La hora exige modernizar la legislación laboral

Desde esta columna editorial, el 14 del actual señalamos la inconveniencia de dar curso a proyectos de ley que propiciaban tanto la prohibición del despido como la doble indemnización en el marco de una emergencia ocupacional. Las comisiones parlamentarias que los trataron en la Cámara de Diputados y en el Senado aprobaron tales iniciativas para su discusión en el recinto. Sólo los miembros del oficialismo votaron negativamente, sin alcanzar a impedir la continuación del trámite. El presidente Mauricio Macri ha hecho saber que ejercería su poder de veto si una ley con ese propósito fuera sancionada. Algunas entidades empresariales y también otras profesionales, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, han emitido declaraciones para llamar la atención sobre los efectos negativos que una prohibición de despidos provocaría en la inversión y en la creación de empleos. Y, en las últimas horas, el Frente Renovador, de Sergio Massa, abogó por un proyecto superador que no contemple prohibiciones e incluya incentivos fiscales para las Pyme.

La cuestión laboral merece una revisión más amplia que la referida al despido. La legislación de las últimas siete décadas se ha movido en el sentido de un deterioro de la productividad del trabajo y un aumento del costo laboral. En consonancia con los intereses del gremialismo, se ha tendido a proteger a quienes ya están trabajando formalmente, pero creando mayor riesgo empresario y, por lo tanto, haciendo más dificultoso encontrar trabajo a quienes están desocupados. La flexibilización laboral y la tercerización, que crean modalidades atractivas para generar nuevo empleo, son demonizadas en los ambientes sindicales y políticos. Se descalifican esas formas como "contratos basura" o como mecanismos de esclavización, y ya ha habido cambios legislativos para impedirlos.

La centralización de las negociaciones de salarios y condiciones de trabajo entre un sindicato único por actividad y la representación sectorial empresaria tiene el sello de la Carta del Lavoro de Mussolini, de 1927. Responde a la concepción corporativa que eligió Juan Domingo Perón en su primer gobierno. Esa centralización de las negociaciones se ha mantenido en la Argentina desde entonces.

Dentro de esa concepción corporativa, la central obrera única, la CGT, fue incorporada en su momento a la propia estructura del Partido Peronista. La aparición posterior de otras centrales respondió a opciones ideológicas o políticas de gremios...