La hora de la verdad para la ley de medios

Si todo hubiese empezado por el final, otra habría sido la historia. Las audiencias por la ley de medios, convocadas por la Corte Suprema de Justicia, no eran una instancia obligatoria para que ese tribunal fallase sobre la constitucionalidad de cuatro artículos de esa norma. Pero fue un oportuno ejercicio de docencia jurídica y de alta civilidad de cara a la sociedad.Así tuvo lugar, cuando nos acercamos a la instancia culminante, el más feliz episodio de una kilométrica historia repleta de tironeos, bravuconadas y chicanas donde la opinión pública quedó rehén de una pelea sin sentido entre el gobierno nacional y el principal grupo de comunicación del país. Ambos dirimen fuerzas en pos de intereses propios, donde el deseado consenso republicano fue el gran convidado de piedra.Por primera vez, en un mismo ámbito, fue posible entender las debilidades y fortalezas de cada parte en tiempos racionales (afortunadamente muy lejos de los interminables discursos parlamentarios) y sin lugar para las intemperancias (más allá de las aisladas alocuciones panfletarias de los funcionarios Ottaviano, Gils Carbó y Sabbatella).Las audiencias públicas dejaron dos cosas en claro: 1) que al Estado le falta todavía transitar un largo trecho para ganar serenidad y un justo ánimo generalista, que elimine del todo su afán obsesivo por cargar sobre un grupo de medios en particular; sólo entonces podrá con equidad reforzar los derechos de los licenciatarios de medios audiovisuales, resguardándolos de antipatías facciosas y circunstanciales que de pronto puedan surgir (recuérdense las buenas relaciones que el Gobierno y el Grupo Clarín supieron mantener entre 2003 y 2008); 2) también quedó expuesta la ambivalencia, muy de esta época, que es preciso, de todos modos, dirimir: cómo lograr que un multimedios pueda expandirse de manera de alcanzar una economía de escala eficiente para enfrentar los crecientes y onerosos desafíos tecnológicos que le permitan competir en el plano interno y en el internacional sin asfixiar a sus competidores ni exponerlos a desleales reglas de juego impuestas por su posición dominante.Las cincuenta preguntas precisas, minuciosas y de gran sentido común que la Corte preparó para que contestasen las partes y un perito apuntaron en su mayoría (y muy especialmente las quirúrgicas repreguntas del presidente Lorenzetti, en su nombre y en el de los otros miembros del tribunal) en esas dos direcciones: cómo superar el precario "privilegio" al que el Estado pretende...