Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 5 de Agosto de 2010, expediente 39.515

Fecha de Resolución 5 de Agosto de 2010

Poder Judicial de la Nación Año del B. 39.515 “I., D. V.s/extorsión” –desestimación-Inst 34 /Sec 117 – Sala V/26

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010.

Autos; y vistos; y considerando:

Viene la presente causa a estudio del tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por L.S.C. contra el auto de fs. 29/30vta, en cuanto desestimó la denuncia por inexistencia de delito y rechazó su solicitud de ser legitimada activamente en el proceso.

Celebrada la audiencia prevista en el art. 454 del Código Procesal Penal de la Nación, en donde fueron oídos los agravios del recurrente, la sala se encuentra en condiciones de resolver.

En el precedente “Tavolaro”, causa 37.525, rta: 17/09/09; entre otras, esta sala señaló que ante la ausencia de requerimiento fiscal en los términos del art. 180 –como ocurre en la presente- la jurisdicción de la alzada se limita al control de legalidad de la resolución del juez y del fiscal; con el objeto de verificar la razonabilidad y fundamentación de sus decisiones (arts.

69 y 123 del código de forma), sin entrar a la cuestión de fondo.

Ello, pues un pronunciamiento sobre el fondo efectuado únicamente por actividad del acusador particular, implicaría otorgarle una participación en el proceso que provoca, como consecuencia, la transformación de los delitos de acción pública en privada.

En nuestro sistema rige el art. 71 del Código Penal que expresa claramente que las acciones se iniciarán de oficio, y si bien se puede legitimar a alguien para que actúe coadyuvantemente con quienes actúan en el procedimiento penal, no puede otorgársele autonomía completa (ver, en este sentido, ponencia del Dr. J.B.M. en la 1ra Jornada de Análisis y Crítica de Jurisprudencia “Las facultades del querellante en el proceso penal desde S. a Storchi TOC1”, organizadas por la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de esta Cámara), por no estar previsto en el ordenamiento.

En similar sentido, lo expuso el voto del Dr. L.M.G. en los precedentes “Buchanan” (CNCP., S.I., Rta: 17/3/09) y “R.G.” (antes citado), al decir que: “la ley vigente no concede al querellante la facultad autónoma para promover la apertura del proceso penal, y si el juez dispone la desestimación de la denuncia de conformidad con lo dictado por la fiscalía, al querellante, o quien pretenda serlo, sólo le concede el derecho de interponer recurso de apelación para obtener la revisión de la desestimación”.

Esto es así porque, en los supuestos de delitos de acción pública, el...

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