanto prescribe que la suma que corresponde percibir con arreglo a la tarifa establecida en el primer párrafo del precepto indicado "en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar pesos ciento ochenta mil ($ 180.000) por el porcentaje de incapacidad" (v. fs. 458/459). A partir de todo lo expuesto, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando a la Provincia de Buenos Aires a abonar a la actora el importe de $ 56.749,77, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., fs. 460; 463 vta./464). Finalmente, sobre el monto de condena dispuso aplicar intereses, desde su exigibilidad y hasta su efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 462 vta./463). II. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco provincial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia que el tribunal de mérito efectuó una errónea interpretación de las normas aplicables al caso y de la doctrina legal que identifica. Dos agravios estructuran su crítica: II.1. En primer término, cuestiona que el tribunal de grado haya descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 y calculara el IBM considerando los salarios percibidos por la actora a la fecha en que la indemnización fue pagada y, a su vez, que incluyera a todos aquellos importes de carácter no remunerativos que integran el haber de la actora. Afirma que para decidir de tal modo el tribunal llevó a cabo una interpretación errónea de dicha normativa, arribando a una conclusión irrazonable e incurriendo en absurdo. Manifiesta que el carácter remuneratorio está determinado por la habitualidad, regularidad, permanencia, estar sujeto a aportes y no estar otorgado en mérito al comportamiento de la agente o a las circunstancias especiales de la misma, lo que torna improcedente el obrar dela quo. Asevera que el salario se calcula incluyendo los rubros que determinan la prima que se abona, y es en función de la relación laboral que la trabajadora siniestrada puede demandar las prestaciones de la ley, causándole gravamen que se le haga abonar más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente. Argumenta que no resulta inconstitucional la regulación de las consecuencias derivadas de los riesgos del trabajo a través de una ley especial en la medida que dicho régimen sea razonable. Alega que la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica. II.2. En segundo lugar, objeta que el tribunal de grado haya aplicado intereses sobre el capital de condena a la tasa pasiva en su variante "digital", fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, argumentando -sin desconocer lo resuelto en el precedente "Zócaro", aunque alegando que ello se limitó al caso específico- que tal definición se aparta de la doctrina que este Tribunal tiene establecida a partir -entre otros- del precedente C. 101.774, "P.", sentencia de 21-X-2009. III. El recurso no prospera. III.1. De manera liminar, se impone señalar que el recurso ha sido bien concedido pues, esta Corte, en la causa...

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