Los honorarios del mediador

• Autor: Sandra M. Leone - Amalia C. Tumini

Leone - Tumini, Los honorarios del mediador

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Los honorarios del mediador*

La no aplicación del decreto 1467/11

Por Sandra M. Leone y Amalia C. Tumini

Actualmente nos sorprendemos con algunas resoluciones de Cámara que in-

sisten en fijar los honorarios del mediador aplicando la letra de decretos arancelarios

que no se encuentran vigentes, ya que fueron especialmente derogados por el art.

8° del actual decr. 1467/111.

Pareciera que los jueces de primera instancia regulan honorarios conforme al

derecho vigente o sea teniendo presente que desde el 28 de septiembre de 2011

rige de manera única y exclusiva el decreto mencionado. Pero lamentablemente pa-

ra nosotros, los mediadores, no existe acuerdo en las distintas Salas que componen

las Cámaras Nacionales de Apelaciones respecto de cuál es el derecho a aplicar

cuando el proceso en el que ellos tienen que resolver se ha iniciado durante la vi-

gencia de una ley y se han debido fijar los honorarios del mediador interviniente

cuando ya estaba en vigencia la ley 26.589 y su decr. regl. 1467/11, es decir las ac-

tuales normas legales.

Un ejemplo, de los más recientes, es el fallo que resolvió: “asimismo, por ser

conformes a derecho, también se confirman los honorarios regulados al perito médi-

co (art. 478, CPCCN) y al mediador (conf. art. 21, inc. 3° y art. 23, decr. 91/98 re-

glamentario de la ley 24.573, y la modificatoria por el art. 4°, decr. 1465/07)”2.

También se señaló que “en relación a los estipendios regulados en favor de la

mediadora cabe precisar que, según tiene dicho reiteradamente esta Sala, los hono-

rarios de aquélla deben estimarse de acuerdo a la ley vigente en la época en que se

cumplieron los trabajos objeto de regulación”3.

En efecto es que, en coincidencia a lo resuelto por la Corte Suprema, el dere-

cho del profesional no se constituye cuando se practica su estimación sino en la

oportunidad en que desarrolló la tarea, ya que ahí nace una situación jurídica inalte-

rable y que no puede suprimirse o modificarse por una ley posterior sin agravio al

derecho de propiedad (art. 17, Const. nacional)4.

* Bibliografía recomendada.

1 Decr. 1467/11. Art. 8°. “Deróganse los decrs. 91 del 26 de enero de 1998 y 1465 del 16 de oc-

tubre de 2007, excepto en lo referente a los aranceles y gastos administrativos, previstos respectiva-

mente en los arts. 3°, 4° y 5° del anexo l del primero de ellos, con las modificaciones introducidas por

el segundo, hasta tanto sean establecidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confor-

me lo dispuesto por el art. 3° del presente decreto”.

2 CNCiv, Sala J, 30/12/13, “P., A. G. c/C., L. H. y otro s/daños y perju icios”, IJ-LXX-720.

3 CNCom, Sala D, 13/5/09, “Berjolis, Emilio C. y otros c/Banco Macro Bansud SA s/ordinario”;

íd., íd., 9/10/08, “Glasberg, Esther c/BBVA Banco Francés SA s/ordinario”, entre otros.

4 CSJN, 12/9/96, “Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/Provincia de Buenos Aires s/daños y

perjuicios”, Fallos, 306:1799.